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» Diariopinion
Fecha: 07/05/2025 00:58
En 2003, la Legislatura de Formosa —tristemente célebre por ser la más cara del país— protagonizó uno de los atropellos institucionales más vergonzosos de la historia democrática provincial: la expulsión exprés y sin derecho a defensa del entonces diputado provincial Benito "Beto" Aranda, apenas horas antes del inicio de la Convención Constituyente que terminó habilitando la reelección indefinida de Gildo Insfrán. El diputado provincial Beto Aranda, reconocido hombre de la cultura formoseña y radical con firme vocación opositora, había sido electo convencional constituyente. Pero su postura crítica frente al intento de perpetuación en el poder del gobernador le costó el cargo: la bancada del PJ, bajo el control de de Gildo Insfrán, impulsó su inmediata expulsión del cuerpo legislativo, alegando una supuesta "incompatibilidad de funciones". El diputado había solicitado formalmente una licencia para asumir como convencional, tal como corresponde en un sistema democrático. Pero la Legislatura —en una maniobra fulminante— rechazó su pedido el mismo día en que fue proclamado, y lo expulsó sin permitirle defenderse ni optar por conservar alguno de los dos cargos. Fue un despojo institucional en toda regla, que le arrebataron dos años y medio de mandato como diputado provincial, pero tampoco pudo asumir como Convencional Constituyente. "Es un absurdo total. Una muestra del autoritarismo y un castigo al rol opositor que he llevado adelante en estos años", denunció Aranda en declaraciones al diario La Nación. "Acá hay una dictadura, es una democracia sólo formal", agregó con crudeza. El escándalo provocó una fuerte reacción de la Unión Cívica Radical, tanto a nivel provincial como nacional. El partido resolvió que sus legisladores no participaran de las sesiones de la Legislatura ni de la Convención hasta tanto se restituyera la banca a Aranda. La bancada justicialista, por su parte, defendió la maniobra. "El legislador incurrió en un claro caso de incompatibilidad", declaró entonces el diputado Jorge Ibáñez (hoy vitalicio ministro de Economía de la provincia), aludiendo a la aceptación del diploma como constituyente como motivo suficiente para su destitución. Lo más llamativo fue la actitud del reemplazante de Aranda en la banca, el también radical Andrés Peyró (amigo personal de Gildo Insfrán), quien lejos de solidarizarse, calificó de "acertada" la expulsión, y asumió con el aval del oficialismo. Un gesto que aún hoy es recordado como una claudicación política. El caso Aranda simboliza el abuso del poder como herramienta disciplinadora contra toda disidencia. en Formosa, cuando se trata de perpetuarse, el régimen no escatima métodos ni escrúpulos. A veinte años de aquel golpe institucional, el fantasma de Aranda vuelve a recorrer los pasillos de la Legislatura. Y esta vez no como memoria, sino como advertencia. Porque la actual diputada provincial Gabriela Neme acaba de confirmar, en exclusiva a Radio Parque, que será candidata a convencional constituyente para enfrentar la nueva reforma convocada por Insfrán, y lanzó un desafío directo al poder: "Sí, voy a ser Constituyente. Y lo espero a Insfrán, a que me venga a sacar la banca. Que haga lo mismo que hizo con Beto Aranda, lo estoy esperando", disparó. La declaración de Neme marca un punto de quiebre. La diputada no solo anticipa una batalla frontal contra el intento oficialista de reinstalar la reelección indefinida, sino que pone sobre la mesa el antecedente de 2003 como prueba del modus operandi del régimen: eliminar sin miramientos a todo aquel que se interponga en su afán de perpetuidad. La historia vuelve a repetirse, aunque esta vez con una advertencia: hay quienes no están dispuestos a ceder ni a callar.
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