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» Diario Cordoba
Fecha: 06/02/2025 15:17
En tiempos de ataques a los derechos humanos en todo el mundo y de discutibles políticas de externalización de fronteras, los Balcanes se están convirtiendo en una región cada vez más codiciada para encontrar soluciones a problemas irresueltos en casa. Consciente de ello y con una grave situación de hacinamiento en sus cárceles, Dinamarca está poniendo en marcha un plan para trasladar a centenares de presos extranjeros a Kosovo, con el objetivo de aliviar su sistema carcelario, lo que ha suscitado la indignación de organizaciones no gubernamentales. El proyecto fue diseñado en 2021 y está siendo llevado adelante por el Gobierno de la socialdemócrata Mette Frederiksen. En la primavera de 2022, Pristina y Copenhague firmaron un acuerdo inicial para el traslado a Kosovo de hasta 300 presos de cárceles danesas, y el año pasado también el Gobierno del kosovar Albin Kurti dio su visto bueno. Con ello, se puso en marcha la remodelación de la prisión de Gjilan, ubicada a 50 kilómetros al sur de la capital del país. Los planes de Dinamarca, de hecho, pasan por transformar un centro penitenciario kosovar en una cárcel en la que no podrán ser alojados condenados a penas por terrorismo, crímenes de guerra o con problemas de salud mental, pero sí presos condenados por delitos en Dinamarca que deban ser deportados después de haber cumplido su condena. La remodelación de la estructura, que actualmente sigue en curso sin una fecha clara de finalización, ha sufrido diversos retrasos y la fecha que se baraja actualmente para su apertura es 2026. "[Este plan] es un mensaje inequívoco y claro a los criminales deportados de que su futuro, incluso durante su sentencia, no estará en Dinamarca", dijo el ministro de Justicia de Dinamarca, Peter Hummelgaard, durante una visita a la prisión a finales de septiembre. Como moneda de cambio, Kosovo ha pactado recibir de Dinamarca una cifra estimada de 200 millones de euros; dinero que, según su Gobierno, será destinado al sistema carcelario kosovar y a un proyecto de energías renovables. El argumento de Copenhague es que espera así rebajar la alta tasa de hacinamiento de sus cárceles, que llegó al 101,2% en 2023, el más alto en ocho décadas. Dignidad humana El Comité contra la Tortura de la ONU ya ha investigado el caso. Dinamarca "debería abstenerse de alquilar instalaciones penitenciarias fuera de su territorio y garantizar que las personas detenidas no sean discriminadas por su nacionalidad o estado familiar", concluyó el organismo, en un documento de 2023. "No vamos a cambiar nuestros planes […] porque el Comité contra la Tortura de la ONU considera que está en conflicto con los derechos humanos", respondió el diputado socialdemócrata danés Bjørn Brandenborg, según declaraciones recogidas por el diario digital Altinget. "La preocupación no atañe al perfil de los presos [que serán enviados a Kosovo], sino con la responsabilidad de Dinamarca en relación con la ley internacional", ha dicho a este diario Marie Torp Christensen, portavoz de la oenegé danesa Dignity, dedicada a luchar contra la tortura en todo el mundo. Otros también ha sugerido que el pacto puede constituir una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (UE), en particular el artículo 4, que es el que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. De hecho, el proyecto ha sido denunciado por diversas organizaciones no gubernamentales e incluso ha sido motivo de una interrogación en la Eurocámara por parte de eurodiputados del Partido de los Socialistas Europeos (PSE). Según esta petición, el acuerdo es fruto de "un enfoque peligroso", "que busca ahorrar costos mientras se ignoran las nociones de rehabilitación de los presos o el respeto por los derechos fundamentales y la dignidad humana". Además, se crea "un precedente" dentro del espacio jurídico único. Más países De acuerdo con lo difundido, parte del personal de la cárcel puede incluso que no sepa hablar bien el idioma danés. Por eso la preocupación es también que los presos no tengan un justo acceso a la salud y que sus familiares encuentren obstáculos para visitarles. Aun así, y pese a que existen dudas sobre si el centro kosovar logrará realmente abrir sus puertas, el Gobierno de Frederiksen —que en el pasado incluso ha apoyado políticas xenófobas de los ultras del Partido Popular Danés—, ha insistido reiteradamente en que no dará marcha atrás. Tanto es así que el ministro de la Justicia Humelgaard ya ha efectuado diversas visitas a Kosovo, y las autoridades locales también ha confirmado recientemente que el plan sigue adelante, con la idea inicial de acoger a unos 100 (de los 300) presos, como parte de un acuerdo que debería tener una duración de 10 años. En enero pasado, Ismail Dibrani, director del sistema penitenciario kosovar, también confirmó que ya "ha habido solicitudes tanto de Bélgica como del Reino Unido", según recogido por el medio Telegrafi. Dibrani también ha señalado que de momento las autoridades kosovares "no tienen interés" en aceptar estas peticiones. El plan coincide con la idea del Gobierno de Giorgia Meloni de deportar migrantes a Albania, para procesar allí sus solicitudes de asilo, en lugar de hacerlo en Italia. El Gobierno danés no respondió a una petición de información escrita enviada por este diario.
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