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» tn24
Fecha: 14/03/2026 12:06
Cuatro personas quedaron formalmente imputadas por presunto lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en una causa que se originó tras el hallazgo de más de 357 millones de pesos ocultos en un vehículo que circulaba por el norte de Santa Fe y provenía del Chaco. El procedimiento que dio inicio a la investigación ocurrió el 28 de marzo de 2025 sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del paraje El Timbó, en cercanías de Avellaneda. Durante un control de rutina, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina detuvieron un Toyota Corolla Cross para identificar a su conductor. Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades en el interior del vehículo, particularmente en los plásticos ubicados cerca de la palanca de cambios, que presentaban signos de manipulación. Tras dar aviso a la fiscalía, el juez autorizó la requisa del automóvil. En ese momento, el conductor identificado como F.E.V. habría manifestado a los uniformados: Por favor, no quiero que me rompan la camioneta, déjenme mostrarles cómo se quita. Al desmontar partes del tablero, quedaron al descubierto varios compartimientos ocultos donde se encontraban fajos de dinero distribuidos detrás de las salidas del aire acondicionado, el sistema de sonido, debajo del volante, en la guantera y cerca de la palanca de cambios. En total, se secuestraron 357.210.000 pesos. La investigación está a cargo del fiscal Roberto Salum, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, junto al auxiliar fiscal Bruno Ojeda. En la audiencia de formalización, realizada el 27 de febrero, expusieron que el traslado del dinero no habría sido un hecho aislado. Según la fiscalía, el conductor formaba parte de un circuito organizado que incluía a otros tres implicados y a una empresa radicada en Resistencia dedicada a la venta de repuestos para autos y motos. De acuerdo con la investigación, el vehículo pertenecía a uno de los socios de la firma y había sido acondicionado para ocultar dinero y evitar su detección en controles de seguridad. Los investigadores también señalaron que los involucrados habían preparado un documento denominado autorización para el uso de automóvil y administración de dinero, con certificación notarial del 20 de marzo de 2025, que habilitaba al conductor a transportar hasta 800 millones de pesos. Para la fiscalía, ese documento funcionaba como un resguardo en caso de que el dinero fuera descubierto durante controles en ruta. Además, el análisis de registros de tránsito reveló que el vehículo realizaba viajes con una frecuencia inusual cada dos días hacia provincias como Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algo que no se correspondía con la actividad comercial declarada por la empresa. Durante un allanamiento realizado el 18 de febrero en la sede de la firma en Resistencia, los investigadores secuestraron ocho millones de pesos, dos máquinas contadoras de billetes con detector, seis llaves de vehículos y talonarios de recibos y pagarés en pesos y dólares. Según el Ministerio Público Fiscal, estos elementos refuerzan la hipótesis de que en el lugar se realizaban operaciones de compra y venta de divisas sin autorización del Banco Central de la República Argentina. El caso es investigado por el juez de Garantías Aldo Mario Alurralde, quien dispuso la formalización de la causa y un embargo cautelar de 2.000 millones de pesos sobre los imputados, además de la prohibición de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse mensualmente ante Gendarmería. El magistrado también otorgó un plazo de un año para avanzar con la investigación, debido a la complejidad del caso y a la participación de múltiples jurisdicciones. La causa busca determinar si el dinero transportado formaba parte de una estructura organizada destinada al traslado, ocultamiento y posterior inserción de fondos de origen ilícito en el sistema financiero legal.
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