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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 05/10/2025 08:06
El presidente Javier Milei y el gobernador Rogelio Frigerio anunciaron en Entre Ríos el dragado del Paraná Bravo y Guazú en plena veda electoral. El acto podría contravenir el Código Electoral Nacional, que prohíbe expresamente este tipo de anuncios en los 25 días previos a los comicios. Este sábado 4 de octubre de 2025, el presidente Javier Milei encabezó un acto junto al gobernador Rogelio Frigerio en la provincia de Entre Ríos. Allí, el mandatario nacional anunció que la licitación de la Hidrovía incluirá el dragado del tramo Paraná Bravo y Paraná Guazú a 34 pies, calificándolo como “una gran obra de infraestructura” y “un gran anuncio para la provincia”. El problema no es el contenido del anuncio, sino el momento en que se realizó. Según el Código Electoral Nacional, artículo 64 quater, durante los 25 días anteriores a una elección está prohibido anunciar obras públicas o programas de alcance colectivo. La elección legislativa está fijada para el 26 de octubre, por lo que el período de prohibición comenzó el 1° de octubre. Es decir, el acto presidencial ocurrió dentro del período vedado. Lo que dice la ley: actos prohibidos El Título III, Capítulo IV bis del Código Electoral Nacional es claro: “Queda prohibida la realización de actos inaugurales de obras públicas o el lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo durante los 25 días anteriores a la fecha fijada para la elección”. La infracción a esta norma puede acarrear inhabilitación de uno a diez años para los funcionarios que autoricen o consientan este tipo de actos, conforme el artículo 133 bis del mismo cuerpo legal. En este caso, el anuncio presidencial podría encuadrarse en esa figura, dado que se trató de una obra pública promovida desde el Estado y difundida oficialmente durante el período de restricción. Entre gestión y campaña El gobernador Rogelio Frigerio acompañó a Milei en la presentación y destacó la importancia de la obra para la provincia, mientras ambos líderes remarcaron su compromiso con la “transparencia y la responsabilidad fiscal”. Sin embargo, el acto tuvo una evidente connotación electoral. No solo se presentó como un “gran logro de gestión” a semanas de los comicios, sino que también se adelantaron nuevos anuncios vinculados a la actualización de la tarifa de Salto Grande, previstos para la semana siguiente con la visita del Ministro del Interior, Lisandro Catalán. Además, se mencionaron los siguientes temás: El déficit de la Caja de Jubilaciones provincial , con la promesa de coordinar soluciones con Nación; los avances en las rutas nacionales 12 y 18 y la futura concesión de la Ruta Nacional 14 , clave para la producción regional; y el financiamiento de obras viales con apoyo de organismos multilaterales. En un contexto de campaña legislativa, el límite entre la gestión y el proselitismo se difumina peligrosamente. Las normas electorales existen precisamente para evitar que el aparato estatal se utilice con fines políticos. Una cuestión de legalidad y ética Más allá del eventual incumplimiento normativo, el episodio revela una tensión entre legalidad, ética pública y uso del poder institucional. El discurso de Milei sobre la “transparencia” contrasta con el hecho de realizar un anuncio que la ley prohíbe en tiempos de veda. La igualdad de condiciones entre las fuerzas políticas —principio esencial en democracia— se ve comprometida cuando un gobierno utiliza recursos institucionales y cobertura oficial para posicionarse electoralmente.
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