25/10/2025 08:13
25/10/2025 08:12
25/10/2025 08:12
25/10/2025 08:11
25/10/2025 08:11
25/10/2025 08:08
25/10/2025 08:07
25/10/2025 08:00
25/10/2025 07:59
25/10/2025 07:58
Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/10/2025 04:39
Miembros no identificados de la organización benéfica Arche de Zoe (a la izquierda) son escoltados por gendarmes chadianos a su llegada al juzgado de Yamena el 5 de noviembre de 2007 ( AFP PHOTO / ISSOUF SANOGO) ISSOUF SANOGO / AFP Si la escena perteneciera a una película de Hollywood, una de esas donde los buenos son buenísimos y los malos son malísimos, el espectador no tendría dudas sobre lo que está sucediendo: un grupo de valientes trabajadores humanitarios, ayudados por la intrépida tripulación del avión y acompañados por tres audaces periodistas para registrar los hechos, está a punto de salvar a más de cien huerfanitos africanos para llevarlos a un país civilizado – de Occidente, claro – cuando, seguramente por el aviso de un traidor, la policía de un gobierno despiadado de un país retrasado los intercepta en la pista y les impide escapar. Esas imágenes bien podrían reflejar lo que ocurrió el 25 de octubre de 2007 en el aeropuerto Abéché, en Chad, cuando la policía local detuvo en la pista a un avión charter de la compañía española Girjet y obligó a bajar a los tripulantes y los pasajeros. Por la escalerilla descendieron los siete españoles que integraban la tripulación del vuelo, seis franceses pertenecientes a una ONG humanitaria y tres periodistas de esa misma nacionalidad. La policía los detuvo de inmediato, mientras la pista se llenaba de otras presencias que también emergían de las entrañas del avión: 103 niños chadianos – 82 varones y 21 mujeres - presuntamente todos huérfanos y la mayoría de ellos enfermos o heridos. Una verdadera escena de película, aunque en la realidad sus protagonistas jugaban papeles que eran todo lo contrario, porque los pretendidos buenos eran los malos y los supuestos malos estaban impidiendo un crimen. Porque lo que hizo la policía de Chad ese día fue desbaratar una monumental operación de tráfico de niños de entre uno y diez años con destino a Reims, en Francia, donde los recibirían “familias adoptivas” que habían pagado entre 2.800 y 6.000 euros por cada uno. No todos tendrían esa suerte: algunos también serían utilizados como mercancía en el tráfico ilegal de órganos. La macabra operación fue obra de una organización criminal que se ocultaba bajo la fachada de una ONG llamada “El Arca de Zoé”, fundada dos años antes con supuestos fines humanitarios. Esa supuesta “misión humanitaria”, como la presentaba El Arca de Zoé, incluía otras falsedades, porque en Francia se había anunciado que los niños rescatados eran huérfanos de la guerra civil de Sudán Occidental – y no chadianos – que estaban heridos o enfermos, cuando en realidad todos habían sido “seleccionados” porque estaban perfectamente sanos y la mayoría de ellos tenía padres o familiares cercanos que podían cuidarlos. Niños en la aldea de Salegnon, cerca de Adre, al este de Chad, en el centro de la controversia por el secuestro de menores por parte de la organización benéfica francesa Arca de Zoé, el 13 de diciembre de 2007 (Francesco Fontemaggi / AFP) La maniobra no fue descubierta por una filtración sino por la denuncia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Ese fue apenas el principio del escándalo. En los siguientes días, meses y años, el episodio provocaría fuertes tensiones diplomáticas, negociaciones no muy claras entre los gobiernos de Francia y de Chad, condenas judiciales imposibles de justificar por lo blandas y, fundamentalmente, una desconfianza que dificultó el accionar de un gran número de verdaderas organizaciones humanitarias que actuaban en diferentes países de África y otros lugares del mundo. Una fachada a medida El Arca de Zoé, la ONG que sirvió de cobertura para la operación criminal, era de creación reciente y no demasiado conocida. Se había presentado en sociedad dos años antes en Francia con el propósito declarado de proteger y defender los derechos de los niños afectados por el tsunami que había devastado a Indonesia el 26 de diciembre de 2004. Se mostraba al mundo como un equipo humanitario formado por asistentes sociales, bomberos, enfermeros y médicos, entre otros profesionales, dedicados a ayudar a los menores de edad de todo el mundo, y se autodefinía como una ONG sin fines de lucro. Con esos pergaminos humanitarios no extrañó que decidiera involucrarse en el conflicto de Darfur, en Sudán Occidental, donde se desarrollaba una guerra civil desde 2003 entre los Yanyauid y los africanos negros con un saldo de miles de muertos en operaciones de “limpieza étnica” y millones de desplazados, muchos de los cuales estaban refugiados en la República Centroamericana, Chad, Sudán del Sur y Libia. En agosto de 2007, el gobierno de Sudán y las Naciones Unidas habían acordado desplegar cerca de 26.000 efectivos para controlar la situación en Darfur. Fue entonces cuando el Arca de Zoé vio su oportunidad y, con la ayuda del propio ejército francés, envió la misión que desembarcó en Chad, donde instaló una oficina llamada “Children Rescue” y comenzó sus maniobras para secuestrar a los niños que, al mismo tiempo, empezó a “vender” en Francia. Cuando