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» SL24
Fecha: 08/07/2025 18:40
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp El dinero se depositará en la cuenta judicial habilitada en el Nuevo Banco de Santa Fe, sucursal Reconquista. Según dispuso la resolución, el 25% de ese monto se retendrá en carácter definitivo para cubrir gastos de justicia y publicación de edictos, mientras que el 75% restante será devuelto –con intereses– a quienes no resulten adjudicatarios. En caso de no cumplir con este requisito en el plazo establecido, los interesados quedarán excluidos sin recurso del proceso. Gigantes globales y jugadores locales en la lista En total, 11 empresas se inscribieron en el cramdown. Entre los pesos pesados se destacan Bunge, Viterra, Molinos Agro, ACA, Grassi y LDC Argentina (Louis Dreyfus Company). También figuran Unión Agrícola de Avellaneda, Atilio Marotte, Yabitel SA, Barbero Cereales SAU y Bioenergías Agropecuarias SA. Sin embargo, Cargill, Cofco y ADM –tres de las mayores multinacionales agroexportadoras– decidieron no participar. El juez designó como evaluador a Marinozzi-Mazzitelli & Asociados SRL (Russell Bedford Argentina), encabezada por el CPN Juan José López Forastier, quien tendrá hasta el 27 de agosto para presentar la valuación de los activos y acciones de Vicentin. Los acreedores, oferentes y la propia empresa podrán realizar observaciones a la valuación en un plazo de cinco días, y luego se dictará sentencia inapelable sobre el valor de las acciones. Cronograma y procedimiento del salvataje Tras la valuación y su confirmación, se abrirá un plazo de 30 días para que los oferentes presenten sus propuestas de salvataje con la adhesión de los acreedores, pudiendo utilizar la plataforma digital habilitada en el sitio oficial del concurso (www.concursopreventivovicentin.com.ar). El primero en lograr las conformidades necesarias será adjudicatario del proceso. Además, cinco días antes del vencimiento se realizará una audiencia informativa, que podrá ser presencial o virtual. El proceso estipula que si la valuación da positiva (superior a cero) y el adjudicatario es un tercero distinto de la propia Vicentin, deberá depositar el saldo correspondiente dentro de los diez días posteriores a la homologación del acuerdo. Mirá también Vicentin: se cierra la inscripción al cramdown con 11 interesados y LDC se suma a la pelea Acceso a la información y visitas a las plantas La resolución garantiza que todos los inscriptos habilitados puedan acceder a la información contable, financiera y operativa de la empresa, incluyendo la posibilidad de visitar plantas industriales y dependencias de Vicentin y sus sociedades vinculadas, bajo acuerdos de confidencialidad y coordinación con los interventores judiciales. La pregunta que nadie responde: ¿qué pasa si la Corte Suprema falla? En paralelo al cramdown, sigue pendiente el recurso de queja que presentó Vicentin ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal aún no decidió si acepta o rechaza el recurso. Mientras tanto, el proceso de cramdown avanza con plazos estrictos, depósitos millonarios y posibles adjudicaciones. Esto abre un interrogante clave que hoy sobrevuela todas las mesas de abogados y analistas del sector agroindustrial: ¿Qué sucede con los $1.100 millones depositados por los interesados si la Corte Suprema resuelve a favor de Vicentin y revierte el proceso de cramdown? ¿Qué pasa si el proceso llega a adjudicación y luego el máximo tribunal deja sin efecto la sentencia que abrió el salvataje? Hasta ahora, no hubo respuestas claras ni de la justicia santafesina ni de los equipos legales involucrados. El escenario genera incertidumbre para los oferentes, que deben inmovilizar un monto millonario en un proceso de alto riesgo judicial y político, mientras Vicentin sigue su estrategia en la Corte para intentar recuperar la exclusividad y evitar la pérdida del control. Un concurso eterno y estratégico La causa Vicentin ya lleva más de cuatro años y se convirtió en uno de los procesos concursales más extensos, complejos y de mayor impacto económico de la historia argentina. Con más de 1800 acreedores y deudas superiores a los 1500 millones de dólares, su definición es clave no solo para los dueños de la firma, sino para la agroindustria nacional y global. Mientras tanto, la agroexportadora continúa operando bajo administración de interventores judiciales y el futuro de su patrimonio, su red de acreedores y su participación estratégica en la hidrovía Paraná-Paraguay sigue en suspenso, a la espera de un fallo que podría reconfigurar todo el tablero.
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