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Gualeguaychu » Nova Comunicaciones
Fecha: 20/11/2025 22:15
La Justicia aseguró que la ANDIS incumplió el debido proceso y dispuso la restitución inmediata de pensiones. La Justicia dictó un fallo contundente al considerar que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) actuó de forma irregular al suspender cientos de pensiones no contributivas por invalidez. En ese sentido, el organismo estatal deberá pagar en un plazo de 24 horas los haberes que había retenido a los beneficiarios afectados. El reclamo judicial se ve envuelto en una causa más amplia, marcada por las indagatorias a varios acusados en el caso Spagnuolo, lo que pone bajo la lupa el manejo interno de ANDIS y su auditoría de pensiones. Diversas organizaciones y personas con discapacidad habían denunciado que las suspensiones se realizaron sin notificaciones claras ni oportunidad de defensa, lo que vulneró derechos fundamentales. A su vez, el fallo no solo exige la restitución de los pagos retenidos, sino que también cuestiona la aplicación de auditorías bajo criterios poco transparentes. En decisiones anteriores, tribunales ya habían señalado que ciertas normativas usadas por ANDIS para llevar adelante su revisión de pensiones eran inconstitucionales o estaban mal aplicadas. Para dar sustento al reclamo, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el CELS y la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, presentaron un amparo colectivo, donde denunciaron que ANDIS violó el debido proceso, la buena fe estatal y derechos clave como la protección social y la salud. La Justicia detalló cómo funcionaba la red de compras con sobreprecios. La investigación judicial sostiene que durante la gestión de Spagnuolo operó una organización dedicada a restringir la competencia en las licitaciones. Según el fiscal Picardi, se invitaba sistemáticamente a las mismas droguerías, impidiendo el ingreso de nuevos oferentes. Entre las empresas involucradas figuran Profarma S.A., Génesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A., quienes habrían inflado los valores adjudicados sin justificación técnica ni comercial. El esquema, que operaba dentro del programa Incluir Salud, involucraría fondos públicos por más de 48.000 millones de pesos, destinados a la atención de personas sin cobertura médica, madres con siete hijos y adultos mayores de bajos recursos.
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