la operación quedó al descubierto se supo que 358 familias francesas y norteamericanas, llenaron formularios y pagaron honorarios para recibir un niño que creían que adoptarían para salvar del infierno en Darfur, sin saber que en realidad iba a ser secuestrado en Chad. Los chicos rescatados el 25 de octubre en el aeropuerto de Abéché eran los primeros 103 de los 10.000 que El Arca de Zoé tenía planificado vender. El plan criminal apenas comenzaba. Las familias que buscaban adoptar, pensaban que rescatarían niños del infierno de Darfur (REUTERS/El Tayeb Siddig To match Special Report SUDAN-POLITICS/DARFUR-ATTACKS) Sarkozy y la impunidad La tripulación española del avión y los nueve franceses – entre miembros de la supuesta ONG y periodistas – fueron trasladados el mismo día de su detención a Yamena, la capital de Chad para ser juzgados. La acusación fue promovida por el propio presidente de Chad, Idriss Déby, líder del Movimiento Patriótico de Salvación que gobernaba el país desde 1990. El juicio se hizo con una celeridad sorprendente y todos los detenidos fueron condenados a ocho años de prisión y trabajos forzados por los delitos de pertenecer a una organización “pedófila” y “dedicada al tráfico de órganos”. La compañía aérea española Girjet, responsable del vuelo charter, emitió un comunicado en el que se distanciaba del suceso y pedía ayuda para “rescatar” a la tripulación. También hubo comunicaciones urgentes entre los gobiernos de España y Francia, que derivaron en un viaje urgente del presidente galo Nicolás Sarkozy a Chad, donde llegó el 4 de noviembre y se reunió con el presidente Déby. El contenido de la charla que mantuvieron – o la negociación que encararon – nunca trascendió, pero Déby terminó concediendo la liberación inmediata de las cuatro azafatas españolas del avión y de los tres periodistas franceses. Lo más llamativo fue que el presidente de Chad permitió el traslado del resto de los condenados a Europa, con la condición de que cumplieran sus penas en una cárcel francesa. Se trataba en la práctica de una impunidad acordada entre los dos presidentes – aunque no se supiera qué había prometido Sarkozy a cambio – porque apenas unos meses después, Idriss Déby promulgó un decreto de amnistía para los condenados, lo que implicó su inmediata liberación en Francia. Así, el 1° de abril de 2008 fueron liberados el presidente de la supuesta ONG, Eric Breteau, y su pareja y socia, Emilie Lelouch; también los bomberos Dominique Aubry y Alain Péligat, encargados de la logística del grupo y, en la práctica, quienes manejaron la operación de secuestro de los niños. Poco después también salieron de la cárcel el médico Philippe Van Winkelberg y la enfermera Nadia Merimi, quienes había fraguado las heridas y las enfermedades de los niños para justificar la “evacuación sanitaria”. Esta foto de archivo, tomada el 21 de diciembre de 2007, muestra al director de la ONG francesa Zoe's Ark, Eric Breteau (izq.), y a la socia de la organización benéfica Emilie Lelouche (centro), llegando al juzgado de Yamena ( AFP PHOTO / PASCAL GUYOT / FILES / AFP) La tibieza de la justicia La liberación no significó el fin de los problemas judiciales de los implicados en el secuestro, porque para entonces los tribunales franceses habían tomado cartas en el asunto. Los jueces parisinos también fueron benignos con un delito que merece hasta diez años de prisión y 750.000 euros de multa por niño. Llamativamente se fijó a cada uno de los 6 imputados el pago de 87.000 euros por cada niño, un total de 8.900.000 euros destinados a los familiares de los chicos secuestrados. Sin embargo, como no se fijó qué organismo del estado controlaría los pagos fue imposible saber si los condenados pagaron las sumas estipuladas. También debieron afrontar un proceso por estafa, iniciado por una pareja que había pagado 6.000 euros al Arca de Zoé a cambio de poder adoptar uno de los niños que nunca llegaron a Francia. Por este último delito, Eric Breteau y Emilie Lelouch fueron condenados por el Tribunal de Apelación de París a 2 años de prisión en suspenso y El Arca de Zoé debió pagar una multa de 100.000 euros y autodisolverse. Para entonces habían pasado siete años del secuestro frustrado de los niños, y Breteau y Lelouch tenían otros planes. Cumplido el período de prisión en suspenso -que les impedía salir del país – se mudaron a Sudáfrica para regentear un hotel que compraron con fondos de origen más que dudoso. Un final impune, también digno de una película de Hollywood. El expresidente francés Nicolas Sarkozy sale de su casa el día de su encarcelamiento en la prisión de Sante para comenzar su condena de cinco años de prisión por asociación ilícita (REUTERS/Sarah Meyssonnier) En cuanto al hoy ex presidente Nicolás Sarkozy, nunca debió responder judicialmente por sus maniobras para garantizar la impunidad de los responsables del secuestro y el intento de venta de los 103 niños africanos. Sin embargo, 18 años después de los hechos, cuando se escriben estas líneas, acaba de ser condenado a cinco años de prisión por asociación ilícita en una causa por la financiación ilegal de su campaña electoral de 2007, precisamente el mismo año en que fue desbaratada la operación del Arca de Zoé.
Ver noticia original
Examedia © 2024
Desarrollado por