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Parana » InfoParana
Fecha: 14/03/2026 15:21
En un contexto de asfixia económica y cierre de comercios, el radicalismo entrerriano se sumerge en una disputa de aparatos. Sectores internos denuncian una maniobra para recortar mandatos y advierten sobre el riesgo de judicialización y «degradación doctrinaria». Mientras la provincia de Entre Ríos atraviesa uno de sus momentos más críticos con industrias que bajan sus persianas, una caída estrepitosa del poder adquisitivo y una angustia social que se palpa en cada rincón, la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) parece habitar una realidad paralela. La agenda partidaria hoy no está marcada por propuestas para paliar el deterioro de la vida cotidiana, sino por un complejo y polémico rediseño de cargos y mandatos, advierten desde el sector interno UCR Activa. La controversia estalló tras el intento de avanzar en un acortamiento de los mandatos vigentes, una movida que muchos leen no como una necesidad genuina del centenario partido, sino como una estrategia funcional al poder Ejecutivo provincial. ¿Consenso o ficción? Desde los sectores que impulsan la reforma se pretende instalar la idea de una «unanimidad» para apurar la renovación de autoridades. Sin embargo, las voces disidentes no tardaron en aparecer. Desde el espacio UCR Activa denunciaron que nunca fueron convocados a dicha discusión y que la supuesta unidad es «una ficción para darle apariencia de consenso a una maniobra orientada desde arriba». El conflicto escala al analizar la legitimidad de las autoridades actuales. Es necesario recordar que quienes hoy conducen el partido no surgieron del voto directo de los afiliados, sino de un acuerdo entre líneas internas. Paradójicamente, son esas mismas líneas las que ahora buscan eyectar a sus propios designados antes del tiempo legalmente establecido. El peso de la estructura en juego La magnitud de esta «operación de calendario» no es menor. Lo que está en disputa es el control de una estructura capilar de enorme alcance: - 400 cargos entre el Comité Provincial, Departamentales y delegados al Comité Nacional. - 668 congresales (entre titulares y suplentes). - Cientos de cargos adicionales en comités de ciudades y municipios. En total, más de 1.000 casilleros de poder partidario que quedarían sujetos a esta reconfiguración forzada. El fantasma de la judicialización El problema no es solo político, sino estrictamente jurídico. La Carta Orgánica de la UCR establece mandatos de dos años y no contempla la figura de la revocatoria por «conveniencias coyunturales». El texto solo prevé interrupciones ante quiebres del orden constitucional. Fuentes cercanas a los sectores desplazados advierten que, de persistir con este camino, el partido se encamina a un «papelón institucional». La advertencia es clara: aquellos dirigentes que decidan hacer valer su derecho a permanecer en el cargo hasta el vencimiento natural de su mandato podrían llevar la disputa a los estrados judiciales, sumergiendo al radicalismo en una parálisis legal. Un debate semántico con carga histórica Lo que más irrita a los sectores críticos es el uso de términos como «normalización» o «reorganización». En el universo simbólico del radicalismo marcado por los derrocamientos de Yrigoyen e Illia, esas palabras resuenan como eufemismos de quiebres institucionales. «El radicalismo nació para limitar el poder, no para someterse a él. Lo demás no es modernización: es subordinación y oportunismo», sentenciaron referentes del espacio opositor. La UCR entrerriana se encuentra hoy en una encrucijada ética: decidir si sigue siendo un partido de ideas con reglas claras o si se transforma en una estructura obediente al calor del poder de turno. Mientras tanto, la sociedad entrerriana espera una oposición que, además de discutir sus internas, empiece a discutir la realidad. *En base a documento enviado desde el sector interno mencionado.
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