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» Diario Cordoba
Fecha: 09/07/2025 00:04
Uno de los motivos que llevaron la pasada semana a las asociaciones de jueces y de magistrados mayoritarias así como a la Asociación de Fiscales y a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales a una inédita huelga fueron los cambios propuestos por el Gobierno en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que afectan al nombramiento, a la organización interna y a las funciones de la fiscalía. El Gobierno pretende modificar el nombramiento del fiscal general del Estado alterando las exigencias y dando mayor protagonismo al Ejecutivo, algo que es interpretado como un intento de aumentar la influencia política sobre él. Asimismo, se plantea introducir cambios en los requisitos y procedimientos para acceder a la carrera fiscal, lo que ha generado preocupación por la calidad profesional y la independencia de los nuevos fiscales. También propone una reestructuración interna de la fiscalía con el objetivo de modernizarla y hacerla más eficiente, cosa que es vista como un afán de centralización y de limitación de la autonomía de los fiscales. Además, trata de regular con mayor detalle las actuaciones del ministerio fiscal, especialmente en casos de relevancia pública, un intento que es percibido como una vía que puede ser utilizada para limitar la libertad y la imparcialidad de los fiscales, particularmente en casos de corrupción u otros delitos sensibles. A lo que hay que añadir que la reforma también plantea que la instrucción penal pase a depender exclusivamente del ministerio fiscal en vez de recaer en los jueces de instrucción, como ocurre hasta ahora, una propuesta que ha generado muchas suspicacias dada la dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno y en un momento en el que hay en marcha diversas instrucciones judiciales que afectan a personas vinculadas al Gobierno, al PSOE y al entorno del presidente. Y más teniendo en cuenta que aunque se propone desvincular al fiscal general del Estado con un mandato que se extenderá por cinco años y que se eliminará la posibilidad de cesarlo por pérdida de confianza, lo cierto es que no está previsto que la reforma entre en vigor hasta enero de 2028. Es decir, que no afectaría al actual Fiscal que está en una situación comprometida. Porque no hay que olvidar que el Fiscal General del Estado está siendo investigado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo que alimenta la sospecha de intencionalidad política. El fiscal, sin embargo, se niega a dimitir y el Gobierno mantiene su confianza en él. Una circunstancia completamente anómala porque es el superior jerárquico del órgano que lo debería acusar y porque compromete el prestigio de la institución y su presunción de imparcialidad. Y precisamente en un momento en el que el partido de gobierno se ve acechado por diversos frentes judiciales tiene la apariencia de estar a su servicio. *Profesora de Ciencia Política de la Universidad de Valencia
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