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» Radiosudamericana
Fecha: 20/11/2025 01:54
Miércoles 19 de Noviembre de 2025 - Actualizada a las: 19:34hs. del 19-11-2025 DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL La Justicia confirmó en las últimas horas el levantamiento de la medida cautelar que impedía intervenir en el predio. Mientras se realizaba la audiencia, Andrés Bravo Bompland, integrante de la familia denunciada, volvió a ingresar al lugar, lo cerró con candados y generó un operativo policial para desalojarlo. El prolongado conflicto por el inmueble conocido como La Candelaria, ubicado en Paso de la Patria, sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que la Justicia confirmara el levantamiento de la medida cautelar de no innovar, permitiendo al municipio recuperar el dominio del predio. Sin embargo, en paralelo, se produjo un nuevo episodio de tensión cuando Andrés Bravo Bompland volvió a ingresar a la propiedad, cerró el acceso con cadenas y debió intervenir la Policía para restablecer el control del espacio. El abogado del municipio, José María González, explicó a Radio Sudamericana que el litigio se originó cuando la gestión del intendente Guillermo Osnaghi avanzó con el desalojo de una construcción irregular que se levantó sobre “la prolongación de una calle pública y la playa”. Video no soportado. Por favor, utiliza ó actualiza tu navegador. De acuerdo con esto, el intendente cumplió todo el trámite administrativo para desalojar el inmueble, "que siempre formó parte del dominio público municipal", recordó González. De este modo, eso "generó una denuncia penal por parte de Bravo Bompland". Absolución y levantamiento de la cautelar González detalló que la denuncia penal fue desestimada en todas las instancias: “Tanto la fiscal Sonia Meza como el fiscal general César Sotelo dejaron en claro que no había delito, que Osnaghi había actuado conforme a derecho”, señaló. Pese a ello, los denunciantes avanzaron con una querella autónoma que también resultó desfavorable: “Fuimos a juicio y Osnaghi fue absuelto. Apelaron ante el Superior Tribunal de Justicia, les rechazaron el recurso; intentaron ir a la Corte, también les rechazaron. En todas las instancias hubo absoluciones”. Video no soportado. Por favor, utiliza ó actualiza tu navegador. Finalmente, el camarista Facundo Esquivel dictó la resolución que levantó la medida de no innovar, dejando habilitado al municipio a retomar el control del terreno. Esto significa que el inmueble no modifica su situación jurídica y no se puede ejecutar venta. Asimismo, el procedimiento fue ordenado por la jueza María Zair Nicolás. De este modo, el abogado comunal expresó: “Lo que queríamos era evitar que Guillermo vuelva a ser denunciado por hacer cumplir la ley”. Y añadió: “La resolución expresa que la cautelar ya no tiene efecto”. Nuevo conflicto: ingreso con candados y desalojo policial Mientras se realizaba la audiencia en tribunales, este miércoles en horas de la siesta ocurrió un incidente: “Mientras estábamos en audiencia, este señor ingresó al inmueble otra vez, lo cerró con candados y cadenas”, denunció el abogado. El hecho fue reportado inmediatamente por el intendente a la Policía de Paso de la Patria. Horas después, y con autorización fiscal, se concretó el operativo: “La policía recuperó el lote; habría existido unos minutos de resistencia por parte de B. Bompland, que tuvo que ser retenido por unos minutos para permitir que el municipio recupere el pleno dominio sobre ese bien”, confirmó González. El caso El conflicto se originó tras la clausura de un restaurante ubicado en un terreno sobre la costa del río, que el municipio consideró un espacio público. Los propietarios del establecimiento, la familia Bonpland, alegaron que el negocio comenzó a construirse hace 25 años y que el terreno les fue permutado por la comuna para la construcción de una calle, un acuerdo que aseguran nunca fue reconocido por el municipio. El proceso judicial avanzó cuando en diciembre de 2024 la jueza de garantías María Agostina Falcione resolvió la apertura de juicio. La audiencia estuvo presidida por el juez Juan José Cochia, en calidad de tribunal unipersonal, mientras que la querella fue representada por los doctores Nelson Ramón Pessoa y Carlos Alejandro Molina. La defensa de Osnaghi estuvo a cargo de los abogados Daniel Horacio Domínguez Henain, José María González y Carlos Marciel. El lugar fue clausurado bajo el argumento que era un lugar público en el año 2023. Poco después los dueños del comedor denunciaron al intendente Osnaghi por abuso de autoridad y el jefe comunal fue imputado y declarado inocente en febrero del 2025.
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