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» Solochaco
Fecha: 01/10/2025 19:50
La mujer, de 45 años, aseguró que vivía en la casa de Celestino Talavera y Andrea Leyes, en avenida Nicaragua. En su declaración dijo que la mantenían retenida y que debía cuidar a los hijos de la pareja sin cobrar. La víctima relató que planeaban trasladarla a un campo para convivir con un hombre desconocido. La habrían vendido a cambio de dinero. Una mujer de 45 años se presentó en la Comisaría Décimocuarta Metropolitana de Resistencia y aseguró que permaneció privada de su libertad durante aproximadamente cuatro años en una vivienda de la avenida Nicaragua. Según su declaración, en ese lugar era obligada a realizar tareas de limpieza y el cuidado de tres menores sin percibir remuneración, además de entregar parte de su pensión a sus captores y dueños de la casa. La víctima llegó en estado de nerviosismo a la vivienda de una conocida, quien la acompañó hasta la dependencia policial para formalizar la denuncia. Explicó que en reiteradas ocasiones intentó escapar, pero recién pudo concretarlo esa noche. También afirmó que recientemente le habían informado que sería llevada a vivir a un campo con un hombre al que no conocía, a cambio de dinero que recibiría el dueño de la casa. Ante esa situación, decidió huir de inmediato sin llevarse sus pertenencias. El procedimiento fue puesto en conocimiento de la Fiscalía en turno, que ordenó tomar la denuncia detallada y la declaración testimonial de la persona que la asistió. Asimismo, dispuso notificar en libertad a C.»Tizo» Talavera y a su pareja, A.L., residentes de la vivienda señalada, solicitándoles que entreguen las pertenencias de la denunciante. Horas después, la División de Lucha contra la Trata de Personas intervino en el caso y vinculó el hecho con un expediente previo originado a partir de una denunciaanónima. En ese informe ya se mencionabaque la mujer podría estar retenida en la misma dirección y que en ocasiones pedía auxilio a vecinos, aunque no había avanzado ninguna medida judicial. Los investigadores también tomaron testimonios vecinales que indicaron que la denunciante solía circular por el barrio y que presentaba problemas de salud mental. Una de las vecinas y la propia Leyes señalaron que la mujer había sido entregada tiempo atrás a la familia por disposición policial, como resguardo, ya que sus parientes directos no se habrían hecho cargo de su cuidado. La Fiscalía Federal fue informada de la denuncia y de los antecedentes recabados en los últimos meses. Hasta el momento, los relevamientos no arrojaron indicadores claros de trata de personas, aunque la investigación sigue abierta. La mujer permanece alojada en la vivienda de su amiga, a la espera de nuevas definiciones judiciales y bajo seguimiento de las autoridades. El caso generó la apertura de distintas actuaciones que ahora están en manos de la justicia provincial y federal, que deberán determinar si se trató de una situación de reducción a la servidumbre, de un resguardo informal por problemas de salud mental o de un hecho con características más complejas. –noticiero 9–
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