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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 13/07/2025 04:41
La jueza estadounidense Loretta Preska lleva adelante la demanda por la expropiación de YPF El Gobierno argentino se enfrentó en los últimos días a una nueva etapa crítica en el juicio por la expropiación de YPF, la cada vez más problemática causa que se tramita en el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de Loretta Preska. Y las horas que vendrán prometen ser más intensas aún. Se trata de una demanda que lleva 10 años, por la que el Estado argentino ya fue condenado hace dos años a pagar USD 16.000 millones por haber expropiado mal la empresa en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta. Ahora, la gestión de Javier Milei espera nuevas malas noticias desde Manhattan, como adelantó Infobae días atrás. Después del fallo adverso en primera instancia, en 2023, Argentina apeló y ese es un expediente de trámite lento en el que no hay mayores novedades aún. En paralelo, Burford Capital, el bufete de abogados inglés que compró los derechos a litigar en este caso y que es el principal beneficiario de la sentencia, presentó una serie de medidas para intentar cobrar (y también, seguramente, para meter algo de ruido para llamar la atención de Milei y sus funcionarios). La Justicia estadounidense así lo permite: la apelación no frena la sentencia, que se puede ejecutar en cualquier momento. La expropiación de YPF se hizo en 2012, pero sólo se le pagó a la española Respsol y no a los otros accionistas Burford -al que muchos lo definen como un “fondo buitre” por su estrategia y accionar, aunque técnicamente no lo sea- pidió embargos, que se estudie si el Estado local y la empresa son “lo mismo” (la figura del alter ego) y hasta exigió quedarse con las acciones de YPF en manos de Argentina (51%) como parte de pago. La aceptación de este último reclamo, el 30 de junio pasado, por parte de Preska fue una verdadera “bomba”. Hace dos semanas que el tema está instalado y el Gobierno, en medio de una semana política de alta tensión legislativa, salió a hablar de la causa. A lo largo de los 10 años que lleva este caso, muy pocas veces las distintas administraciones que gobernaron el país se refirieron a una cuestión siempre presente y molesta. Ahora parece serlo mucho más que luego de la sentencia en primera instancia. El jueves y el viernes hubo una serie de movimientos, presentaciones cruzadas y órdenes en el estrado de Preska, quien definirá mañana cómo deberá seguir la entrega de la mayoría accionaria a Burford. Vale reiterarlo: en el Gobierno no son nada optimistas. Semana movida Preska decidirá este lunes si suspende su propia orden de entregar las acciones a Burford mientras Argentina apela, pero su decisión de que eso ocurra está firme. En un gesto que algunos vieron como un desaire, el país acudió directamente a la Corte de Apelaciones. Burford Capital cotiza en Wall Street y Londres (Crédito: Burford Capital) ¿Qué se espera de la decisión de Preska de mañana? En medio de un amplio menú de opciones, que puede haberse alterado con las idas y vueltas de fines de la semana pasada, la jueza podría aceptar el stay, un freno momentáneo a su propia decisión. Puede hacerlo sin más o pedir garantías para conceder el beneficio. Eso es igual a un depósito de dólares u otros activos. Sería un problema porque en situaciones anteriores el Estado no optó por conceder ese tipo de garantías y, además, Burford argumenta que buscó, pero no encontró en otros países activos locales que puedan ser embargados. Un paso más sería, directamente, exigirle al país esa garantía: el no cumplimiento inmediato representaría un desacato. En ese escenario de máxima con “condiciones”, están centradas las preocupaciones del Gobierno, como quedó plasmado en una de las presentaciones de la semana pasada. “La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Cristina Kirchner era presidenta y el impacto a nivel mundial fue mínimo porque estábamos aislados del mundo. Ahora sería diferente. Entiendo que antes van a tratar de frenar el tema, si no es negociando con algún depósito. Es correcto agotar todas las vías legales, pero mientras tanto se debería hacer algún tipo de control de daños. No es debilidad sentarse a negociar, todo lo contrario. Es mostrar que interesa resolver un problema”, destacó Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, uno de los especialistas que sigue el caso desde su inicio. “Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos” (fuentes oficiales) Hay otra opción intermedia que podría estar sobre la mesa: una suerte de garantía “congelada”: se deposita una suma importante en bonos en lo que se llama una escrow account (una cuenta especial en EEUU que maneja la Corte) y se frena la entrega de acciones hasta que haya una resolución o una eventual negociación. No es un pago y requiere de autorización del Congreso. Enojo oficial En medio de las tensiones y el malestar creciente por el caso, el Gobierno puso en la mira a quienes denomina “buitres domésticos”. Políticos, analistas, empresarios y exfuncionarios integran la lista. El más notorio de los señalados por LLA es el gobernador Axel Kicillof, quien como viceministro de Economía encabezó la expropiación en 2012 y días atrás defendió el proceso que terminó en la condena multimillonaria. “Alimentan los buitres con la mano. Argentina no va a renunciar a su derecho a la defensa. Vamos a agotar todas las instancias judiciales para defender los intereses de todos los argentinos”, prometen desde Casa Rosada. 