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CABA » Plazademayo
Fecha: 08/08/2025 04:03
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedó en el centro de una fuerte polémica tras conocerse que una empresa de su entorno familiar fue beneficiada con un contrato estatal por 4.000 millones de pesos, pese a que otra firma participante de la licitación ofreció hacer el mismo trabajo por un valor 17 veces menor. La adjudicación fue otorgada por el Banco Nación a Tech Security, una compañía históricamente vinculada a la familia Menem. Aunque el legislador afirma haber cedido sus acciones a su hermano Adrián antes de asumir como diputado nacional, la firma sigue en manos familiares, lo que pone en duda la transparencia del proceso y expone posibles conflictos de interés. Lejos de asumir responsabilidad, Menem se defendió en un medio afín —LN+—, en una entrevista sin repreguntas, donde minimizó las sospechas: “Antes de asumir como diputado nacional cedí mi participación en la empresa de seguridad. No tengo más nada que ver”, aseguró. Agregó que “hice lo que marca la ley para evitar cualquier tipo de incompatibilidad”, aunque evitó profundizar sobre la llamativa diferencia entre las ofertas presentadas en la licitación. En otro intento de justificarse, el diputado libertario apeló a su trayectoria privada: “Tengo mentalidad emprendedora, tengo más años allá que acá. Estuve 28 años en el sector privado”. También intentó desviar el foco político al señalar: “Siempre que vienen épocas electorales tratan de ensuciar y poner a todos en la misma bolsa”. Tech Security, que fue finalmente la empresa seleccionada para el millonario contrato, es presentada por Menem como una firma consolidada, con más de 800 empleados y dos décadas de trayectoria. Sin embargo, eso no explica por qué se adjudicó un contrato estatal tan abultado cuando otra empresa había propuesto hacerlo por una fracción ínfima del costo final. Organizaciones de la sociedad civil y referentes opositores ya reclaman una auditoría inmediata y advierten sobre un posible caso de favoritismo disfrazado de legalidad. Por ahora, el Gobierno guarda silencio.
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