05/10/2025 11:44
05/10/2025 11:43
05/10/2025 11:42
05/10/2025 11:41
05/10/2025 11:41
05/10/2025 11:41
05/10/2025 11:40
05/10/2025 11:40
05/10/2025 11:40
05/10/2025 11:39
» Misionesparatodos
Fecha: 05/10/2025 09:46
La ACIJ, junto a un grupo de personas con discapacidad, la Asociación Azul y el CELS presentaron un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución de las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” suspendidas de manera arbitraria. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a un grupo de personas con discapacidad, la Asociación Azul y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un amparo colectivo contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para exigir la restitución de las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” suspendidas de manera arbitraria. La presentación, que se hizo con el patrocinio de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, recayó en el juzgado 4 en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo federal de La Plata, a cargo de Alberto Recondo, el juez que rechazó el amparo del activista neurodivergente Ian Moche, quien había exigido al presidente Javier Milei dar de baja una publicación en X que lo mostraba junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex candidato a presidente Sergio Massa, en el marco de un cuestionamiento al periodista Paulino Rodrígues. Recondo admitió los argumentos de Milei. El abogado de Ian, Andrés Gil Domínguez, ya apeló la sentencia. Recondo fue nombrado magistrado en noviembre de 2011, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Ya se había pronunciado en sentencias de amplia trascendencia pública, como la discusión por las tarifas en 2016 y sobre la modificación al Consejo de la Magistratura en 2015. Suspensiones Desde ACIJ alertaron que en los últimos meses, ANDIS -foco del escándalo por los audios de las presuntas coimas en el pago a proveedores- suspendió 111.463 prestaciones que recibían personas con discapacidad de todo el país. Según informó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en uno de sus informes al Congreso, estas suspensiones tuvieron como “fundamento” que sus titulares no habían recibido la citación para concurrir a la auditoría que el organismo está llevando a cabo y, en consecuencia, no habían asistido a ella. Según la ANDIS -intervenida desde que el presidente Javier Milei cesó en sus cargos a su ex titular Diego Spagnuolo y a su segundo, Daniel Garbellini- la inasistencia a las auditorías configuraron las causales previstas en el artículo 9, incisos (f) y (g) del Decreto 432/97, que establece que se suspenderá el pago de la prestación cuando “las citaciones enviadas por la Autoridad de Aplicación al beneficiario no pudieran ser entregadas por inconsistencias en los datos del domicilio declarado por él” y cuando “no pudieran ser entregadas por causales imputables al destinatario”. Desde ACIJ remarcaron que “estas causales de suspensión no existían con anterioridad, sino que fueron incorporadas a la normativa vigente en septiembre de 2024, de manera simultánea con el inicio de la auditoría y sin impulsar medidas de difusión” para que las personas conocieran la nueva obligación que ahora exigía la ANDIS. ACIJ denuncia “graves irregularidades” en el proceso de control En la presentación conjunta de ACIJ, junto a un grupo de personas con discapacidad, la Asociación Azul y el CELS, se denunciaron “graves irregularidades en el proceso de control”. Por caso, la única forma de citación de las personas fue el envío de cartas documento “un medio que no es accesible, desconoce la situación estructural de este grupo y no llega a todas las zonas del país”. Remarcaron que según lo que informó el jefe de Gabinete en su informe ante el Congreso, el 50,6% del total de cartas enviadas no habían podido ser entregadas y “aun así se avanzó en las suspensiones”. “La quita se realizó sin informar de manera clara, específica y accesible las causales atribuibles a cada persona en particular, vulnerando el derecho de defensa de cada una de ellas. De hecho, muchas tomaron conocimiento de la suspensión al no cobrar el dinero, pero sin haber recibido notificación alguna”, subrayaron los denunciantes. Violación del debido proceso y del derecho a la defensa En el escrito, al que accedió PERFIL, demandaron a la Justicia que condene a la ANDIS “a restituir en forma inmediata las pensiones”. Argumentaron que la conducta estatal “implicó una violación del debido proceso y del derecho de defensa”, y que la causal de suspensión vinculada al domicilio “es inconstitucional por ser irrazonable” y que se vulneraron los derechos a la protección social, a la salud y a la vida independiente de las personas con discapacidad. Pidieron también que se ordene a la ANDIS “abstenerse de realizar nuevas suspensiones basadas en las normas cuestionadas”. En caso de continuar con la auditoría, solicitaron que se adopten mecanismos de citación adecuados y todas las medidas de accesibilidad, los apoyos y los ajustes que se requieran para que las personas puedan participar del proceso. “Las pensiones no contributivas constituyen un ingreso fundamental para asegurar la subsistencia de las personas con discapacidad. Su eliminación arbitraria no ha hecho más que profundizar la situación de vulnerabilidad que este colectivo enfrenta y poner en riesgo su derecho a vivir con dignidad. En ese contexto, la intervención de la Justicia deviene fundamental para revertir este avasallamiento constitucional y defender el Estado de derecho”, advirtieron Por Barbara Komarovsky-Perfil
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por