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  • Jubilados ante la Reforma Constitucional: «Luchar vale la pena»

    » El Ciudadano

    Fecha: 31/08/2025 09:22

    La Reforma Constitucional de Santa Fe dio un paso para proteger a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de posibles traspasos a otras jurisdicciones. De esta manera, se cumplió con lo establecido en la Ley de Reforma, que señala la necesidad de ”establecer que las jubilaciones y pensiones de los empleados públicos provinciales sean atendidas por medio de un régimen público de reparto, basado en la solidaridad, a cargo de una institución del Estado provincial de carácter intransferible a otras jurisdicciones”. Sin embargo, en el proceso fue clave la participación de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados de la provincia para asegurar el principio de ”intransferibilidad”. ”El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público e indelegable”, decía el dictamen de mayoría, firmado el 18 de agosto por integrantes del bloque Unidos. El texto movilizó a colectivos de jubilados y jubiladas y sindicatos: decir ”indelegable” –argumentaban– no es lo mismo que ”intransferible”. En propuesta faltaba, además, dejar expresa la protección del derecho a la movilidad jubilatoria. En 1993 el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, firmado durante el menemismo, estableció el “compromiso de la Nación de aceptar la transferencia de las cajas de jubilaciones provinciales al Sistema Nacional de Previsión Social”. Como consecuencia de este acuerdo, entre los años 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las Cajas de diez provincias y de la ciudad de Buenos Aires. En esa década hubo intentos de transferir la Caja santafesina a la Nación, pero la iniciativa no prosperó. Así lo recuerda Elsa Fernández, docente jubilada de la ciudad de Santa Fe, que en esos años militaba en Amsafe: ”Tuvimos jornadas muy intensas para que la Caja quede en la provincia logramos que se quedara”. Décadas después, la reforma de la Constitución del 62 motivó un nuevo capítulo de la lucha para que la Caja no sea transferida a la Nación. El proceso tiene como telón de fondo la precarización de los haberes jubilatorios nacionales y la antesala de una reforma previsional a nivel nacional. El propio Maximiliano Pullaro lo aseguró en su última intervención ante la Bolsa de Comercio de Rosario, el viernes 22 de agosto. En dicho acto estuvo también el presidente Javier Milei. El gobernador afirmó: ”Vienen reformas importantes: la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma previsional. La tenemos que hacer juntos”. Fernández asegura: ”Hoy la idea de Milei es hacer una sola caja, que todos pasemos al Anses y que la plata de la provincia pase al Anses. Y las jubilaciones del Anses no son las mismas, son mucho menores que las de la provincia. A pesar de que las de la provincia no está bien, es mucho mejor que la de la Nación”. Fani Irigoyen, también jubilada, señala: ”La Caja es un elemento fundamental de la seguridad social. Si se privatizara o se transfiriera a otra jurisdicción, impactaría negativamente en la economía de los jubilados y los aportes de los activos irían a la Nación”. Pero la intención de preservar la caja no emergió solo por la reforma. El espacio ”Marcha de los Banquitos” se formó en la capital provincial a los pocos meses de la asunción de Milei como presidente. Conocedores y conocedoras de que los gobiernos que aplican el ajuste, hoy con la metáfora de la motosierra, alientan medidas en perjuicio de la clase trabajadora, comenzaron a reunirse para reclamar ingresos que no sean de indigencia y para prepararse ante una eventual reforma previsional. Todavía no se había sancionado la Ley de Reforma y este colectivo ya había desplegado sus banquitos en todo espacio público donde pudieran visibilizarse: la Legislatura, la sede de la Caja provincial, la sede de Anses. Las y los jubilados iban con sillones, banquetas y carteles y se sentaban en la calle o en la vereda como forma de manifestación. Sentarse, en esta caso, no remite al descanso. Es un modo de plantarse, una forma de ocupar el espacio, de construir comunidad, de compartir. Reunión a reunión se fue afianzando un colectivo que nuclea a jubiladas y jubilados nacionales y provinciales. Fue también este colectivo uno de los que resistió a la reforma previsional provincial que, en 2024, estableció el pago de un «aporte solidario» de las y los jubilados de Santa Fe para sostener una caja que –se argumentó desde el gobierno– estaba en déficit. Al inicio de la Reforma, marcharon ante la Legislatura. Después, el inicio del debate constituyente tuvo a la Marcha de los Banquitos entre los protagonistas de las exposiciones. Ante la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías expresaron su reclamo: un sistema previsional de reparto solidario, público, estatal e intransferible a otras jurisdicciones. Cuando se supo que en el dictamen de mayoría decía «indelegable» y no «intransferibles», sonaron las alarmas. Los ”banquitos” salieron a la calle con todo, confluyendo con el reclamo de sindicatos como Amsafe, Sadop, y nucleados en la Multisectorial por una Reforma con Participación Ciudadana – Comunidades Constituyentes. El miércoles se llevó a cabo una protesta ante la Caja, convocada por la Multisectorial, Amsafe y Sadop. El jueves se realizó otra movilización en la explanada de la Legislatura. A la movilización callejera se sumó la interpelación a las y los convencionales que participaron de la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, encargada