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Parana » Plazaweb
Fecha: 30/07/2025 02:03
La Justicia federal dio lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y le ordenó al Gobierno a abstenerse de realizar cambios sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A raíz del decreto 462/2025, publicado a inicios de julio, la administración de Javier Milei había ordenado una reconfiguración del organismo en el marco de una serie de reformas que también contemplaron disoluciones y fusiones. La decisión fue tomada por la magistrada Martina Isabel Forns, del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2. La medida será efectiva por el plazo de seis meses. El fallo de la Justicia federal es un revés para la administración de Milei. Semanas atrás, desde Casa Rosada habían anunciado transformaciones significativas en varios organismos del Estado. Entre ellos, se encontraba el INTI que, según detalló Manuel Adorni, iba a dejar de operar como organismo descentralizado y para pasar a ser una "unidad organizativa dependiente" de la Secretaría de Industria y Comercio. Justicia frenó los cambios en el INTI propuestos por Nación La medida fue justificada - como es costumbre - porque la gestión libertaria habría detectado una estructura sobredimensionada, con áreas administrativas superpuestas y escasa articulación entre funciones estratégicas y las necesidades reales del sector industrial. Además, el segundo capítulo del Decreto 462/2025 estableció que los ingresos provenientes de aranceles, tasas, rentas, patentes, derechos intelectuales o aportes de terceros que reciba el instituto pasarán a integrar los recursos del Tesoro Nacional. Asimismo, se habilitó al INTI a crear Centros de Investigación con respaldo técnico o económico privado, siempre bajo control y aprobación estatal. La magistrada Forns detalló en el fallo que "se justifica el dictado de una medida cautelar de no innovar" con el objetivo de "evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo". Así, exigió al Gobierno "que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025" por el plazo de seis meses.
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