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Fecha: 20/10/2025 21:45
Mariel Chapero, Presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad, la APRIDIS habló en el programa Digamos Todo y se refirió a la compleja situación que atraviesa el sector tras una ardua batalla legislativa que los llevaron a poder ratificar la legislación del financiamiento al sector, pero que sin embargo Nación se niega a implementar. El pasado viernes, se vivió un nuevo episodio de violencia institucional cuando representantes del sector intentaron presentar un petitorio en la Agencia Nacional de Discapacidad. A pesar de haber convocado una movilización pacífica para exigir la implementación de la ley de discapacidad, el organismo cerró sus puertas y se negó a recibir la nota. Esta situación motivó una medida extrema a nivel nacional: un cese involuntario de actividades y una movilización el miércoles siguiente hacia el Ministerio de Salud. La decisión fue consensuada por organizaciones de todo el país nucleadas en el Foro Nacional de Discapacidad. Mariel Chapero advirtió que se trata de una política sistemática de crueldad, calificando al accionar gubernamental como «genocida» por el abandono que sufren miles de personas. No se entregan medicamentos esenciales, no hay transporte adaptado disponible y las instituciones se encuentran imposibilitadas de pagar sueldos, servicios o alquileres. Durante el actual gobierno, se ha acumulado un desfasaje del 70% en los aranceles que se pagan a los prestadores de servicios del sector discapacidad. Este desajuste ha puesto a las instituciones al borde del colapso financiero. Aun en el caso de que se anuncie un aumento hoy, el impacto económico efectivo recién se vería reflejado en febrero o marzo del próximo año. Esta realidad está empujando a muchos profesionales a migrar a otras actividades, abandonando sus vocaciones por la necesidad urgente de sostener su economía personal y familiar. El incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo es, según Chapero, inconstitucional. Frente a esta ilegalidad, se han iniciado múltiples amparos judiciales. Algunos han resultado favorables y han logrado la restitución de pensiones —más de 110.000 habían sido dadas de baja de manera arbitraria y sin justificación. Sin embargo, estos fallos no alcanzan a todos. Las personas que no están dentro del alcance de los amparos deben seguir esperando mientras sus derechos siguen siendo vulnerados. La lentitud de la justicia contrasta con la urgencia de la crisis humanitaria que vive el sector. Con el objetivo de frenar la migración de profesionales y visibilizar la situación, APRIDIS y otras organizaciones convocan a dos actividades clave: Martes a las 11 hs: Asamblea en el Colegio de Psicólogos y Psicólogas con trabajadores del sector y personas con discapacidad. Miércoles a las 11 hs: Movilización en Plaza San Martín, abierta a toda la comunidad. Estas acciones buscan no solo exponer la gravedad de la situación, sino también generar presión pública para que el gobierno implemente las medidas necesarias de manera urgente. d la verdad es que desde las agrupaciones, organizaciones de todo el país que formamos parte del foro nacional que integra asociaciones federales de todas las provincias, de recurrir a un cese involuntario de actividades y movilización el día miércoles hacia el Ministerio de Salud por la grave situación que se viene transitando, por la agonía del sector de discapacidad y para solicitar la implementación de una ley que fue solamente publicada
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