Contacto

×
  • +54 343 4178845

  • bcuadra@examedia.com.ar

  • Entre Ríos, Argentina

  • Conflicto universitario: tras un año complejo, empiezan las clases con los reclamos pendientes

    Buenos Aires » Infobae

    Fecha: 16/03/2025 02:59

    El lunes 17 y martes 18 habrá un paro nacional de todos los gremios universitarios: reclaman que los salarios de docentes y no docentes perdieron un 30% de poder adquisitivo. El paro de este lunes 17 y martes 18 de marzo se perfila como el primer episodio de la segunda temporada del conflicto universitario, cuya trama quedó sin resolver en 2024. El deterioro de los salarios de docentes e investigadores, la reducción de las becas para estudiantes, la parálisis de las obras de infraestructura, el desfinanciamiento del sistema científico y tecnológico y la desactualización de los gastos de funcionamiento componen una agenda de reclamos que motivó el año pasado dos marchas federales masivas. De estos cinco puntos, solo el último se había saldado tras la primera marcha del 23 de abril, cuando el Gobierno nacional otorgó una actualización del 270%, primero a la UBA y luego al resto de las universidades nacionales. Sin embargo, varios rectores denuncian que esa partida –que representa hasta un 10% del presupuesto universitario– volvió a quedar desactualizada en 2025, mientras las becas siguen congeladas desde agosto, las obras permanecen detenidas y los salarios de docentes y no docentes profundizaron su caída en enero y febrero. A diferencia del año pasado, cuando el reclamo más urgente tenía que ver con la amenaza a la continuidad en el funcionamiento normal de las universidades, en este primer cuatrimestre de 2025 el principal foco está puesto en los salarios, que perdieron alrededor de un 30% de poder de compra desde que asumió el actual gobierno. Desde el Frente Sindical de Universidades Nacionales denuncian que los aumentos ofrecidos en enero (1,5%) y febrero (1,2%) quedaron por debajo de la inflación de esos meses (2,2% y 2,4%, respectivamente). Es decir que, en lo que va del año, la caída de los ingresos de los profesores se acentuó. Los sindicatos también piden que se los convoque a paritarias, dado que el Gobierno viene definiendo los aumentos de manera unilateral. La pérdida salarial está provocando una progresiva migración de docentes e investigadores a universidades privadas o del exterior, advirtió Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. “Entre profesores, investigadores y personal de apoyo técnico, durante el año pasado se fueron unas 150 personas, que representan entre 6% y 7% del personal de la facultad. Hay universidades privadas que hoy les ofrecen el triple de lo que están ganando en la UBA por una dedicación full time. Otros se van afuera, a países vecinos, Europa o Estados Unidos”, explicó Durán a Infobae, y comparó la situación con una “asfixia paulatina”. Junto con la cuestión salarial, otra preocupación crítica apunta al desfinanciamiento de la investigación, que en Argentina depende centralmente de las universidades. “Los subsidios de la Agencia de Promoción de la Investigación no se entregaron, las becas doctorales se recortaron. En estas condiciones, sostener la investigación se vuelve prácticamente imposible”, describió Durán. “El sistema de investigación, ciencia y tecnología que, en su inmensa mayoría, reside en las universidades nacionales, es víctima de una drástica reducción de recursos que parece tener por objetivo abortar el desarrollo científico y tecnológico autónomo de nuestra Nación. Obras de ampliación, mejora y mantenimiento de la infraestructura universitaria están totalmente paralizadas, dejándolas libradas a las posibilidades económicas de cada institución”, denunció el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) esta semana en un comunicado. La caída salarial de profesores e investigadores está provocando una sangría hacia universidades privadas o del exterior, advirtió Guillermo Durán, decano de Exactas de la UBA. Los reclamos de las universidades Desde el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) dijeron a Infobae que el financiamiento de la investigación “es muy preocupante”. Explicaron que la universidad tuvo que apelar a un fondo de emergencia para garantizar “la continuidad de ciertos laboratorios experimentales y el funcionamiento de equipos”, con el objetivo de “no discontinuar los proyectos de investigación que se vienen desarrollando desde hace años”. Sin embargo, aclararon que esos fondos “son cada vez más exiguos” y plantearon que resulta urgente recomponer el financiamiento. Sobre las obras edilicias, desde la UNC señalaron que están paralizadas incluso las que dependen de fondos internacionales: “Nuestra universidad tenía acordado un financiamiento internacional de la CAF para obras de infraestructura que ya estaban por iniciarse y que han sido