21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
21/04/2025 05:00
Concepcion del Uruguay » Miercoles Digital
Fecha: 20/04/2025 03:51
“Hay una demanda de protección a los derechos ambientales”, sostiene la diputada Lorena Arrozogaray (PJ–MxER), para dar cuenta el origen de la propuesta que impulsa en la Cámara Baja entrerriana que apunta a crear Fiscalías especializadas en la materia. La iniciativa se encuentra en tratamiento en comisiones, donde comenzó la escucha a funcionarios y especialistas en derecho. En diálogo con ERA Verde, la legisladora sostuvo que se trata de una herramienta moderna para abordar casos en los cuales se encuentre vulnerado el derecho a un ambiente sano y que también puede servir a prevenir daños. Señalo que Entre Ríos cuenta con antecedentes de casos en los cuales se ha hecho evidente la necesidad de contar con procuraciones especializadas, ya que la prolongación de los procesos ha demorado las respuestas y reparaciones de los perjuicios. La semana pasada los diputados provinciales comenzaron a debatir el proyecto de ley que propone crear en Entre Ríos la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra el Ambiente. La propuesta es de la diputada Lorena Maricel Arrozogaray (PJ-MxER), y prevé crear dos fiscalías con dos auxiliares cada una. El organismo judicial está pensado en dos sedes jurisdiccionales para atender casos de los departamentos de la costa del río Uruguay y los del río Paraná respectivamente. En el primer caso la Fiscalía de Gualeguaychú tendrá competencia territorial sobre los departamentos Concordia, Villaguay, Federación, San Salvador, Colón, Uruguay, Gualeguaychú e Islas del Ibicuy; mientras que la otra ubicada en la capital entrerriana abarcará los departamentos Paraná, La Paz, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Federal, Feliciano y Tala. Arrozogaray habló con ERA Verde y brindó detalles sobres estas Fiscalías especializadas en atender los delitos ambientales. –¿Cómo se origina la creación de una Fiscalía Ambiental? –El origen de esta iniciativa surge ante la creciente demanda de protección de los derechos ambientales. En Entre Ríos, los delitos ambientales son numerosos y variados, dada la propia geografía y características de la provincia. Ante la cantidad de denuncias por parte de ciudadanos, de ONG ambientalistas y de privados comenzamos a pensar en cómo fortalecer el sistema judicial y administrativo para atender estas problemáticas de forma más eficiente. Empezamos identificando delitos como la contaminación de ríos, suelos y aire; la deforestación ilegal; los incendios forestales intencionales —especialmente en las islas—; el tráfico ilegal de flora y fauna, y también otros como el avance irregular de la frontera agropecuaria o la realización de obras sin los correspondientes estudios de impacto ambiental. Esto nos motivó a dialogar con distintos actores del ámbito judicial, y fue así como surgió la idea de crear fiscalías ambientales, entendidas como una herramienta jurídica moderna. Tener la posibilidad de contar con fiscalías especializadas que lleven adelante el debido proceso acortaría los plazos administrativos porque hay temas para los que se necesita muchísima investigación por todo lo que implican algunas temáticas que son nuevas. Si existiera un delito y no se cuenta con un dictamen en un tiempo prudencial el daño ambiental que se genera es gravísimo y, en esos casos, la reparación ambiental es muchísimo más compleja. Actualmente, ya hay al menos cuatro provincias que han implementado Fiscalías de este tipo de forma muy efectiva. Así nació este proyecto, que presenté el año pasado y que ahora está siendo tratado por primera vez en la comisión correspondiente. –¿Qué funciones se le asigna a estas fiscalías? –Ambas fiscalías –la de Paraná y Gualeguaychú– tendrán como funciones investigar y prevenir situaciones que afecten el ambiente, promover la acción penal ambiental y dirigir la investigación preparatoria. También podrán impartir instrucciones a los organismos competentes para que se tomen medidas destinadas a cesar o mitigar el daño ambiental. Celeridad –¿Cómo se conforma el equipo? ¿Quiénes coordinará las investigaciones? –Cada Fiscalía estará a cargo de un fiscal ambiental: uno por cada costa. Estos fiscales estarán asistidos por un cuerpo técnico de investigación científica, compuesto por profesionales con formación universitaria en disciplinas ambientales y una experiencia no menor a cinco años en el ejercicio de la profesión. Este cuerpo técnico tendrá como tarea colaborar en los análisis científicos, la elaboración de informes y dictámenes, y en la producción de pruebas necesarias en los procesos judiciales. Su intervención será clave para que los procesos judiciales avancen con mayor celeridad, acortando los tiempos y reduciendo el impacto de los daños ambientales. –¿Cómo se está llevando adelante el debate en comisión? –Antes de presentar este proyecto tuve la posibilidad de analizarlo con cada uno de los actores de la justicia que, de una manera u otra, tendrán intervención. Ahora erstamos trabajando de manera conjunta con la Comisión de Hacienda y la de Recursos Naturales y en las que tendremos distintos invitados como el procurador General, Jorge Amilcar García; el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, así como también un representante de la parte contable, ya que se van a crear seis cargos que serán por concurso: Dos fiscales y en cada fiscalía dos auxiliares. En la reunión de Comisión, contamos con la presencia de Gerardo Cabral, el primer fiscal Ambiental de Argentina, que trabaja en Corrientes y compartió su experiencia, lo cual fue muy enriquecedor. Nos contó gran cantidad de casos lo cual valoro enormemente porque me parece importante contar con la voz de la experiencia. Cabral forma parte de una Red de Fiscales Ambientales de todo el país donde se evalúan los temas y el proceso de resolución, ante la complejidad es necesario que la investigación sea especializada y es por eso que propongo la creación de estas dos fiscalías. Insisto en destacar que tener fiscalías especializadas como estas puede significar una enorme diferencia en los tiempos de respuesta. En Gualeguaychú conocemos bien los efectos que tiene la demora en procesos ambientales: casos como el de (el country fluvial construido sobre un humedal) Amarras, entre otros, se han extendido por años, y el daño ambiental no solo es difícil de reparar, sino que se agrava con el paso del tiempo. Por eso, estas fiscalías buscan dar respuestas concretas y rápidas, a la altura de la urgencia que exige la protección del ambiente. De la Redacción de ERA Verde. Esta nota es posible gracias al aporte de nuestros lectores Sumate a la comunidad El Miércoles mediante un aporte económico mensual para que podamos seguir haciendo periodismo libre, cooperativo, sin condicionantes y autogestivo. Deja tu comentario comentarios
Ver noticia original
 (300 x 300 px).gif)
.png)
Examedia © 2024
Desarrollado por