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Parana » Informe Digital
Fecha: 05/01/2026 14:43
El pedido de juicio político contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Susana Medina de Rizzo, quedó sin efecto tras vencer el plazo constitucional de 30 días establecido para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Al no alcanzarse las mayorías necesarias dentro de la comisión correspondiente, el proceso caducó sin llegar al recinto. La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gabriela Lena, explicó que el término perentorio fijado por la Constitución provincial se cumplió el domingo pasado. Hasta ese momento, ninguno de los dos dictámenes posibles, ni el de acusación ni el de rechazo, logró reunir las 11 firmas requeridas sobre un total de 19 integrantes, lo que impidió avanzar con el trámite parlamentario. De acuerdo a lo señalado, la falta de consenso interno derivó automáticamente en el cierre del proceso, que finalizó sin una resolución formal. No se consiguió una definición mayoritaria para ninguno de los dictámenes, por lo tanto no fue posible llevar el tema al recinto, indicó la legisladora. La denuncia que dio origen al pedido de juicio político incluía cuestionamientos por presuntas inasistencias, uso indebido de viáticos y observaciones sobre el sistema de subrogancias judiciales. También se mencionaban planteos vinculados al acceso a juicios orales y una denuncia de carácter laboral presentada por una empleada del Poder Judicial. Sin embargo, tras la etapa probatoria y el ejercicio del derecho a defensa de la magistrada, el expediente no avanzó hacia una instancia decisoria. Lena aclaró que la caducidad del procedimiento no implica ni una absolución ni una sanción. Medina continúa en funciones y el cierre del proceso no impide que, en el futuro, pueda presentarse un nuevo pedido de juicio político, incluso basado en los mismos hechos u otros adicionales, lo que implicaría reiniciar el trámite desde el inicio. En ese marco, la diputada consideró que la experiencia dejó al descubierto la necesidad de avanzar en reformas estructurales pendientes, entre ellas la reglamentación por ley del procedimiento de juicio político y la revisión del régimen de licencias de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, actualmente regulado por normas establecidas por el propio cuerpo. Los jueces definen su propio régimen de licencias y eso muchas veces dificulta evaluar si existe una conducta contraria a la ley, cuestionó. En ese sentido, adelantó que desde el Poder Legislativo se impulsará un proyecto para establecer un régimen de licencias para los miembros del Superior Tribunal similar al que rige para los tribunales inferiores y otros poderes del Estado.
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