05/09/2025 04:55
05/09/2025 04:55
05/09/2025 04:54
05/09/2025 04:54
05/09/2025 04:52
05/09/2025 04:52
05/09/2025 04:52
05/09/2025 04:51
05/09/2025 04:51
05/09/2025 04:51
Parana » Informe Digital
Fecha: 03/09/2025 15:52
El abogado de la ONG Poder Ciudadano, Hugo Wortman Jofré, se pronunció sobre su solicitud para ser querellante en la causa relacionada con los audios que indican supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Además, realizó un análisis del panorama político y la lucha contra la corrupción en el país. En una entrevista en el programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Wortman Jofré comentó que “en Poder Ciudadano contamos con un área de litigio estratégico que busca involucrarse en investigaciones judiciales que revelan problemas sistémicos en la administración pública y en la gestión de recursos. A partir de la comprensión del caso, proponemos la modificación de políticas públicas. En esta instancia, estamos investigando la denuncia que sugiere que ciertas áreas del Estado compran fuera del sistema Compr.ar, que debería estar sujeto a auditoría y controles. Queremos averiguar el porqué. También hemos intervenido en el caso Chocolate Rigau para entender el financiamiento político y en el caso Bibiloni para examinar cómo se desviaban fondos destinados a sectores vulnerables”. Sin embargo, indicó que “los recursos son limitados; contamos con el apoyo de la UBA, donde casi tenemos abogados preparados para redactar proyectos, pero aún así, los recursos son escasos”. Respecto a la inquietud generada por los audios, expresó: “Observamos ciclos; este fenómeno no es novedoso y ya sucedió en los ’90. En ese entonces, colaboramos con la justicia, a cargo de Moreno Ocampo, y trabajamos con empresas privatizadas, abordando los problemas de corrupción que surgían. Participamos, por ejemplo, en el caso de la ex cuñada del ex presidente Carlos Menem y en el de la jueza Servini de Cubría. Es recurrente que, en períodos de ajuste económico, se descuiden los sistemas de control”. Wortman Jofré destacó que “históricamente, algunos gobiernos, tanto en los ’90 como en la actualidad, priorizan la estabilización económica, mientras que el control y la transparencia se ven relegados. Como ciudadanos, debemos tomar acción. La economía requiere determinación y lucha contra los actores del mercado que generan aumentos especulativos, pero no debemos desestimar lo que sostiene la calidad democrática y los controles. Poder Ciudadano tiene la misión de vigilar, recordar y, en cierto sentido, actuar en nombre de la ciudadanía. Contamos con el apoyo de empresas y donantes internacionales que respaldan nuestra agenda”. Al ser consultado sobre cómo esta situación podría impactar en los intereses electorales del gobierno, afirmó: “Ese es un análisis político que escapa a mis atribuciones. No obstante, al repasar mi experiencia de 40 años en la lucha contra la corrupción, recuerdo que Menem ganó las elecciones de 1995 en medio del escándalo por las privatizaciones y las denuncias de corrupción”. En este contexto, evaluó que “hay economistas que argumentan que ‘un poco de corrupción ayuda a que el sistema funcione’. La ciencia social, en particular, no otorga tanta importancia a ciertos niveles de corrupción. Por ello, nosotros debemos educar y hacer hincapié en la política sobre las normas que no deben ser ignoradas. Nombrar jueces de la Corte por decreto o restringir la libertad de prensa mediante medidas cautelares inconstitucionales son acciones inaceptables. A medida que ellos se ocupan de los problemas estructurales de la economía, debemos recordarles que esa agenda es fundamental para la democracia que recuperamos hace 40 años y que debemos defender con firmeza”. En cuanto a su pedido de ser querellante en la causa de los audios de Spagnuolo, explicó: “Anoche recibimos la notificación del juez Sebastián Casanello aceptando nuestra solicitud, por lo que comenzaremos a intervenir. Hemos sido cautelosos al asignar responsabilidades y consideramos que, por ahora, el único que debería declarar es Spagnuolo, para que explique si reconoce haber mantenido estas reuniones, en qué contexto y quiénes eran sus interlocutores. Sin embargo, esto dependerá de su decisión, ya que el imputado tiene derecho a no declarar, además de que hay una gran cantidad de información administrativa que debe analizarse”. Sobre la situación de la prensa y los intentos del gobierno por limitar la actividad periodística, Wortman Jofré aseguró estar “muy cerca de Fopea y su dirección, y han sido presentadas denuncias penales. No estoy de acuerdo con que se use la justicia penal para silenciar a colegas que se expresan libremente en redes sociales. Sin embargo, si se inventan pruebas y eso constituye un delito, debemos establecer un límite y solicitar que un fiscal investigue cómo se generaron esas pruebas”. “Estamos muy preocupados por esta situación y, además, nos inquieta quién apelará la medida cautelar que obtuvo la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Esta medida carece de sujeto pasivo, ya que está dirigida contra la red de internet. Estamos considerando presentar un amicus curiae para que el fiscal, que es la única parte legitimada, interponga un recurso y que esta cuestión llegue a la Cámara para revocar la medida. Aunque no tiene efecto y es incumplible, no queremos que quede firme”, indicó. Finalmente, al ser consultado sobre la figura del arrepentido y la posibilidad de que Spagnuolo pueda recurrir a ella, recordó: “He sido uno de los principales impulsores de la ley del arrepentido. He estado en el Congreso y he representado a Mario Pontaquarto durante 14 años en el caso de los sobornos en el Senado, y he escrito extensamente sobre este tema. Estoy convencido de que es una herramienta que proviene de un sistema jurídico anglosajón, insertada en un modelo que es más inquisitivo y de tipo europeo continental. Como cualquier herramienta jurídica adaptada a un sistema que no es el natural, presenta complicaciones. Debe ser utilizada por funcionarios íntegros, garantizando los derechos y las garantías del proceso penal. No estoy de acuerdo en que la libertad se pueda cambiar por una confesión; ese trueque no debe ser parte de nuestro sistema. Nuestra ley establece requisitos: el arrepentido no debe ser el líder de la organización ilícita ni tener un rol destacado, debe ofrecer información que involucre a niveles superiores de la organización, y durante un año debe someterse a un régimen de colaboración. Luego, el fiscal evaluará si la colaboración fue eficaz y podrá solicitar una pena en consecuencia”.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por