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» Jackemate
Fecha: 18/10/2025 21:32
Comparte este Articulo... Por Edgardo Glavinich El control democrático de los servicios de inteligencia constituye un indicador fundamental de la calidad institucional en las democracias contemporáneas. La capacidad del Poder Legislativo para supervisar efectivamente las actividades de inteligencia refleja el equilibrio entre seguridad nacional y derechos ciudadanos, así como la vigencia real del principio de división de poderes. Argentina presenta una paradoja institucional significativa. Tras cuatro décadas de democracia ininterrumpida desde 1983, mantiene uno de los sistemas de control parlamentario sobre inteligencia más débiles entre las democracias occidentales. Esta investigación examina las causas estructurales de este déficit mediante análisis institucional comparado, documentando cómo el diseño del sistema de oversight facilita prácticas de vigilancia política mientras compromete la efectividad en seguridad nacional. El estudio se basa en tres preguntas de investigación fundamentales: ¿Qué características institucionales explican la debilidad del control parlamentario argentino sobre los servicios de inteligencia? ¿Cómo se compara el modelo argentino con sistemas de ‘oversight’ en democracias consolidadas? ¿Qué factores políticos perpetúan un diseño institucional subóptimo pese a escándalos recurrentes de espionaje político? Teoría del control democrático de inteligencia La literatura especializada identifica tres dimensiones del control democrático sobre servicios de inteligencia (Born & Leigh, 2005): control legal (cumplimiento normativo), control político (responsabilidad ante autoridades electas) y control operacional (supervisión de métodos y resultados). La efectividad del ‘oversight’ parlamentario depende de la convergencia de estas dimensiones en mecanismos institucionales concretos. Gill (2016) establece que el control parlamentario efectivo requiere cuatro elementos constitutivos: autoridad legal para acceder a información clasificada, recursos técnicos especializados, voluntad política sostenida y mecanismos de enforcement. La ausencia de cualquier elemento compromete el sistema completo de accountability. Diseño institucional y path dependence El concepto de ‘path dependence’ (Pierson, 2000) resulta particularmente relevante para comprender la persistencia de diseños institucionales subóptimos. Las decisiones fundacionales crean trayectorias que se auto refuerzan mediante mecanismos de retroalimentación positiva, incluso cuando producen resultados disfuncionales. En el contexto latinoamericano, O’Donnell (1998) identifica la distinción entre accountability horizontal (controles interinstitucionales) y vertical (control electoral). El oversight parlamentario de inteligencia constituye un mecanismo de accountability horizontal cuya efectividad depende de factores institucionales específicos que pueden fortalecerlo o neutralizarlo. Metodología Esta investigación emplea metodología mixta combinando análisis documental, estudio de casos y comparación institucional sistemática. Se analizaron: Documentos oficiales: Ley 25.520/2001, Decretos 614/2024 y 615/2024, actas públicas de la Comisión Bicameral (2001-2025), presupuestos nacionales (2001-2025). Casos judiciales: Se examinaron 23 casos documentados de espionaje político con resoluciones judiciales, incluyendo Proyecto X, espionaje a familiares del ARA San Juan, y vigilancia a periodistas. Análisis comparativo: Se estudiaron sistemáticamente los sistemas de oversight en ocho países utilizando variables estandarizadas: poderes formales, recursos institucionales, frecuencia de actividad y resultados documentados. Entrevistas: Se realizaron entrevistas semiestructuradas con ex legisladores, funcionarios de áreas de seguridad retirados y expertos en seguridad Resultados El diseño institucional argentino: anatomía de la impotencia El análisis del marco normativo revela que la Comisión Bicameral de Fiscalización fue diseñada con limitaciones estructurales que garantizan su inefectividad. El artículo 16 de la Ley 25.520 establece un principio único entre democracias occidentales: el órgano de control debe solicitar autorización del organismo controlado para acceder a información clasificada. Esta inversión de la lógica de supervisión no tiene precedentes en los 37 países democráticos analizados por el Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (2023). En todos los casos estudiados, los órganos parlamentarios tienen acceso garantizado a información necesaria para el ejercicio del oversight, con salvaguardas para proteger fuentes y métodos. La Comisión opera sin personal técnico permanente, contrario a la práctica internacional. Mientras el Senate Select Committee on Intelligence estadounidense cuenta con 85 profesionales especializados y el Intelligence and Security Committee británico mantiene 42 expertos, la Comisión argentina carece completamente de staff propio. Análisis presupuestario: expansión sin control El análisis de datos presupuestarios revela patrones significativos. Entre 2023 y 2025, los gastos reservados de inteligencia se habrían incrementado en un 1,967%. Este incremento se implementó mediante instrumentos que minimizaron la participación parlamentaria: decretos de necesidad y urgencia y decisiones administrativas. La Comisión Bicameral no produjo informes públicos evaluando la relación entre incrementos presupuestarios y mejoras en capacidades operativas. Esta omisión contrasta con prácticas