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» tn24
Fecha: 28/11/2025 17:46
Las defensas de Marcela Acuña y César Sena plantearon este viernes un extenso pedido de inconstitucionalidad durante la audiencia de cesura del juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski. El objetivo es impedir que el Tribunal imponga la pena de prisión perpetua solicitada por la Fiscalía y las querellas, bajo el argumento de que ese castigo desconoce los límites fijados por la Constitución y los tratados internacionales. En su exposición, la abogada de Acuña, Celeste Ojeda, sostuvo que la máxima pena prevista por la ley “carece de sentido resocializador” y que, al no ofrecer una perspectiva de revisión temporal, “se transforma en un castigo prohibido por el artículo 18”. Afirmó además que convertir una pena en un encierro de por vida “desconoce la dignidad humana y vuelve imposible analizar la culpabilidad de manera individual”. Ojeda también cuestionó que la legislación equipare la responsabilidad penal entre autores y partícipes y remarcó que, en el caso de su defendida, los plazos mínimos para acceder a un eventual beneficio “la colocarían en una edad incompatible con cualquier expectativa de reinserción”. Según señaló, una eventual posibilidad de libertad después de los 80 años “equivaldría a una muerte encubierta”. La defensa de César Sena, representada por Gabriela Tomljenovic, se sumó al planteo y argumentó que la prisión perpetua resulta incompatible con la edad del imputado, de 22 años. “Se trata de una persona en formación. La pena debe admitir la posibilidad de cambio; lo contrario sería desconocer principios básicos del derecho penal”, expresó. Además reiteró que la defensa pidió una pericia psiquiátrica que no fue concedida, lo cual —según dijo— dificulta evaluar la culpabilidad y definir parámetros para una condena. Ambas abogadas invocaron el fallo Guerra de la Corte Suprema y solicitaron que también se declare la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal y del artículo 56 bis de la Ley 24.660, que impiden acceder a la libertad condicional en casos de perpetua. Señalaron que la ausencia de un horizonte temporal de revisión “vulnera el principio de legalidad y colisiona con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”. En paralelo al planteo central, Ojeda pidió que se levanten las restricciones especiales que pesan sobre Acuña en la unidad penitenciaria y reclamó la devolución de elementos secuestrados durante la investigación —entre ellos notebooks y teléfonos— al considerar que pueden ser utilizados para actividades educativas. Tomljenovic, por su parte, solicitó que en un eventual fallo condenatorio, su defendido permanezca alojado en una cárcel de Resistencia para no romper vínculos familiares.
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