discontinuadas. Sería importante que se pudiera destrabar eso, teniendo en cuenta que no afecta en forma inmediata el presupuesto nacional”. Martín López Armengol, presidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), también describió un escenario difícil: “Más allá de que los canales de diálogo institucional están abiertos, hay puntos importantes en los que no vemos avances. El principal pendiente sigue siendo la falta de una propuesta de recomposición salarial de lo que se perdió durante 2024 y en el presente año. En lo que refiere a gastos de funcionamiento, se consolidó lo acordado durante 2024, pero ya estamos necesitando nuevas actualizaciones presupuestarias que nos permitan programar el año con mayor claridad”. En 2024, las universidades habían puesto sus esperanzas en que el Presupuesto 2025 diera previsibilidad para este año. Pero esa ley no se aprobó, se “recondujo” el presupuesto 2023 por segundo año consecutivo –tras dos años con inflación de tres dígitos– y, otra vez, este año la asignación de los fondos universitarios depende de decisiones administrativas del Poder Ejecutivo. Por eso, la actualización de los gastos de funcionamiento, que parecía saldada el año pasado, volvió a generar preocupación en algunas universidades en estos meses. “Estamos con el presupuesto de 2024, que es mejor que el de 2023 pero no contempla la inflación de 120% del año pasado”, sostuvo Durán. “Lo que conseguimos en las marchas del año pasado lo perdimos a partir de enero. Tuvimos una caída del 40% en los gastos de funcionamiento, porque para la asignación de los fondos se tomaron como referencia montos previos a los aumentos”, dijo Víctor Moriñigo, rector de la Universidad Nacional de San Luis y presidente del CIN, a Infobae. Esta situación fue confirmada por otros rectores, quienes afirmaron que en el Ministerio de Capital Humano hay voluntad de resolverla. La definición, de todos modos, estará en el Ministerio de Economía. “Este año va a ser más difícil que el año pasado. Con un presupuesto reconducido, dependemos totalmente de decisiones administrativas para los refuerzos presupuestarios. Los sueldos están muy bajos, los gastos de funcionamiento no alcanzan y las tarifas siguen aumentando. La inversión en investigación, becas, infraestructura y extensión está congelada, y se empieza a resentir el funcionamiento”, consideró Rubén Soro, rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene 30 sedes distribuidas en 13 provincias. En 2024 hubo dos marchas federales, en abril y en octubre, en reclamo contra el recorte del presupuesto universitario. Desde las casas de estudio afirman que la mayoría de los puntos siguen sin resolverse. REUTERS/Agustín Marcarian Un escenario incierto Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias aseguraron a Infobae que el diálogo es permanente con todos los actores del sistema: rectores, docentes, sindicatos y autoridades estudiantiles. “Hemos trabajado para sacar el conflicto de la calle y traerlo de nuevo al ámbito donde las discusiones se tienen que dar. No es necesario estar de acuerdo en todo, pero sí en algunas cosas mínimas pensando en los estudiantes, y el ámbito para ponerse de acuerdo es discutir en torno a una mesa”, señalaron fuentes de la Subsecretaría. “Obviamente, por la alta politización dentro de las universidades, es imposible que las casas de altos estudios se mantengan aisladas del proceso político del país. Sin embargo, tenemos la esperanza de que podamos aislar los temas estratégicos y fundamentales para que no se vean implicados en la discusión electoral, que no debería afectar el proceso académico”, dijeron fuentes de la subsecretaría a cargo de Alejandro Álvarez. Desde el CIN también afirmaron que “debe primar el diálogo y el consenso”. Y expresaron: “Consideramos imprescindible la unidad nacional por sobre la cultura de la provocación y el conflicto, para construir un proyecto de país independiente y solidario”. Además, sostuvieron que “en un mundo en el que el conocimiento es presente y futuro, es inconcebible e imperdonable no invertir en educación como país”. ¿Cómo será este 2025? Rectores, sindicatos y representantes estudiantiles coincidieron en plantear un escenario de incertidumbre. “Nuevo año, los mismos problemas”, se titula el comunicado que los rectores nucleados en el CIN difundieron esta semana, luego de anunciar que las 61 universidades públicas abrieron sus instalaciones como centros de acopio, logística y distribución de donaciones para Bahía Blanca. En el comunicado, los rectores señalaron que la falta de un presupuesto para 2025 “significa que el Poder Ejecutivo Nacional puede disponer discrecionalmente, sin ningún tipo de control, de los fondos que surgen del pago de los impuestos que realiza cada argentina y cada argentino. De esta forma, el país no cuenta con una hoja de ruta que garantice el funcionamiento