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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 06/11/2025 12:11
El Ministerio Público Fiscal estará representado por la fiscal general Fabiana León, junto al Fiscal coadyuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares Guido Ambrosio y Claudio Nimis, informó el portal oficial fiscales.gob.ar. Según el cronograma del Tribunal, las audiencias se realizarán todos los jueves de 9:30 a 13:30 durante lo que resta de 2025. A partir de marzo de 2026 se sumará una segunda jornada semanal. Las sesiones serán, salvo excepciones, virtuales mediante la plataforma Zoom —con acreditación previa— y algunas se transmitirán en el canal de YouTube del Poder Judicial de la Nación. Las acusaciones La investigación, impulsada por el Fiscal Carlos Stornelli, se centró en cuatro ejes principales: los registros del chofer Oscar Centeno, las irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios y viales, y la cartelización de la obra pública. Stornelli pidió que Cristina Fernández de Kirchner (72) sea juzgada como jefa de una asociación ilícita que habría operado dentro del Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015. También le imputó ser coautora en 204 hechos y partícipe necesaria en otro de cohecho pasivo. Como organizadores fueron señalados el exministro de Planificación, Julio De Vido (75); su exsubsecretario Roberto Baratta (52); el financista Ernesto Clarens (74); el empresario Carlos Wagner (82), expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; y, en el tramo vinculado al transporte, el exsecretario Ricardo Jaime (70). Entre los acusados como miembros de la organización figuran los exsecretarios José López (65), Juan Pablo Schiavi (68), y Claudio Uberti (67); los exsecretarios privados José María Olazagasti (50) y Nelson Lazarte (47); el exsubsecretario jurídico Rafael Llorens (56); el exfuncionario Germán Nivello (57); y el chofer Oscar Centeno (70). En el apartado sobre la cartelización de la obra pública también fueron imputados el exadministrador de Vialidad Nacional, Nelson Periotti (80); el exgerente Sandro Férgola (60); y el exadministrador Sergio Pasacantando (50). Del lado empresarial, se encuentran entre los acusados el exdirector de Yacyretá, Oscar Thomas (70); el empresario Gerardo Ferreyra (75), de Electroingeniería; y Miguel Aznar (75), presidente de Vialco S.A. Otros funcionarios y empresarios implicados El tribunal también analizará la participación de otros exfuncionarios en hechos de cohecho y dádivas. Entre ellos, el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina (57); Hugo Larraburu (42); Fabián García Ramón (48); Hernán Gómez (48); Walter Fagyas (54); y Hernán Del Río (48). Asimismo, se juzgará al exasesor presidencial Julio Daniel Álvarez (53) por encubrimiento agravado. En total, serán juzgados 60 empresarios por cohecho activo y dación de dádivas. Entre ellos figuran Ángel Calcaterra (67), Enrique Pescarmona (83), Aldo Roggio (81), Benjamín Romero (73), Rudy Ulloa Igor (65), Armando Loson (78), Alberto Padoan (82), y los hermanos Carlos Fabián (57) y Osvaldo Manuel De Sousa (56), junto a Cristóbal López (69). El origen de la causa La investigación se desprendió de otra causa vinculada a maniobras irregulares en la compra de Gas Natural Licuado (GNL), que provocó un perjuicio al Estado superior a 5,5 millones de dólares y por la que ya fueron condenados De Vido y Baratta. En 2018, un periodista del diario La Nación informó al fiscal Stornelli que un chofer del Ministerio de Planificación —identificado luego como Oscar Centeno— había registrado en cuadernos los traslados de bolsos con dinero entre empresas y funcionarios públicos. Esas anotaciones dieron origen al caso conocido como “Causa Cuadernos”. Stornelli sostuvo que existió una estructura liderada por Cristina Fernández y su esposo, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, destinada a recaudar fondos ilícitos tanto para enriquecimiento personal como para financiar otras maniobras delictivas. Según el requerimiento de elevación a juicio, se trató de un “sistema de recaudación” organizado por funcionarios públicos que acordaban con empresarios beneficios recíprocos en la adjudicación de obras y contratos estatales. El Fiscal describió dos canales de recaudación: uno directo, a cargo de los propios funcionarios, y otro a través de intermediarios como Clarens y Wagner. Ambos habrían integrado una estructura jerárquica y paralela dentro del Estado. Colaboradores y avances Durante la investigación, varios de los imputados —entre ellos Uberti, López, Centeno, Aznar, Calcaterra, Pescarmona, Loson y Roggio— firmaron acuerdos como “imputados colaboradores” y aportaron información sobre las maniobras. Antes del inicio del juicio, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y cuatro exfuncionarios propusieron reparaciones integrales, que fueron rechazadas por la fiscal León. “En esta fiscalía no se vende impunidad”, afirmó en esa audiencia. El Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los Jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, respaldó la postura del Ministerio Público al rechazar los ofrecimientos. Con ese marco, la fiscalía presentó su informe actualizado sobre el estado del proceso, y este jueves comenzará formalmente uno de los juicios más relevantes por presunta corrupción en la historia reciente del país.
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