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Basavilbaso » Riel FM
Fecha: 25/10/2025 03:40
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez contra la ejecución del decomiso de más de $684.990.350.139,86, derivado de la condena por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo, firmado este viernes por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, confirmó la competencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 para llevar adelante la ejecución patrimonial vinculada a la causa. El núcleo del debate giró en torno a la naturaleza y alcance del decomiso, así como a la competencia judicial para su ejecución. Las defensas de la expresidenta y del empresario santacruceño sostuvieron que la medida excedía el ámbito penal y debía tramitarse en el fuero civil, o bien ser absorbida por la unificación de condenas dictada por el Tribunal Oral Federal N°4. Además, argumentaron que el decomiso implicaba una “acción resarcitoria” impropia del proceso penal y que existía riesgo de duplicidad sancionatoria, en violación del principio de ne bis in ídem, que prohíbe castigar dos veces por el mismo hecho. Sin embargo, la Cámara rechazó todos los planteos y reafirmó la naturaleza penal de la medida. En su voto, el juez Hornos destacó que “el decomiso de tales activos se erige como una herramienta indispensable para recuperar lo sustraído, neutralizar las ventajas económicas obtenidas a partir de estas prácticas, evitar la impunidad y desalentar la reiteración de hechos de similar naturaleza”. El tribunal también precisó que la ejecución debía circunscribirse al período comprendido entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, lapso en el cual —según la sentencia condenatoria— se acreditó la maniobra delictiva. “El parámetro temporal adquiere una gravitación decisiva, pues sólo resulta legítimo vincular al decomiso aquellas incorporaciones patrimoniales concomitantes con la maniobra criminal juzgada”, señaló el fallo. Asimismo, los magistrados subrayaron que la decisión se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de lucha contra la corrupción, reforzando la política de recuperación de activos ilícitos. De esta manera, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la competencia del TOF N°2 y dejó firme el decomiso, consolidando un precedente relevante en el ámbito de los delitos contra la administración pública.
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