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» Comercio y Justicia
Fecha: 08/08/2025 00:04
En la causa conocida como “Ruta del dinero K”, por mayoría, la Sala II La Cámara Federal de Comodoro Py aceptó que se incorpore como prueba una conversación telefónica de 2019 en la que el empresario Lázaro Báez dijo que sus activos eran de alguien “de arriba”. El tribunal admitió la apelación que presentó la asociación civil querellante Bases Republicanas. El voto de la mayoría entendió que no hay obstáculo para que el audio se incorpore al proceso. “En definitiva, la cuestión medular se vinculará con el valor probatorio que, en todo caso, corresponda otorgar a cada uno de los elementos reunidos”, indicó. Por la causa, Báez fue condenado por lavar 55 millones de dólares. La Corte Suprema confirmó este año la sentencia y el patagónico volvió a prisión luego de estar en detención domiciliaria. El expediente tiene un tramo en el que se investiga el rol de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El juez federal Sebastián Casanello sobreseyó a la ex mandataria, pero la Cámara revocó la decisión y ordenó que se siga investigando. Bases Republicanas reclamó una serie de medidas de prueba; entre ellas, la conversación telefónica de Báez cuando estaba preso en Ezeiza. Casanello rechazó el pedido, tal como hizo hace seis años porque desde el juzgado federal de Lomas de Zamora le contestaron que no podían remitirle la información. Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi aceptaron el planteo de Bases Republicanas. “En mis intervenciones anteriores, sostuve la necesidad de analizar la prueba contenida en estas actuaciones, como así también toda aquella agregada en los expedientes vinculados de manera conglobada recordando que se tratan de distintos tramos de conducta asociado a un único designio criminal´”, sostuvo Llorens. Agregó que hay que buscar información en otras causas. En la misma línea, Bertuzzi sostuvo que el plexo probatorio “debe ser integrado con aquel que surja de los expedientes vinculados”, de modo de garantizar “una perspectiva analítica amplia que permita cristalizar los fines de proceso, es decir, la averiguación de la verdad”. En disidencia, Eduardo Farah votó por rechazar la incorporación de la escucha telefónica de Báez. La Unidad de Información Financiera (UIF) apoyó el pedido de Bases Republicana. También solicitó apartar al juez Casanello porque consideró que lleva adelante una instrucción “sesgada” que “torna arbitraria” la toma de decisiones en relación a la pertinencia probatoria”. “No se entiende cómo una prueba como la solicitada por la Asociación Civil Bases sea, en palabras del a quo, impertinente e inútil para el objeto procesal de las presentes actuaciones”, consideró la unidad fiscal especializada.
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