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Parana » Radio La Voz
Fecha: 27/08/2025 14:50
Mucho se ha hablado sobre el acceso a la información pública, y esta es nuestra segunda editorial al respecto. Recordamos, para retomar el tema, que constituye una garantía constitucional destinada a fortalecer la transparencia, el control social y la rendición de cuentas. Su ejercicio debe realizarse con criterios de generalidad y objetividad, evitando que se transforme en un mecanismo de persecución individual. La columna publicada recientemente sobre acceso a la información en Entre Ríos parte de un presupuesto que, si bien se ampara en el derecho de transparencia, en realidad lo desvirtúa. La verdadera cuestión no es si el derecho existe —lo sabemos, es constitucional— sino cómo se lo ejerce y con qué fines. No hay que confundir lo que es un interés público legítimo con un uso distorsionado y selectivo de las herramientas de publicidad estatal, orientado más al disciplinamiento mediático que a la rendición de cuentas. Trasladar la discusión al terreno emocional con frases de impacto, como “¿quiere la gente saber cuántos días trabaja un juez?”, es un error grave: el objetivo inmediato de ese planteo no es la transparencia, sino erosionar la independencia judicial a través de casos personalizados. El derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad fortalecer el control ciudadano, garantizar la transparencia de los actos de gobierno y prevenir abusos de poder. Pero ese derecho pierde sentido cuando se transforma en excusa para perseguir selectivamente a funcionarios, sin atender a un criterio general y objetivo. En esos casos, lo que se produce no es un ejercicio de ciudadanía, sino una operación de desgaste que nada tiene que ver con la transparencia republicana, construyendo un relato donde cualquier negativa o límite a un pedido puntual es interpretado como ocultamiento o sospecha. El resultado es claro: se abandona el debate jurídico y se lo reemplaza por una narrativa de sospecha, más cercana a la operación política que a la defensa seria de un derecho ciudadano. Es, en definitiva, trasplantar la discusión al terreno emocional, sugiriendo que toda negativa a entregar información equivale a opacidad o encubrimiento. Ese desplazamiento del plano legal y técnico al plano subjetivo deteriora la seriedad del debate: no toda solicitud de información es razonable, ni todo límite a la publicidad implica un retroceso democrático. Conviene recordar que el acceso a la información está pensado para fortalecer el control social y la rendición de cuentas, no para servir como arma de presión o de disciplinamiento selectivo. Cuando se lo utiliza de esa manera, se vacía de contenido su espíritu democrático y se convierte en un espectáculo dentro del juego mediático. La transparencia es demasiado valiosa como para permitir su manipulación. Defenderla exige cuidarla de estos usos distorsionados. Si de verdad buscamos una democracia más fuerte, debemos evitar que el acceso a la información se transforme en un recurso de desgaste político y personal.
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