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Parana » Informe Digital
Fecha: 11/11/2025 07:52
Aunque Argentina apeló la sentencia de la jueza Loretta Preska por la expropiación de YPF, la magistrada neoyorquina autorizó, no obstante, que los fondos especulativos Buford Capital y Eton Park accedan a información de los altos funcionarios del actual y anterior Gobierno con el objetivo de cobrar US$16.100 millones. La jueza del Distrito Sur de Nueva York rechazó este lunes un recurso de reconsideración pedido por YPF para impedir la ejecución del fallo. Así, el proceso avanza en la identificación de si existe una relación de “alter ego” entre el Estado argentino y la sociedad anónima que constituye la petrolera de bandera, con el propósito de embargar bienes estatales en caso de que ello se verifique. Con ese fin, Preska admitió el pedido de información a los funcionarios y exfuncionarios del Gobierno de Javier Milei y Alberto Fernández. En total, serían 35 funcionarios a los que se les solicitaría entregar sus comunicaciones privadas, entre ellos, Sergio Massa y Luis Caputo. La petición incluiría chats de WhatsApp, mails y otra documentación. “El tribunal reafirmó que YPF no puede intervenir ni frenar la etapa de ejecución y ratificó que los demandantes pueden avanzar contra los activos de YPF bajo el modelo Crystallex, es decir, ejecutando contra el Estado argentino y buscando embargar los bienes de su empresa estatal una vez demostrada la relación de alter ego”, le aseguraron a La Nación fuentes cercanas a los fondos litigantes. El caso Crystallex alude a una empresa canadiense que actuaba como concesionaria de la mina “Las Cristinas” en Venezuela, uno de los yacimientos de oro más grandes del país. En 2008, el gobierno de Hugo Chávez decidió nacionalizarla y la compañía reclamó una indemnización. En ese expediente, el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York falló a favor de la canadiense y habilitó el embargo de la cuenta venezolana en el Bank of New York Mellon Corp. El caso venezolano, sin embargo, es diferente al de YPF, dado que la petrolera argentina es una sociedad anónima con personería distinta del Estado, que sólo tiene el 51% del paquete accionario. Por esa razón los fondos Buford buscan elementos que les permitan construir argumentos para desvirtuar la independencia entre la empresa y el Estado, apelando a la relación de “alter ego” con el fin de ejecutar bienes. La apelación del fallo espera una respuesta Entretanto, la apelación del fallo continúa pendiente de resolución. El pasado 29 de octubre, los abogados que representan al Estado argentino solicitaron el rechazo de la sentencia de Preska en una audiencia ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos. De acuerdo a los abogados argentinos, el caso no pertenece a la jurisdicción de los EE.UU. y la sentencia de Preska “se basa en una interpretación errónea del derecho argentino y en ficciones jurídicas de graves consecuencias que deben ser dejadas de lado”. Para la defensa argentina, “los demandantes adquirieron sus acciones de YPF en transacciones privadas con Repsol en España, atravesadas por sospechas de corrupción y connivencia política. Con una inversión mínima, participaron del vaciamiento de la empresa mediante dividendos desproporcionados, y tras la expropiación, eludieron la Justicia argentina para litigar en tribunales extranjeros”, señalaron, entre otros argumentos. LM/ML
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