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» Comercio y Justicia
Fecha: 29/07/2025 13:53
Un nuevo caso de un hombre preso por una falsa denuncia tomó repercusión mediática los últimos días. Nos referimos al caso Ghisoni, un médico (Pablo Ghisoni) que fue denunciado y luego absuelto en una causa penal iniciada hace más de una década por presunto abuso sexual en perjuicio de sus hijos menores de edad. Si bien su absolución data de tiempo atrás, en las últimas semanas se dio a conocer un video subido a las redes por uno de sus hijos (supuesta víctima) en donde reconoce que todo lo que declaró es falso y fue llevado a cabo inducido por su madre. Vale recordar que todo surgió a raíz de un conflicto por la tenencia de sus hijos entre Pablo Ghisoni y su ex esposa Andrea Vázquez, en el año 2009. Durante el litigio, en 2012, el tribunal de familia interviniente ordenó que los tres niños fuesen a vivir con su papá. En 2014, los dos hijos menores —se sabe ahora que instigados por su madre— denunciaron a su padre por abuso sexual, por lo que la justicia ordenó que volvieran a vivir con su madre; en tanto que el mayor —que se negó a denunciar— quedó con su padre; quien, tras cumplir con tres años de prisión preventiva, recuperó su libertad, luego de un juicio que concluyó con su absolución. Como dijimos, hace unos días uno de los hijos hizo público en un video la falsedad de la denuncia, que su padre no había abusado de ellos y que todo fue urdido por su madre para perjudicarlo y así poder quedarse con los niños. “Cuando era adolescente acusé falsamente a mi papá de algo gravísimo y lo más difícil de admitir es que lo sostuve durante casi diez años”, dijo. Agregó: “Hace dos meses y luego de un proceso largo empecé a ver con claridad que aquello que había creído y repetido era una mentira”. Continuó diciendo que desde pequeño su madre le decía que su padre era “peligroso” y que “debía tenerle miedo” porque “lastimaba y golpeaba a su familia”. Añadió: “Yo no fui abusado, no fui una víctima de mi padre, pero sí me usaron para ser víctima de un entorno que me enseñó a repetir, dibujar, qué decir y qué no en las audiencias”, entre otras cosas. Lo novedoso de todo esto es que, además de reabrir el debate sobre las falsas denuncias (que las hay y muchas), un fiscal de la provincia de Buenos Aires decidió presentar una denuncia contra la madre, Andrea Karina Vázquez, médica obstetra, quien ocupa el cargo de subdirectora de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades, por “la posible comisión de los delitos de falso testimonio calificado, instigación a la comisión del delito de falso testimonio y asociación ilícita”. La fiscalía sospecha, además, de la existencia de un grupo de abogados, peritos psiquiatras y psicólogos dedicados a fabricar falsas denuncias para beneficiar a alguna de las partes en procesos de divorcio conflictivos o en juicios por la tenencia y custodia de sus hijos. No tenemos dudas de que se trata de un hecho injustificable. Lo lamentable es que, por perseguir un interés político o por una mera convicción ideológica, desde hace unos años se instaló en una parte minoritaria de la sociedad —y no tan minoritaria en la prensa y en ámbitos de poder, incluyendo el poder judicial— la sospecha de culpabilidad sobre los hombres y la creencia de que la víctima (o presunta víctima) nunca miente. Esta forma de pensar y actuar lo único que hizo fue inclinar irracionalmente la balanza en favor de cualquiera que se le ocurriera denunciar hechos inexistentes, creando situaciones de enorme injusticia, dañando no solamente al falsamente acusado, sino también a sus hijos, y a la propia credibilidad de las instituciones que en muchos casos se muestran como favorecedoras de estas prácticas injustificadas. De hecho, conforme el diario La Nación, la ahora investigada Andrea Karina Vázquez había dicho respecto de su situación con su exmarido que: “Las experiencias personales que pusieron en riesgo mi vida y la de mis hijos me llevaron a transformar el dolor en acción”, escribió hace un tiempo. Aseguró que esa vivencia la convirtió en una referente en “el acompañamiento a madres protectoras” y que desde hace más de 10 años se dedica a militar “por los derechos de las infancias, las mujeres, las personas no binarias y todas las sobrevivientes de violencia sexual”. Asimismo, la situación fue presentada como testimonio en el libro Violencias de género. Las mentiras del patriarcado, de Liliana Hendel, en el capítulo titulado “La maternidad: mandato, culpa y placeres”. Dicha autora, actualmente funcionaria en la municipalidad de La Matanza, en un documental difundido por la periodista Débora Plagger en La Nación+, aseguró que en los casos de violencia “los varones mienten”, por lo que deben ser considerados culpables hasta que se pruebe lo contrario en los estrados judiciales. Dicha teoría no es nueva: se pretende llamarla “principio de culpabilidad” y fue aplicada penalmente durante el siglo XX primero por la Unión Soviética en los tiempos de Stalin y luego en Alemania por el nazismo. Como ya lo hemos manifestado varias veces, no se trata de que alguien que comete delitos tan aberrantes como abusar de otro (sea mayor, mujer o niño) quede impune, sino de que quien es inocente no sea tratado como culpable y que no sufra, no solo las consecuencias judiciales sino también las desfavorables a nivel social o laboral, así como escraches o difusión por la prensa, entre otras violencias, que genera en la práctica ser acusado de estos hechos incalificables. Quien se aprovecha de algo tan noble como es la necesidad de justicia de quien ha sido de verdad víctima de un abuso, en propio y exclusivo beneficio personal, merece ser juzgado y condenado con todas las garantías; esas que, en muchos casos, se les niega a los falsamente denunciados, aplicando oprobiosos pseudo-principios de la historia judicial más negra del mundo. (*) Abogado. Doctor en Ciencias Jurídicas. (**) Abogado. Doctor en Derecho y Ciencias Sociales.
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