21/07/2025 22:08
21/07/2025 22:05
21/07/2025 22:05
21/07/2025 22:05
21/07/2025 22:04
21/07/2025 22:02
21/07/2025 22:01
21/07/2025 22:00
21/07/2025 21:58
21/07/2025 21:56
Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 21/07/2025 12:42
Además de los derechos de exportación, el agro entrerriano sufre impuestos récord y caminos intransitables. Las promesas del gobierno provincial no logran tapar el barro que pisa la producción. La palabra de José Colombatto, de CRA, y de Matías Martiarena, de Federación Agraria. Lunes, 21 de Julio de 2025, 6:05 Redacción EL ARGENTINO Entre Ríos produce casi el 3 % del PBI nacional, apalancada por un agro que en 2024 generó exportaciones por más de 79 mil millones de dólares. Sin embargo, los productores enfrentan una presión impositiva agobiante que se incrementó durante la actual gestión. El gobernador Rogelio Frigerio anunció a inicios del año pasado que destinaría el 50 % del Impuesto Inmobiliario Rural a obras viales y en marzo de este año prometió elevar esa cifra al 100 %. En los papeles, eso representa más de $10.000 millones anuales para reparar 30.000 kilómetros de caminos. Pero, según datos oficiales, sólo se licitaron obras sobre 16.000 kilómetros y menos del 30 % de lo recaudado se ha ejecutado efectivamente en obras. A esto se suma la incertidumbre fiscal. La comisión creada con las entidades rurales para revisar los impuestos provinciales aún no emitió ningún decreto reglamentario. Mientras tanto, la liquidación 2025 llegó con subas nominales de hasta 160 %. El efecto: la presión tributaria sigue intacta. La falta de financiamiento para el sector es otro de los puntos críticos en la actualidad. Mientras que, durante la sequía que se extendió desde el 2020 al 2023, una de las secas más importantes en toda la historia argentina, el gobierno provincial otorgó créditos a tasa cero a los productores afectados -beneficiando a sectores como la lechería, apicultura, ganadería y citricultura-, en la actualidad no existen líneas provinciales de asistencia efectiva. Situación que se complejiza con la caída de precios internacionales de algunos granos, especialmente de la soja y sus derivados. Caminos, sin solución Durante la gestión 2015–2023, la presión impositiva provincial sobre el agro era menor. Entre 2017 y 2019, Entre Ríos adhirió al Consenso Fiscal nacional y comenzó a reducir alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos. Además, impulsó créditos a tasa cero para sectores afectados por inundaciones y sequías. En cuanto a infraestructura, la provincia firmó en 2022 un acuerdo con la CAF para financiar con USD 38 millones obras rurales claves en Nogoyá, Paraná y Diamante. Además, con apoyo nacional, se invirtieron más de $3.300 millones en mejoras de rutas y compra de maquinaria, incluyendo los accesos a Viale, Aldea San Rafael y tramos estratégicos, como la RP 32–34. (Fuente: Gobierno de Entre Ríos y CAF) Frente a esto, la actual gestión de Frigerio sólo ha esbozado un fideicomiso rural y propiciado la creación de consorcios camineros. Pero el impulso real no llega: falta maquinaria, operarios y recursos, y los caminos continúan intransitables. Respecto a la situación de los caminos rurales, José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), reconoció el “esfuerzo” de volcar el 100% del Impuesto Inmobiliario a su mantenimiento, “pero no alcanza”. Ya que “es tal la desidia, en el personal, en la falta de mantenimiento de maquinaria; quizá hay buenas intenciones, pero el problema de fondo persiste. Creo que hay que repensar una Vialidad más moderna”. “En algunas zonales hay mucha gente, pero no hay maquinista, o de las seis maquinas que hay, cinco están rotas. La provincia sabemos que no está pasando una situación preponderante en lo económico, no hay mucha inversión en Vialidad, y no alcanza para la red vial que tiene la provincia de Entre Ríos. Eso crea un enorme problema, porque los caminos son la columna vertebral de la producción y, a nivel poblacional, hay mucha gente que decide vivir en el campo y no puede”, remarcó el productor entrerriano, en diálogo con EL ARGENTINO. “Un empleado de vialidad arranca a las seis, desde que se organiza llega al camino a las 10 y está hasta las dos de la tarde. Son pocas horas las que se destinan a arreglar un camino puntual”, apuntó el vicepresidente