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» SL24
Fecha: 18/07/2025 21:10
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp En un fallo trascendental, la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal dispuso la suspensión del Decreto 340, que modificaba sustancialmente las condiciones de operación para la marina mercante argentina. Esta decisión, tomada por el juez Enrique Alonso Regueira, se fundamentó en los cuestionamientos planteados por actores clave del sector que consideraron vulnerados sus derechos constitucionales. El Decreto 340, emitido por el Poder Ejecutivo Nacional, implicaba modificaciones profundas en la normativa vigente sobre transporte marítimo y fluvial, estableciendo nuevos requisitos regulatorios que afectaban directamente a las empresas nacionales del sector. Entre sus disposiciones más polémicas se encontraban cambios en los esquemas tarifarios, permisos de navegación, y en las condiciones laborales de las tripulaciones argentinas. El fallo judicial, que lleva la firma del juez Regueira, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por un conjunto de empresas navieras argentinas, que adujeron que el decreto atentaba contra la estabilidad jurídica, económica y operativa del sector. Estas empresas sostuvieron que la implementación del Decreto 340 provocaría una situación de desventaja competitiva frente a empresas extranjeras, con efectos perjudiciales en la economía nacional y regional, particularmente en los puertos de Rosario y el Cordón Industrial, que dependen significativamente del tráfico marítimo y fluvial para su desarrollo económico. La argumentación judicial destacó especialmente que la aplicación del decreto podría afectar directamente el empleo de miles de trabajadores argentinos del sector marítimo, al introducir condiciones más restrictivas para la navegación nacional, mientras flexibilizaba las condiciones para embarcaciones extranjeras. Según el dictamen del magistrado, esta situación no solo vulneraba derechos laborales, sino que también ponía en riesgo la continuidad operativa de empresas locales, clave para el sostenimiento económico de diversas regiones del país, incluyendo los puertos del complejo agroexportador de la región. El fallo remarca además la ausencia de un adecuado proceso de consulta previa con los actores involucrados, una obligación constitucional y regulatoria que el gobierno nacional no habría cumplido debidamente al emitir el Decreto 340. En este sentido, la justicia exhortó al Poder Ejecutivo a abrir instancias reales y efectivas de diálogo con representantes del sector marítimo nacional, con el objetivo de lograr un consenso sobre las reformas necesarias para el sector, asegurando tanto la competitividad como la sustentabilidad de la marina mercante argentina. La medida judicial tendrá efectos inmediatos, dejando sin efecto la implementación del decreto hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo planteada en la demanda principal. Esto implica un retorno temporal a la regulación previa, otorgando un alivio momentáneo a las empresas locales que ya habían manifestado públicamente la imposibilidad de afrontar las nuevas condiciones operativas impuestas por el decreto. Desde las cámaras empresariales del sector se celebró la decisión judicial, destacando que permite un período de transición y diálogo, indispensable para redefinir de manera consensuada el futuro regulatorio de la marina mercante argentina. Sin embargo, desde el gobierno nacional se adelantó que apelarán la medida, argumentando la necesidad de modernizar el marco regulatorio para hacer frente a los desafíos del transporte internacional y la logística global. La suspensión del Decreto 340 abre un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación del transporte marítimo y fluvial en Argentina, poniendo en agenda la importancia estratégica del sector y la necesidad de políticas públicas que equilibren competitividad internacional con desarrollo económico nacional. La atención del sector marítimo, fluvial y portuario estará ahora centrada en el desarrollo del proceso judicial y las instancias de negociación entre el Estado y las empresas del sector, cruciales para definir el futuro operativo y económico de la marina mercante argentina.
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