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» El Ciudadano
Fecha: 18/10/2025 22:04
El Tribunal Oral Federal (TOF) N°7 homologó distintos acuerdos de juicio abreviado y condenó a ocho personas que integraban una organización criminal dedicada al lavado de activos, a penas de 3 años de prisión en suspenso, multas que suman $2.460 millones de pesos y el decomiso de más de 271 mil dólares en efectivo, de fondos congelados en billeteras virtuales y cuentas bancarias, además de vehículos de alta gama. A la estructura criminal se le atribuyen hechos que comprenden la canalización de activos ilícitos que pertenecerían a la organización criminal Comando Vermelho, de Brasil, y realización de transferencias informales de divisas en la región. En el caso, por Resolución MP 23/25, intervino en la etapa de juicio el fiscal general Diego Velasco, titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Condenas, multas y decomisos De los tramos que fueron elevados a juicio, y que involucraban a trece personas, se alcanzaron acuerdos de juicio abreviado con ocho de ellas. Dichos acuerdos fueron ya homologados por el TOF N°7, implicando el reconocimiento de responsabilidad en los hechos imputados y la aplicación de una pena de tres años de prisión en suspenso para Felipe Gabriel Correia Goncalves, Eliamar Das Dores De Melo, Wilson Alexandre Cardoso De Oliveira, Thiago Cardoso De Oliveira, Selma De Lima Muñiz Barbosa, Ma Hai, Katherine Yola Chasqui Inta y Juan David Babilonia Mora. Las multas impuestas ascienden en conjunto a 2.460 millones de pesos, aplicadas de manera proporcional, según el grado de participación de cada condenado. Los montos individuales oscilaron entre 40 millones y 720 millones de pesos. El tribunal también ordenó el decomiso de bienes obtenidos ilícitamente, entre los cuales se incluyen más de 18 millones de pesos, 271 mil dólares, 28 mil reales y 4.500 euros, además de una flota de cinco vehículos de alta gama valuada en más de 130 millones de pesos. Entre ellos, se destacan un BMW Serie 330i, una Ford Ranger, un Volkswagen Vento, un Ford Focus y un Renault Fluence. Las operaciones incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. El Ministerio Público Fiscal contó con la asistencia técnica de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), a cargo de María Fernanda Bergalli, cuya labor fue determinante para reconstruir la trazabilidad económica de las operaciones y establecer los montos de las multas y los bienes sujetos a decomiso. La PROCELAC advirtió que el proceso judicial no concluyó con las condenas dictadas en los acuerdos de juicio abreviado, ya que los dos principales acusados, Marcelo Clayton Alves de Sousa y Hang Wang, aún se encuentran prófugos. A su vez, respecto de Raimunda Divina De Sousa, Naly Pires Diniz, Juan José Isola, Antonella María Garbagnati y Luana Belén Isola, quienes tenían mayor incidencia en los hechos, el MPF ofreció prueba para que sean juzgados en debate oral y público. La investigación El caso se inició en 2022 a partir de una denuncia presentada por la PROCELAC, que detectó posibles maniobras de lavado de activos. Debido a la complejidad y cantidad de imputados, el expediente se dividió en varios tramos. El primero se concentró en las maniobras atribuidas a la organización liderada por Alves de Sousa y Wang, sindicados como responsables de canalizar activos ilícitos que pertenecerían al grupo criminal de origen brasileño Comando Vermelho. Las operaciones incluyeron el uso de criptoactivos por volúmenes significativos, la constitución de empresas fachada y la adquisición de bienes registrables -como inmuebles y automóviles de alta gama- para introducir fondos de origen ilícito en el circuito legal. El segundo tramo de la investigación se centró en maniobras independientes de la estructura principal encabezada por Alves de Sousa y Wang, vinculadas con transferencias informales de divisas en la región realizadas entre 2022 y 2023 y que involucraban a los ahora condenados Hai, Chasqui Inta y Babilonia Mora. A la estructura criminal se le atribuyen hechos que comprenden la canalización de activos ilícitos que pertenecerían a la organización criminal de origen brasileño Comando Vermelho, de Brasil, y realización de transferencias informales de divisas en la región. Inicialmente, la causa tramitó ante la jurisdicción federal de San Isidro, con intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°1 y de la Fiscalía Federal N°2, a cargo de Fernando Domínguez. Posteriormente, el TOF N°2 de San Martín declinó la competencia en favor de la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quedando a cargo el TOF N°7. En la etapa de instrucción, actualmente interviene el titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº11, el fiscal federal Gerardo Pollicita, ante quien se encuentra pendiente la resolución de un pedido de decomiso anticipado sobre tres inmuebles, tres rodados de alta gama y sumas millonarias diversificadas en activos virtuales, atribuidos como bienes de los prófugos Alves de Sousa y Wang. En línea con los estándares internacionales La investigación del MPF en esta causa se enmarca en los estándares internacionales en materia de prevención y persecución del lavado de activos, en particular las Recomendaciones N°4 y N°30 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La primera de ellas promueve el decomiso de ganancias y bienes provenientes de delitos, mientras que la segunda se refiere al rol proactivo y a la efectividad de las autoridades encargadas de la investigación y enjuiciamiento. Los resultados obtenidos -que incluyen la sanción penal de los responsables, la aplicación de multas millonarias y la recuperación de activos ilícitos- representan un avance significativo en el fortalecimiento del sistema penal económico. El caso reafirma el compromiso del Ministerio Público Fiscal con la persecución del lavado de activos y la recuperación de bienes provenientes del delito, como políticas prioritarias orientadas a proteger la integridad del sistema financiero y económico nacional.
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