de actualizar el texto sobre derechos previsionales. El cabildeo y la decisión de no bajar los brazos hicieron que finalmente se incorporaran dos modificaciones: el cambio de «indelegable» por «intransferible» y de la movilidad jubilatoria en la nueva Constitución Provincial. «Esto es para las futuras generaciones» Las transformaciones sociales llevan, a menudo, muchos años. Por eso quienes deciden formar parte de una lucha colectiva saben que quizás no disfruten sus conquistas en carne propia, pero que los derechos que consiguen abren caminos a quienes vendrán después. Lo saben las mujeres, las disidencias sexuales, quienes cuidan la tierra, quienes defienden un ambiente sano. La militancia siempre es semilla. Pero en esta oportunidad, esa apuesta cargada de futuro se volvió tangible, concreta. Luchar porque la Caja no sea licuada en el Anses, y por mejores jubilaciones en la provincia es para quienes ya se jubilaron un acto de generosidad con quienes aún no llegaron a la instancia del retiro. “Habíamos unas cuantas muy convencidas de que a esto no lo íbamos a dar vuelta. Yo era una de ellas. Pero la presencia de todos en la calle lo dio vuelta”, dice Fernández, quien integra la Marcha de los Banquitos. Junto a ella, otras jubiladas ”de los banquitos” (Irigoyen, Silvia Bournissent y Rita Flores) coinciden: ”Luchar vale la pena”. Bournissent afirma: “Yo soy jubilada provincial e hice todo para jubilarme por la provincia, porque estaba prácticamente igual (en aportes) entre provincia y nación“. Asegura que la seguridad de que la caja esté protegida significa una “tranquilidad“: “Para mí, para mis hijos, para mis nietas, para los vecinos, para todos de tener jubilaciones más dignas porque, sea como sea, aún en las peores condiciones, en la provincia de Santa Fe la jubilación tan indigna nunca fue“. “Pensar en las futuras generaciones es lo esencial, porque tenemos chicos que están estudiando, que están preparándose para ir a cobrar dos pesos y que estudian años“, dice Romero. Bournissent agrega: “Toda la vida hemos peleado por las cosas que consideramos tan importantes socialmente. Y defender la Caja que, al ser chica y tener el gobernador acá, uno puede incidir. Pero en Anses, al ser una Caja tan grande, te dicen ‘esto viene de arriba’”. Flores considera: “Lo que nos faltaría ahora es hacer un poco más de convivencia con la gente joven, que no estemos tan alejados los viejos de la juventud. Porque nosotros en realidad estamos luchando por el futuro de ustedes“. El nuevo artículo 21 En la Constitución sancionada en 1962, el Artículo 21 establece: «El Estado crea las condiciones necesarias para procurar a sus habitantes un nivel de vida que asegure su bienestar y el de sus familias, especialmente por la alimentación, el vestido, la vivienda, los cuidados médicos y los servicios sociales necesarios. Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados a sus exigencias de vida si estuviese impedida de trabajar y careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación o rehabilitación profesional. El Estado instituye un sistema de seguridad social, que tiene carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley propende al establecimiento del seguro social obligatorio; jubilaciones y pensiones móviles; defensa del bien de familia y compensación económica familiar, así como al de todo otro medio tendiente a igual finalidad». En la noche del viernes se discutió su reforma. Unidos, Más para Santa Fe y Activemos decidieron acompañar con su voto. La Libertad Avanza adelantó que votaría en contra. Y Somos Vida y Libertad argumentó su abstención por considerar que la redacción traerá problemas de interpretación, ya que dice ”órgano intransferible” y no ”caja intransferible”. Además, recordaron que fue el oficialismo provincial el que llevó a cabo la reforma previsional de 2024, que recortó los haberes con la imposición del aporte solidario. Finalmente, con 50 votos afirmativos, 8 negativos (de la Libertad Avanza) y 7 abstenciones (de Somos Vida y Libertad), se sancionó la nueva redacción: «Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su bienestar y el de su familia, a una alimentación nutritiva, diaria, suficiente, segura y de calidad, a la vestimenta, a la vivienda y a los cuidados médicos y servicios sociales necesarios que le permitan gozar de una vida digna. La Provincia reconoce el valor social y económico de las tareas de cuidado e impulsa acciones que promueven el cuidado digno a lo largo de la vida, con especial atención a las personas en situación de vulnerabilidad. Toda persona tiene derecho a la provisión de los medios adecuados para el desarrollo de su vida si está impedida de trabajar y carece de los recursos indispensables. En su caso, tiene derecho a la readaptación y rehabilitación profesional. La Provincia organiza un sistema de seguridad social con carácter integral e irrenunciable, basado en los principios de solidaridad, equidad distributiva, accesibilidad, sostenibilidad y transparencia, destinado a la protección de las personas ante contingencias, conforme con las leyes que lo reglamenten. El sistema previsional de los agentes públicos del Estado provincial se financia mediante un mecanismo de reparto solidario de carácter público. La administración está a cargo de un órgano intransferible. La sustentabilidad del sistema se asegura mediante acciones progresivas, equitativas y razonables. Los recursos que integran el patrimonio de las cajas de seguridad social son intangibles y no pueden destinarse a otros fines».

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