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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 04/05/2025 04:35
Parte del arsenal secuestrado durante el allanamiento en Bernal incluyó fusiles, pistolas, municiones y una ametralladora con simbología nazi La Sala I de la Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un gerente bancario L. M. G., imputado por múltiples delitos que incluyen la tenencia ilegal de armas de fuego, el acopio de municiones y piezas bélicas, la promoción en redes de propaganda basada en “ideas de superioridad racial” ligadas al nazismo y la posesión de especies protegidas sin la debida autorización, según consta en el expediente FLP 19410/2024. La detención cautelar del implicado será bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica y una serie de medidas restrictivas complementarias, de acuerdo con lo resuelto por el tribunal de alzada esta semana. Se trata de una investigación originada a partir de una solicitud de INTERPOL Sarajevo enviada a sus pares internacionales, entre ellos INTERPOL Buenos Aires, en el marco de una causa sobre tráfico internacional de armas. Esa alerta derivó en una pesquisa preliminar en la Argentina impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO), a cargo del fiscal Santiago Marquevich. Con base en esa información, se ordenaron distintas medidas de prueba, incluida la revisión de redes sociales y bases de datos oficiales. El caso se inscribió en la denominada "Operación Nevada", una investigación internacional que busca desarticular una red delictiva con conexiones en Estados Unidos, México, Grecia y Australia. A partir de datos aportados por la Policía Federal Argentina (PFA), se estableció que el ahora procesado sería uno de los destinatarios de envíos ilegales de armamento y piezas militares. Ya identificado el sospechoso, se montó un operativo de vigilancia cuando retornó de un viaje a Europa. Fue seguido desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hasta su domicilio en Bernal, partido de Quilmes. Finalmente, el 13 de noviembre de 2024 se concretó el allanamiento a su vivienda, autorizado por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella. Al ingresar al domicilio, los agentes del Departamento Antimafia de la PFA se toparon con una escena insólita: 43 fusiles con acuñaciones de águila nazi, 15 pistolas, cinco bayonetas, una ametralladora 9 mm con símbolos nazis, una ballesta, 3.000 fulminantes, 3.500 gramos de pólvora, 3.000 puntas y 2.500 vainas de diferentes calibres, dos máquinas de recarga, un uniforme de la Segunda Guerra Mundial con simbología nazi, bustos de Adolf Hitler y Benito Mussolini, y una gran cantidad de objetos relacionados al nazismo, cuya exhibición o promoción está prohibida por la ley 23.592. El operativo fue encabezado por el Departamento Antimafia de la Policía Federal Argentina, en el marco de la Operación Nevada por tráfico internacional de armas También se incautaron tres trofeos de caza consistentes en cabezas disecadas del antílope cervicapra, especie protegida por la legislación ambiental argentina y por la Convención CITES, además de dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa. Peritos del Museo del Holocausto participaron del procedimiento y certificaron la autenticidad y carácter ilegal de muchas de las piezas de simbología nazi halladas. Tras el hallazgo, el juez de instrucción ordenó el procesamiento con prisión preventiva de L. M. G. por los delitos de tenencia de armas de fuego de uso civil y de guerra sin autorización legal, acopio de armas, piezas y municiones, promoción de ideologías de superioridad racial y almacenamiento de productos derivados de la depredación de fauna silvestre. También se decretó un embargo sobre sus bienes por 10.000.000 de pesos. La defensa apeló la resolución. Alegó que la indagatoria debía ser anulada por falta de claridad en los cargos y las pruebas, que el allanamiento había sido arbitrario, y que muchas de las armas estaban registradas o en proceso de transferencia por herencia. También sostuvo que la pólvora incautada no era apta para su uso y que el acusado poseía suficiente arraigo como para enfrentar el proceso en libertad. Sin embargo, la Cámara rechazó todos estos planteos. Afirmó que la indagatoria fue válida y que “el magistrado de primera instancia cumplió con las exigencias que prevé el artículo 298 del Código Procesal Penal de la Nación, al informar detalladamente los hechos atribuidos y las pruebas en su contra”. Sobre el allanamiento, señaló que fue legítimo porque el juez contaba con “datos serios, precisos y concretos” que justificaban la medida intrusiva. Los bustos de Adolf Hitler y Benito Mussolini, junto con uniformes y estandartes del Tercer Reich, fueron certificados por el Museo del Holocausto como material de propaganda prohibida Este fallo de la Sala I de la Cámara Federal platense, al que tuvo acceso Infobae, también valoró que muchas de las armas halladas no estaban registradas a nombre del imputado ni de personas convivientes, y que la cantidad y variedad del armamento excedía el “uso común o deportivo”. “Acopiar, tal como lo dice el magistrado, se trata de una tenencia cuya acumulación va más allá y es superior a la que el uso común puede justificar”, concluyeron los camaristas. La imputación por infringir la legislación sobre fauna silvestre se sostuvo en la existencia de trofeos disecados del antílope de la India, cuya tenencia requiere permisos específicos que no fueron aportados. Los jueces aclararon que “la presentación de fotografías familiares con elementos similares a los secuestrados no posee relevancia” si no hay documentación habilitante. En cuanto a la promoción de propaganda nazi, el fallo indica que L. M. G. participaba en grupos cerrados como el “Foro del Tirador”, donde publicaba contenido con referencias a la simbología del Tercer Reich y recomendaciones sobre dónde adquirirla. “El uso de los objetos pertenecientes a dicha ideología y su prohibición sostienen, en principio, la noción plena del imputado acerca del contenido disvalioso de su accionar”, afirmaron los magistrados. Por otra parte, la Cámara revocó el procesamiento por el delito de tenencia de materiales explosivos. Sostuvo que “no han sido individualizados cuáles serían los elementos que, estando en poder del imputado, resultaron aptos para su detonación”, y que no se detalla con claridad en el acta de allanamiento la presencia de tales explosivos. En consecuencia, se dictó la falta de mérito respecto a ese punto y se ordenó al juez de grado continuar con la investigación para determinar si corresponde formular cargos en el futuro. En lo relativo al embargo, el tribunal consideró que el monto de 10.000.000 de pesos es “razonable” y “proporcional” a los hechos investigados. Respecto de la prisión preventiva, aunque valoró positivamente que el acusado no tiene antecedentes penales, posee domicilio fijo, trabaja como gerente de un banco en La Plata y mostró colaboración con la causa, también observó que sigue existiendo un riesgo concreto de fuga y entorpecimiento de la investigación. La Cámara Federal de La Plata confirmó el procesamiento con prisión preventiva de un gerente de banco tras los hallazgos en un allanamiento en su domicilio de Quilmes Frente a este panorama, los jueces decidieron morigerar la prisión preventiva dictada en primera instancia, permitiendo que se cumpla en modalidad de arresto domiciliario, acompañado de monitoreo electrónico, prohibición de salida del país, entrega de pasaportes, restricción al uso de dispositivos con acceso a internet y la obligación de solicitar permiso judicial para salir del domicilio. Según advirtió la Alzada, cualquier incumplimiento de estas condiciones implicará el retorno inmediato a un establecimiento penitenciario. La resolución fue firmada por los jueces Roberto Agustín Lemos Arias y César Álvarez, en reemplazo del juez Jorge Di Lorenzo, y el expediente fue devuelto al Juzgado Federal de Quilmes, donde continuará la instrucción. Entre otras medidas, se prevé profundizar el análisis sobre los materiales secuestrados y determinar si existen elementos suficientes para nuevas imputaciones.
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