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Parana » Informe Digital
Fecha: 10/10/2025 09:26
Justicia La Legislatura de Entre Ríos sancionó este jueves la nueva Ley del Consejo de la Magistratura. “Tiene que ver con la seriedad y la transparencia de un órgano constitucional indispensable, vinculado a la”, destacó la diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos). La Cámara baja aprobó las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto, entre ellas la incorporación de un docente de la UNER al órgano y la eliminación de los concursos anticipados. La nueva norma reduce la influencia del Superior Tribunal de Justicia: sus vocales dejarán de intervenir en los concursos para quienes aspiren a cargos en el Poder Judicial provincial. Es el órgano encargado de designar, mediante concursos, a integrantes del Poder Judicial, como jueces, fiscales y defensores. El expediente sancionado reforma la Ley N° 11.003 del Consejo de la Magistratura con el propósito de resolver los problemas de funcionamiento vinculados a la paralización de las instancias de oposición necesarias para cubrir vacantes, se informó. Alude a los inconvenientes surgidos a partir de la modificación anterior introducida en 2022, durante la gestión de Gustavo Bordet y con Ángel Giano como presidente de la Cámara de Diputados (quien es pareja de Gisela Schumacher, designada poco después como vocal del STJ), y prácticamente en paralelo con la destitución de la exprocuradora general adjunta, Cecilia Goyeneche. Una de las reformas más sensibles de la nueva ley consistió en apartar al máximo tribunal provincial como instancia directa de apelación para los aspirantes que formularan objeciones sobre determinados concursos. Durante el año en que se debatió este proyecto, el STJ actuó para conservar esa facultad que le había sido otorgada y que generó intensas discusiones y recursos judiciales, como el presentado por el fiscal de Concordia, José Arias. Arias solicitó que se declare inconstitucional aquella ley por la “intromisión” del Superior Tribunal en los concursos, lo que, a su juicio, afectaba la independencia del Consejo de la Magistratura. Arias es uno de los postulantes a la Fiscalía Anticorrupción, el cargo más sensible para el poder político que, con la reforma de 2022, había alivianado las exigencias para concursarlo. En ese contexto, el Gobierno provincial declaró en abril de este año la nulidad de los cuestionados concursos para fiscal anticorrupción. La nueva Ley del CMER y ese decreto del gobernador no constituyeron los únicos reveses del STJ en el último año. Cabe recordar que tampoco prosperó en la Legislatura la reforma del Código Procesal Penal impulsada por los vocales de la Sala Penal, Claudia Mizawak y Daniel Carubia. En abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el “fallo Cozzi” del STJ, que había sobreseído a un imputado en una causa por corrupción por el paso del tiempo en la investigación. Finalmente, el máximo tribunal nacional también cuestionó con severidad a los superiores entrerrianos en la sentencia que revocó la destitución de Cecilia Goyeneche y ordenó su reincorporación. Contra el “dedo” “Necesitamos esta ley porque no podemos tener en nuestra provincia jueces, fiscales o defensores que hayan sido nombrados a dedo. Los entrerrianos necesitan que las personas que ocupen esos cargos, que son tan importantes, tengan la autonomía indispensable para poder hacer su trabajo de la forma más justa posible”, argumentó la diputada Lena al fundamentar la aprobación de la nueva norma en el recinto este jueves. También celebró el acompañamiento de todos los bloques. “Es indispensable que el Consejo de la Magistratura empiece a funcionar como corresponde, que se normalicen los concursos para cubrir cargos de jueces, defensores y fiscales que hoy están vacantes u ocupados por suplencias en el Poder Judicial de la provincia de Entre Ríos”, precisó. Las modificaciones que introdujo el Senado y que Diputados aceptó incluyen el respeto del principio de paridad de género en la subrogación de los consejeros suplentes, la eliminación de los concursos anticipados (que figuraban en la redacción original) y la garantía de un miembro perteneciente al plantel docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que alternará su función por períodos con un profesor de la carrera de abogacía de universidades públicas nacionales de la región.
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