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» Solochaco
Fecha: 27/11/2025 07:32
En una extensa presentación ante el tribunal, la defensa de Cesar Sena, Celeste Segovia, cuestionó la validez del veredicto emitido por el jurado popular y pidió su nulidad. Argumentó que la decisión no habría sido “libre, serena ni imparcial”, sino el resultado de un proceso atravesado por “hostilidad social, presión política, exposición mediática descontrolada e irregularidades que afectaron la deliberación”. Según la abogada, el juicio se desarrolló en un ambiente de fuerte presión externa que habría vulnerado los estándares constitucionales y las reglas del sistema de juicios por jurados. Señaló que durante todo el debate se registró una “exposición pública permanente”, con manifestaciones en las afueras del recinto, escraches y convocatorias a movilizaciones realizadas —según detalló— incluso por autoridades del Poder Ejecutivo. La defensa afirmó tener pruebas de que integrantes del jurado “deliberaron mirando hacia la plaza” y hasta saludaron a manifestantes luego del veredicto. También denunciaron la presencia en el recinto de funcionarios ajenos a la causa y la difusión de audios y videos que —según planteó— reforzaron un clima de presión social. Sostuvo que la narrativa pública que rodeó el proceso creó “un veredicto emocionalmente condicionado”, en el que se habría juzgado a los acusados “por su identidad social y política, y no por la prueba rendida en el debate”. Apuntaron especialmente a la estigmatización previa y a la difusión de contenidos que, a su criterio, consolidaron “una única lectura posible: culpabilidad y perpetua”. La defensora citó precedentes internacionales y locales en los que se anularon veredictos por influencias externas, argumentando que el jurado chaqueño estuvo expuesto a un nivel de presión “incompatible con un juicio justo”. Finalmente, solicitó que el veredicto sea declarado nulo por “vicios estructurales que afectaron el debido proceso” y afirmó que su planteo no busca favorecer a los imputados, sino “proteger las garantías constitucionales y el estándar mínimo de imparcialidad que exige la democracia”.
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