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Parana » Plazaweb
Fecha: 30/07/2025 02:02
Barbara Albarenque, abogada y representante de los dueños de Panadería Roma, explicó la situación que enfrenta la firma en charla con el programa Cosas que pasan por Radio Plaza. “Hablamos de una empresa privada con empleo genuino, con años de trayectoria y un legado familiar en Paraná”, indicó. El año pasado, la panadería firmó un contrato de alquiler para abrir una nueva sucursal en calle Echagüe y Alsina, invirtiendo tiempo y recursos en el proyecto. Sin embargo, el propietario del inmueble, una persona particular, falleció meses después sin herederos, lo que convirtió el local en una herencia vacante. Estas herencias quedan a favor del Estado y son administradas por el Consejo General de Educación (CGE), que ahora exige la rescisión anticipada del contrato. Históricamente, la provincia no había intervenido en estos casos, pero ahora el CGE quiere el desalojo del local, situación que amenaza la continuidad del negocio y el empleo. “Si les rescinden el contrato, tienen que despedir a todos los empleados y cerrar la sucursal”, advirtió la abogada. Riesgo para el empleo y la inversión realizada Ante esta situación, la empresa inició un procedimiento preventivo de crisis, provocado no por causas internas, sino externas, para proteger a los trabajadores. “Los empleados recibirían una indemnización del 50%, pero claramente no es la intención cerrar el negocio”, sostuvo Albarenque, quien destacó que el objetivo es continuar con el contrato vigente hasta 2026. Consultada sobre un posible traslado de la sucursal en caso de que el desalojo se concrete, la abogada reconoció que sería “una consecuencia nefasta”. La inversión realizada en maquinaria y refacciones no podría sostenerse en otro lugar, y el cierre pondría en riesgo el empleo de 10 trabajadores. Además, recordó que el CGE envió un aviso de desalojo con un plazo de apenas 10 días, una medida “completamente desproporcionada” que no respetó el contrato de alquiler vigente. Reacción de los dueños y búsqueda de diálogo La notificación de desalojo fue recibida por los dueños de la panadería, generando sorpresa e impacto. “Se inició el procedimiento preventivo de crisis y se solicitó una conciliación con la Secretaría de Trabajo para que haya alguna respuesta desde el Estado”, explicó la representante legal. Mientras tanto, la sucursal continúa funcionando y los empleados mantienen su actividad con la esperanza de que se fije una fecha de conciliación y se llegue a una solución. “La intención es continuar cumpliendo el contrato y que se tome conocimiento público para que el gobierno intervenga”, añadió. La sucursal fue inaugurada en enero de 2024, apenas hace un año y medio, y el contrato original vence en diciembre de 2026. Por eso, la empresa busca cumplirlo y evitar el desalojo. Análisis legal y posibles escenarios Desde el punto de vista legal, este caso es “muy fortuito” y difícil de prever. “Nadie imaginaría que una herencia vacante derivaría en esta situación para un negocio que genera empleo genuino”, señaló Albarenque. El mejor escenario sería completar y eventualmente prorrogar el contrato, en beneficio del sector privado y los trabajadores. En cambio, el peor panorama es el desalojo inmediato, lo que obligaría a la empresa a cumplir sus obligaciones contractuales mientras enfrenta la incertidumbre.
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