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Parana » Radio La Voz
Fecha: 20/04/2025 18:55
José Velázquez, defensor de varios imputados que accedieron a Probation antes del inicio del juicio, tras las manifestaciones del gobernador, deseó que las Cámaras abran esta semana la investigación para ejercer el derecho de defensa. Entendió que se deberá analizar cada uno de los 770 contratos que se quieren anular, debatir las formalidades y determinar si eran falsos, y si los contratistas prestaron servicios, con la amplitud que no se tuvo en la instancia penal. José Velázuez, abogado defensor de varios imputados que accedieron a la Suspensión del juicio a prueba o Probation, antes de la remisión de la causa a juicio, celebró la decisión del gobernador, Rogelio Frigerio, de solicitar a la Legislatura la nulidad de 770 contratos sometidos a investigación en la causa conocida como Contratos Truchos en la Legislatura. ¿Juicio? Velázquez recordó que “según la organización prevista por la jueza de Garantías, (N de la R: se trata de la jueza Marina Barbagelta) este martes 22 de abril iniciamos la audiencia con los planteos de exclusión probatoria, luego contesta el Ministerio Público Fiscal (MPF) y luego pasa a despacho para que la jueza resuelva. Acto seguido se continúa con la acusación formal por parte del MPF y, recién allí empieza la parte más engorrosa, se trata de las oposiciones a la elevación a juicio”. El letrado precisó que “sorteada esa etapa, ya en la etapa final, entramos en el tramo de la pertinencia o no de las evidencias o bien, también, el momento de acuerdos probatorios. Por eso insisto, esto antes de la feria tiene que estar terminado, pero ello no significa que, si o si esta causa sea elevada a juicio, esta etapa no es un mero trámite, por eso es mi expectativa de que así, no se puede remitir la causa a juicio”. Buena noticia Velázquez opinó que “las manifestaciones del gobernador respecto a esta causa, para esta parte, fue una buena noticia. Más allá de las vicisitudes propias que tiene poner en funcionamiento su propuesta”. En este sentido entendió necesario aclarar previamente que “conforme al Decreto 604 el Gobernador solicita a las presidencias de las Cámaras de Diputados y Senadores de la provincia, y está bien que sea así, porque en una república democrática como la nuestra, la legislatura es otro poder y el gobernador no puede darle órdenes. Ahora bien, como no hay casuística al respecto tenemos que ser fieles al respeto del estado de derecho. Cada presidente de cada cámara tiene que poner en consideración del cuerpo y es el cuerpo quien en una sesión resuelva mediante resolución ordenar una investigación acerca de la existencia de contratos falsos o truchos. Insisto, el impulso de la investigación no es una potestad exclusiva del Presidente de cada Cámara, sino del cuerpo”. Velázquez expresó que “luego de escuchar las manifestaciones del gobernador, anhelo que esta semana los presidentes de las Cámaras ya pongan en agenda ante el cuerpo la necesidad de abrir esta investigación, porque nos va a permitir a nosotros poder presentarnos y ejercer nuestro derecho de defensa. Vale decir, en esta investigación y proceso judicial, en cada uno de los casi 800 contratos que se quieren anular, se deberá debatir las formalidades, si eran falsos, si prestaron servicios, si eran truchos o no, con la amplitud que no se tuvo en la instancia del proceso penal, más precisamente en la Investigación Penal Preparatoria (IPP). Vale destacar, que cuando el cuerpo ponga en discusión este tema cada uno de ellos –legisladores- podrá indagar e inmiscuirse en todos los detalles como también, en los detalles de la investigación”. En aquella línea insistió en que “es una excelente noticia para nosotros que se discuta las formalidades de los contratos en el ámbito que corresponde y, además, nos da la fuerza convictiva necesaria para la exclusión de todos aquellos prestanombres de los contratos –en el marco de la tesis de fiscalía-, ya que ellos y ellas no podrán ser testigos en un eventual debate, ya que sobre ellos y así como vienen las presentaciones judiciales, no pueden presentarse como testigos idóneos y confiables cuando sobre ellos pesa una acción penal y una acción reintegro por sumas de dinero”. Presunción de legitimidad El defensor señaló que “resuelta mediante resolución del cuerpo la apertura de una investigación administrativa acerca de verificar en ese universo de casi 800 contratos si hubo lesividad, recién ahí se deberá poner en marcha la investigación. No nos olvidemos que estamos en el ámbito administrativo y todo acto administrativo goza de la presunción de legitimidad y ejecutoriedad, solo se puede revocar un acto administrativo siempre y cuando no afecta derechos y garantías, en el caso concreto, mal que le pese a los asesores del gobernador, todas las erogaciones de ambas cámaras tuvieron el respaldo documental, no hubo ni contratos falsos, ni firmas apócrifas, todos los requisitos formales estaban cumplidos”. Velázquez continuó explicando que “luego esta suma de dinero ingresa en el patrimonio de un administrado, de un ciudadano, y a partir de allí ya hay derechos adquiridos, por lo cual, la única forma de retrotraer esos efectos es con una acción de lesividad ante la justicia, más precisamente ante la cámara del contencioso administrativo de Paraná, posteriormente su decisión podría ser apelable ante el STJ en pleno. Recién a partir de allí podemos hablar de la naturaleza de los contratos, es decir si eran truchos o no”. Evitar el escándalo En aquella línea argumental, añadió que “por lo tanto, siguiendo esta línea y cuando sea la oportunidad procesal, tendré que presentar cuestiones previas en la audiencia de remisión a juicio a fin de que evitar lo que comúnmente se llama escándalo jurídico, porque no puede ser que en el ámbito penal se hable de contratos truchos cuando en el ámbito administrativo de la legislatura se hable de contratos reales”. El defensor entendió que “el Derecho es uno solo y se fragmenta a los fines de un mejor abordaje científico o para su experticia en su aplicación. Desde mi lugar, entiendo que el derecho penal no es una isla y la tesis del MPF no es una sentencia ni muchos menos una sentencia firme. Que para el MPF haya contratos falsos o truchos es una tesis, una hipótesis, solo eso, no tiene rango de verosimilitud. A ciencia cierta y, mal que les peses a muchos y muchas, todos son inocentes y no hay contratos truchos. Acá hay mucho humo y poca realidad. La realidad es que estamos ante una discusión ética de alto voltaje político esencial de un sistema democrático. Ahora bien, sino queremos asumir los costos de la democracia es entendible y totalmente discutible, pero no se discute en el ámbito penal sino en el terruño político”.
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