27/02/2014 El ministro de Economía de Argentina, Axel Kicillof ECONOMIA SUDAMÉRICA ARGENTINA INTERNACIONAL TÉLAM “Son indignantes las operetas de los ‘buitres domésticos”. Deberían llamarse a silencio. En la presentación que hacen los demandantes hay un anexo enorme donde, textualmente, van poniendo lo que dijo Kicillof. Usan su defensa en contra del país, parecen no necesitar otros argumentos. Además, por distintas vías, se intenta instalar que hay grietas entre los funcionarios que están a cargo de fijar las estrategias para este caso y ocurre todo lo contrario, hay un gran trabajo en equipo y alineación total”, agregaron. Cerca de Burford están convencidos de que el Gobierno, en algún momento -piensan que será más temprano que tarde- deberá entablar algún tipo de negociación. Y no dejan de estar sorprendidos, a pesar de los años transcurridos, de que no se haya hecho antes. “Se sentaron con los bonistas, con el FMI, con todos. Burford no es un fondo buitre y tienen una sentencia multimillonaria a su favor. Quieren mostrar los dientes y es un Gobierno presionado, pero en algún momento van a tener que conversar”, dijeron allegados. Seis argumentos El jueves pasado, Argentina inició el proceso formal de apelación a la orden dictada por Preska sobre la entrega de las acciones de YPF (mientras la jueza analizaba otro pedido: suspender su propio fallo). “La última vez que Argentina estuvo en desacato con una corte de EEUU ya estábamos en default. Ahora sería diferente” (Maril) Cómo Preska convocó a las partes a una audiencia el martes para otro capítulo de la demanda, el alter ego, Argentina entendió que se iba a demorar su primer pedido y acudió directamente a la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito. En todos los escritos dejó claro que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de EEUU si la Cámara de Apelaciones no suspendiera la orden antes del lunes 14 de julio. Estos son los 6 argumentos centrales de la Procuración del Tesoro en el caso YPF, en este momento: Violación del derecho internacional. La orden de entrega de las acciones de YPF viola el derecho federal norteamericano, la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) y principios de cortesía internacional. Afecta a la soberanía. La orden obliga a Argentina a actuar en violación de su propia ley (que prohíbe la transferencia de las acciones sin una mayoría calificada del Congreso) o modificar su legislación, afectando gravemente su soberanía y generando un precedente de injerencia judicial sin precedentes. Genera un daño irreparable. Argentina perdería el control mayoritario sobre su principal empresa energética, lo que provocó serios daños al país y a YPF. Falta de perjuicio para los demandantes. Los actores no sufrirían ningún daño con una suspensión, ya que las acciones no pueden transferirse sin la aprobación del Congreso argentino. Apoyo del gobierno de EEUU. El Departamento de Justicia estadounidense respaldó la posición de Argentina mediante una Declaración de Interés. Interés público y orden económico. La suspensión protege a YPF, a sus accionistas minoritarios, empleados, provincias productoras de hidrocarburos y la economía argentina en general. También evita que un tribunal de EEUU intervenga de forma apresurada y sin precedentes en la estructura soberana y económica de un Estado extranjero. No son argumentos nuevos: Preska ya los consideró a todos. ¿Podría hacerlo nuevamente de manera diferente? Sí, podría, pero las chances parecen muy bajas. El origen El juicio se inició a partir de la decisión del Gobierno argentino, en 2012, de expropiar el 51% de YPF que estaba en manos de Repsol. En ese momento, la administración de Cristina Fernández de Kirchner aprobó una ley en el Congreso que autorizó la operación, en base a un supuesto interés nacional. Sin embargo, según la estructura legal de la empresa, cualquier adquisición de ese tipo requería una oferta pública de adquisición a todos los accionistas minoritarios. Burford Capital y Eton Park, que luego adquirieron los derechos litigiosos, argumentaron que la Argentina no cumplió con ese paso obligatorio. En consecuencia, comenzaron una demanda en Nueva York, con el objetivo de obtener una compensación por la supuesta violación de las normas societarias establecidas en el estatuto de YPF. En septiembre de 2023, Preska falló en contra de país, determinando un pago de USD 16.000 millones por no haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) al momento de expropiar la empresa. En ese dictamen, la jueza consideró que la conducta del Gobierno argentino vulneró las reglas corporativas de la petrolera y perjudicó a los accionistas privados. Más allá de los motivos y de conveniencia o no de que la petrolera está en manos del Estado -de cara al boom de Vaca Muerta no son pocos los que creen que debe tener mayoría estatal-, se hizo con un proceso indebido. Una mala praxis expropiatoria de hace 23 años por la que el Estado argentino fue condenado a pagar una millonada que está lejos de tener. En medio de presentaciones técnicas y argucias legales, la cifra de la condena inicial está “viva”: por los intereses, ya superó los USD 17.000 millones y suma al menos otros USD 2,5 millones por cada día que pasa sin resolución la ya vieja causa YPF.
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