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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 06/05/2025 14:13
De ANÁLISIS El Tribunal de Cuentas presentó en el Ministerio Público Fiscal un documento de 21 páginas al que accedió ANÁLISIS. Allí se detallan las irregularidades detectadas por la Comisión Fiscalizadora del Iosper en relación a la provisión de insumos por parte de la Asociación de Proveedores de Ortopedia, uno de los principales proveedores de la institución. Se adjuntaron tres anexos documentales en los que se da cuenta de un “perverso sistema dilatorio” de los trámites “atendiendo las posibilidades económicas del prestador”, llevado adelante “en connivencia entre las partes”. En un informe suscripto por la Comisión Fiscalizadora del Iosper se explicó que, luego de la intervención, y ante la existencia de numerosos reclamos, se requirió documentación del Área Prestacional de la obra social. De allí surgieron irregularidades en la entrega de prótesis por parte de la Asociación de Proveedores de Ortopedia, Cirugía e Insumos de Entre Ríos (Apocier). A diciembre de 2024 eran 1.022 los trámites pendientes. En la presentación se indicó que el mecanismo de contratación de la Apocier fue por cápita, una modalidad de pago en la que se establece una suma fija por el universo de beneficiarios, asumiendo cada parte el riesgo ante eventuales pérdidas. Sintéticamente, si hay pocas cirugías, el Iosper paga demás; si hay muchas, el prestador debe hacerse cargo. Y se detalló que, ante un pedido de prótesis, los médicos auditores podían determinar la autorización, el rechazo o mantener la solicitud “en observación”. Ese estado indefinido debía tener como motivación la necesidad de aclaraciones o el requerimiento de documentación faltante, pero los fiscalizadores se encontraron con que había numerosos trámites en esa situación sin razón alguna. Lo que se sospecha es que los auditores dejaban las solicitudes en esa etapa de manera deliberada para facilitar una dilación atendiendo las posibilidades económicas del prestador, no las necesidades del Iosper y mucho menos de los afiliados que esperaban su cirugía. Además, en muchos casos se solicitaba una cotización del elemento en cuestión, trámite que no se correspondía con la modalidad de contratación, lo que extendía aún más el proceso. Según detectaron los fiscalizadores, esas extensiones en los plazos causaban que no se superara el 40 por ciento de pedidos sobre el total de las solicitudes del mes. “Esta connivencia entre el prestador y el Instituto minimizaba los riesgos para el primero de pérdida mensual, proveyendo solo hasta determinada cantidad, desconociendo la letra contractual y sin intimación ni cualquier otro proceso sancionatorio por parte del segundo”, indicaron. “Tal situación expuso a los afiliados a un retraso inusitado de sus respectivas cirugías y al Instituto a un perjuicio económico que deberá ser determinado, en tanto esta demora en los casos en que se encontraban hospitalizados se correspondió con días de pago de los módulos pertinentes”, advirtieron luego. También mencionaron los casos que derivaron en amparos judiciales, cuyo crecimiento fue calificado de “inaudito, frente a la necesidad de ejercer el derecho de cobertura por parte de los afiliados”. En esas oportunidades, Iosper debió asumir los costos del proceso judicial y en ocasiones tuvo que adquirir los elementos en otro prestador, cuando debían ser provistos por estar incluidos en la cápita. En la documentación adjunta se incluyeron listados de la totalidad de las cirugías que no pudieron llevarse a cabo por la falta de provisión de prótesis. Y se sugirió profundizar la investigación para determinar si hubo fallecimientos derivados de la operatoria o casos en los que los afiliados decidieron llevar adelante la intervención con recursos propios. “Claramente lo informado no podía llevarse adelante sin la anuencia de la conducción de la institución, que no solo hizo caso omiso al proceso sancionatorio establecido en el convenio por falta de cumplimiento, con cargos y castigos económicos sobre la facturación del proveedor, entre otras instancias, sino que ideó un perverso sistema dilatorio”, marcaron los fiscalizadores. “Entendemos que la situación no se hubiese podido llevar adelante sin la asociación / connivencia entre ambas partes, proveedor y contratante, para omitir el estricto cumplimiento del contrato firmado”, acotaron. La descripción fue presentada el 1º de abril con tres anexos documentales. En el primero se detallan 29 casos de requerimientos autorizados no llevados a cabo por falta de provisión de insumos. El segundo es similar al anterior, pero con los 420 afiliados que abonan un fondo voluntario para obtener mayor cobertura. Y el tercero con 573 casos puestos “en observación”. En una intervención posterior del Tribunal de Cuentas, el 3 de abril, se dispuso la conformación de una Auditoría Especial y al día siguiente emitió dictamen la fiscal del TdC Nanci Vinagre, quien indicó la formalización de una denuncia penal. También instruyó a la Auditoría Especial para que requiera documentación complementaria a la Comisión Fiscalizadora del Iosper y solicitó a la intervención que informe su se iniciaron sumarios en el ámbito de la obra social para deslindar responsabilidades disciplinarias del personal. Además, pidió que se le informen cuáles fueron las sanciones impuestas a Apocier. Luego del dictamen de la fiscal Vinagre, el presidente del Tribunal de Cuentas, Diego Lara, envió la documentación completa al Ministerio Público Fiscal, donde el procurador general Jorge García deberá decidir si abre o no una investigación penal preparatoria.
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