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» Nova Entre Rios
Fecha: 30/10/2025 21:57
La Justicia de Entre Ríos reactivó el expediente de la megaestafa con microcréditos. Tras nuevas citaciones de «emprendedores», la investigación se centra finalmente en la que sería la máxima responsable, la diputada Laura Stratta, a quien auditores habrían señalado por «presiones» directas para avalar operaciones hoy consideradas fraudulentas. La causa judicial por la presunta megaestafa de «Créditos Truchos» (Leg. N° 248301, caratulado «GEBHART FERNANDO Y OTROS S/ PECULADO») tomó un nuevo y contundente impulso en las últimas horas, con el foco puesto en la ex vicegobernadora y actual jefa del bloque de diputados del PJ, Laura Stratta. El Fiscal Gonzalo A. Badano ha intensificado la ronda de testimoniales. Según se desprende de la información judicial, en la mañana de hoy, jueves 30 de octubre, se llevan a cabo nuevas entrevistas a una extensa lista de supuestos «emprendedores» citados para testimoniar sobre los microcréditos irregulares. Esta metodología, muy similar a la empleada en la causa de los «Contratos Truchos», sigue arrojando más hallazgos: «Todos los días aparecen nuevos créditos truchos, dos o tres,» indicaron fuentes cercanas a la investigación, confirmando que ya van más de 200 créditos descubiertos y la cifra sigue creciendo. Muchos de los citados alegan que falsificaron sus firmas y nunca recibieron los fondos. El método para concretar los «Créditos Truchos» sigue los lineamientos de los procedimienteos de generación de los «Contratos Truchos», por lo que no son truchos ni fraguados, sino que son auténticos, han seguido los procesos administrativos pertinentes, y por lo tanto son legales. Administrativamente, tanto los «Creditos a Emprendedores», como los «Contratos de la Legislatura», que se denominan truchos, cuentan con los avales y controles pertinentes, y más que nada, CON LAS FIRMAS DE LOS RESPONSABLES. La Justicia debe investigar el desvío posterior de esos fondos. Auditores denuncian presión jerárquica. El principal elemento que agrava la situación judicial y política de Stratta radica en las presuntas declaraciones explosivas de auditores de la Provincia. Estos funcionarios, encargados de fiscalizar la legalidad de los gastos en las áreas donde operaban los créditos (Acción Social y Producción), habrían revelado al Fiscal Badano que fueron «presionados» por la entonces ministra Stratta para estampar su firma en las resoluciones que hoy se comprueba eran irregulares. Si se confirman estas acusaciones, la exfuncionaria no solo habría tenido conocimiento de las operatorias fraudulentas que gestó su mano derecha, Pedro Gebhart, sino que habría ejercido presión jerárquica indebida para neutralizar el control interno del Estado. ¿»Obediencia Debida»? La defensa de los auditores se basa en el temor a perder sus puestos de trabajo. Sin embargo, este argumento choca con la normativa. Fuentes internas del TDC reconocen que, legalmente, los auditores «tenían que cumplir con una función, su responsabilidad y la evadieron», dado que en el derecho administrativo y penal no existe la figura de «obediencia debida» para un funcionario con obligación de control. La investigación ha logrado «romper el techo» de la causa, dejando de lado únicamente a empleados y funcionarios intermedios para apuntar directamente a la máxima responsable política de aquel momento. La sociedad entrerriana sigue con atención el devenir del Ministerio Público Fiscal y la decisión del Fiscal Badano. La pregunta que sobrevuela es si la justicia «irá para arriba» para sentar un precedente fuerte contra la corrupción, o si la causa se estancará en los eslabones inferiores, como ha ocurrido en otros expedientes similares. Fuente: El Portal de Ricardo David.
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