de CRA. Y agregó: “Hay muchas maquinarias rotas, conseguir un repuesto es muy burocrático, y nos encontramos que, de acuerdo a la voluntad del jefe de Vialidad, hay zonas que funcionan y otras que no. Lo central es que Vialidad no funcionan como nosotros queremos”. Por su parte, Matías Martiarena, director del Distrito III de la Federación Agraria Argentina (FAA), dijo que “todavía las respuestas no se han visto” y apuntó a la “maquinaria totalmente obsoleta”. “En el departamento Gualeguaychú creo que andan tres máquinas para 23.000 kilómetros”, cuestionó. “Se están armando distintos mecanismos, como consorcios camineros, que brindan algunos parches, pero se necesitan soluciones de fondo y la deuda todavía sigue siendo importante. Ni hablar lo que es la infraestructura a nivel nacional, las rutas están hechas un desastre todas”, remarcó. “Provincias como Córdoba funcionan bien, porque toda la red vial está a cargo de consorcios camineros, pero en Entre Ríos cuesta mucho poder encontrar a las 23 personas necesarias para conformar un consorcio y que se pueda realizar. En el corto plazo lo que se necesita es conseguir la maquinaria, conseguir los fondos, desburocratizar las cosas. Porque, para arreglar una alcantarilla de 3 o 4 tubos de 1,50 de diámetro, estamos hablando de un costo de 25 o 30 millones cada tubo, pasan 3 o 4 meses para dar una solución”, enfatizó el referente de la FAA. Retenciones que van y vienen: promesas que no llegan El retorno de las retenciones anunciado por el gobierno nacional golpeó con fuerza al campo entrerriano. En enero 2025, el presidente Javier Milei había suspendido temporalmente las alícuotas, pero en junio firmó el decreto 439/2025 que restableció el 33 % a la soja y 12 % al maíz y al sorgo. La Mesa de Enlace reaccionó con un duro comunicado y el gobernador Frigerio apenas se limitó a “acompañar el reclamo”. En esa coyuntura, el productor mediano vuelve a quedar en el medio: sin alivio nacional, sin financiamiento provincial y atrapado entre el barro y los boletines oficiales. Al respecto, Colombatto remarcó el “momento de zozobra” que atraviesa la producción de soja y maíz: “El productor mantenía la ilusión de que el presidente iba a seguir con la tendencia a la baja, para tener un horizonte más claro, pero se empezó a desanimar porque siente que, siempre, el color político que esté gobernando vuelve a meter manos sobre el campo, pareciera que fuera la única caja”. “El presidente venía prometiendo en campaña que estaba en contra (de las retenciones), pero nosotros lo que queremos es que lo que se dice la teoría se vea un poco más en la práctica. Volver a las retenciones del 33% a la soja, le quita un 10% al productor”, criticó Colombatto. En esta misma línea, Martiarena aseguró que, en la actualidad, “el mayor problema del sector es la falta de rentabilidad”. Y ejemplificó: “Estamos en un costo de rinde de 2.900 kilos y en la provincia tenemos un rinde promedio de 2.200 kilos. Entonces estamos en un desfasaje, y hay quienes pueden sostenerlo y quienes no, que son los más chicos”. “El presidente en su campaña avizoró que las retenciones iban a bajar, que la presión fiscal iba a disminuir, y esas cosas no han pasado. Nosotros pedimos que no suban y que empiece a haber un esquema de reducción sostenido en el tiempo, eso también te marca la previsibilidad de un sistema productivo”, indicó, en diálogo con EL ARGENTINO. Al tiempo que recordó el proyecto presentado por la FAA en el Poder Legislativo: “estipula una reducción progresiva en cinco años, donde las primeras 300 toneladas sean libres de retenciones el primer año; en el segundo, las primeras 600 para todos los productores. Y así, sucesivamente, hasta eliminarlas el quinto año”. El agro entrerriano es demasiado vital para seguir postergado. Mientras la Nación reinstala retenciones y la Provincia repite anuncios sin ejecución, los productores enfrentan deudas, rindes ajustados y una red vial devastada. Hoy, los anuncios de Frigerio chocan con el barro de la producción. Sin infraestructura ni alivio real, Entre Ríos corre el riesgo de sembrar frustración y cosechar abandono. La deuda del Estado con el campo no es ideológica: es de obra, de gestión y de resultados concretos.
Ver noticia original
 300 x 300 px.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por