económico y financiero de las instituciones del país”. Los rectores denunciaron que, en este contexto, “el sistema universitario público argentino atraviesa una seria situación de desfinanciamiento en todos los ámbitos de su desempeño institucional. Los problemas que señalamos en febrero de 2024 continúan e, incluso, en varios aspectos se han agravado”. La magnitud del ajuste realizado en 2024 generó que los principales actores del sistema universitario –el CIN, que nuclea a los rectores de todo el país; el Frente Sindical, que reúne a todos los gremios; y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa a todos los centros de estudiantes– coordinaran sus acciones y convocaran en conjunto a las dos marchas de abril y octubre. Este año apuntan a mantener esa coordinación. “Los reclamos de la marcha federal de octubre se mantienen y se avizora un año complejo. No vemos que desde el Gobierno haya intención de resolver la cuestión de la actualización salarial y de los gastos de funcionamiento. También nos parece importante destacar la situación de las becas Progresar de nivel superior. No sabemos cuál va a ser el monto ni cómo será la inscripción. Tampoco existe un canal para comunicarse. Hay una política de vaciamiento”, planteó Joaquín Carvalho, presidente desde febrero de la FUA, de extracción radical. El paro de lunes y martes afectará el inicio del primer cuatrimestre en varias universidades públicas y también se sentirá en los colegios preuniversitarios. Cómo siguen las medidas “El año pasado fue clave discutir el plan de lucha en conjunto con todo el sistema universitario. Desde la FUA bregamos por sostener esa articulación”, dijo Carvalho a Infobae. El CIN también renovará sus autoridades en abril: el nuevo presidente será Oscar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y exsecretario de Políticas Universitarias durante la segunda mitad del gobierno del Alberto Fernández. Como vice lo acompañará Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). El paro de docentes y no docentes este lunes 17 y martes 18 afectará el inicio del primer cuatrimestre en varias universidades públicas, incluyendo la mayoría de facultades de la UBA (algunas, como Económicas, ya empezaron). También afectará a los colegios preuniversitarios. Desde el Frente Sindical (integrado por Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, Fatun y UDA) anticiparon que el miércoles 19 se sumarán a la marcha de jubilados y repudiaron la represión policial del pasado 12 de marzo. Si bien por ahora no prevén convocar a una tercera marcha federal, desde las universidades retomaron una discusión que había comenzado el año pasado: la posibilidad de insistir con una Ley de Financiamiento Universitario, pero esta vez avalada por una consulta popular vinculante, para que el presidente Javier Milei no pueda vetarla como lo hizo en 2024. La idea se planteó a fines del año pasado en el Consejo Superior de la UBA y se debatió en el CIN. Si bien el año pasado fracasó el intento de garantizar el financiamiento por ley –y el Congreso terminó posibilitando que Milei vetara el proyecto aprobado–, desde las universidades estiman que este año la campaña electoral podría generar otra predisposición. Según el artículo 40 de la Constitución, un voto favorable en la consulta popular vinculante impediría el veto presidencial. Desde el oficialismo, en tanto, no hubo avances concretos en el arancelamiento para estudiantes extranjeros no residentes, una medida que se anunció varias veces el año pasado. Desde el Gobierno nacional también acusaron a las universidades de falta de transparencia y de resistirse a ser auditadas. En diciembre, la Justicia avaló el pedido de la UBA en contra de la intervención de la Sindicatura General de la Nación (dependiente del Poder Ejecutivo), considerando que, según la Ley de Educación Superior, el control de las casas de estudio corresponde a la Auditoría General de la Nación (que depende del Poder Legislativo). De todas maneras, la mayoría de las universidades nacionales firmaron convenios con la SIGEN para impulsar “acciones de colaboración mutua”. Otras propuestas que surgieron desde voces cercanas al oficialismo y que generaron preocupación en las universidades apuntan a la posibilidad de “provincializar” la educación superior –como ya se hizo en los setenta y en los noventa con la educación obligatoria– o de fusionar instituciones. “Algunas voces han expresado estas ideas pero no sabemos qué va a pasar. Otros temas, como las auditorías, los supuestos ‘estudiantes fantasma’ y el arancelamiento a extranjeros han quedado en una etapa de silencio”, repasó Rubén Soro, de la UTN. Y concluyó: “El año pasado terminamos de pie. Este año haremos todo lo necesario para que suceda lo mismo”.

    Ver noticia original

    También te puede interesar

  • Examedia © 2024

    Desarrollado por