internacionales donde el control presupuestario constituye la herramienta principal de oversight parlamentario. Patrones de espionaje político: evidencia sistemática El análisis de casos judicializados documenta un patrón consistente de vigilancia política sin consecuencias institucionales efectivas. Se podrían identificar más de un centenar de casos verificados de espionaje interno entre 1983 y 2025, distribuidos proporcionalmente entre todas las administraciones independientemente de su orientación ideológica. Los casos más documentados incluyen: Proyecto X (2003-2015): vigilancia militar sobre ciudadanos Espionaje AMIA (1994-2015): interferencia en investigaciones judiciales Caso ARA San Juan (2017-2018): vigilancia a familiares de víctimas Operación periodistas (2015-2019): monitoreo sistemático de medios críticos En ninguno de estos casos la Comisión Bicameral inició investigaciones proactivas o produjo informes con recomendaciones vinculantes. Comparación internacional: la excepcionalidad argentina El análisis comparativo sistemático revela que Argentina presenta el sistema de control parlamentario más débil entre las democracias analizadas. La Tabla 1 sintetiza las capacidades institucionales comparadas: Tabla 1: Capacidades de oversight parlamentario comparadas País Personal técnico Acceso a información Poder de citación Presupuesto propio Estados Unidos 85 profesionales Total Obligatorio USD 18 millones Reino Unido 42 profesionales Amplio Efectivo GBP 3.2 millones Alemania 28 profesionales Garantizado Vinculante EUR 4.5 millones Francia 15 profesionales Limitado Consultivo EUR 1.8 millones Brasil 12 profesionales Sustancial Obligatorio BRL 8 millones Chile 8 profesionales Efectivo Vinculante CLP 450 millones Uruguay 5 profesionales Completo Efectivo UYU 25 millones Argentina 0 profesionales Subordinado No vinculante ARS 0 Factores explicativos: status quo perverso Las entrevistas y el análisis documental sugieren tres factores principales que perpetúan el diseño disfuncional: Beneficios informales del status quo: Legisladores de diferentes partidos recibirían información selectiva de inteligencia de manera informal, creando incentivos para no formalizar mecanismos que democratizarían el acceso. Temor a costos políticos: La supervisión efectiva implicaría asumir responsabilidades por fallas o abusos, generando vulnerabilidades electorales que el sistema actual evita. Captura del oversight: La dependencia informacional respecto del Ejecutivo genera dinámicas de subordinación que se autorefuerzan con cada ciclo político. Discusión Los hallazgos confirman que el déficit de control parlamentario sobre inteligencia en Argentina no constituye una falla técnica sino un equilibrio del sistema de forma deliberado. El diseño institucional refleja la preferencia de actores políticos por mantener acceso informal a capacidades de vigilancia mientras evitan responsabilidades formales de supervisión. Este equilibrio genera costos significativos para la calidad democrática. La ausencia de oversight efectivo facilita el uso político de recursos de inteligencia, erosiona la confianza ciudadana en instituciones democráticas y compromete la profesionalización de los servicios. Paradójicamente, la debilidad del control parlamentario también reduce la efectividad operacional al desviar recursos hacia vigilancia política en detrimento de amenazas genuinas de seguridad. La comparación internacional demuestra que modelos alternativos son viables incluso en contextos de recursos limitados. Uruguay, con población y presupuesto significativamente menores, mantiene un sistema de oversight más robusto que Argentina. Esto sugiere que las limitaciones no son estructurales sino de decisiones. La persistencia del modelo disfuncional pese a escándalos recurrentes ilustra la fuerza de los mecanismos de path dependence. Cada gobierno hereda y utiliza las capacidades de vigilancia sin control, creando complicidades transversales que dificultan reformas. La ventana de oportunidad para cambios se reduce con cada ciclo, consolidando prácticas que normalizan la vigilancia política. Implicaciones para la reforma institucional Los resultados sugieren que reformas efectivas requieren abordar simultáneamente las dimensiones normativas, institucionales y políticas del problema. Cambios legales sin modificación de incentivos políticos resultarían insuficientes, como demuestra la experiencia de la Ley 25.520 que creó la Comisión Bicameral sin dotarla de capacidades reales. Una estrategia de reforma viable debería incluir: Modificación del artículo 16: Garantizar acceso directo a información clasificada mediante protocolos que protejan fuentes y métodos sin subordinar el control al controlado. Profesionalización institucional: Crear cuerpo técnico permanente con expertise específica, estabilidad laboral y recursos operativos independientes. Transparencia gradual: Implementar audiencias públicas periódicas y reportes desclasificados que generen accountability sin comprometer operaciones sensibles. Conclusiones Esta investigación documenta que la Republica Argentina mantiene el sistema de control parlamentario sobre inteligencia más débil entre las democracias analizadas, resultado de un diseño institucional que prioriza la opacidad sobre la accountability. La evidencia empírica demuestra que este déficit no es accidental sino producto de equilibrios del sistema que favorecen el acceso informal a capacidades de vigilancia mientras evitan responsabilidades formales de supervisión. El análisis comparativo revela que alternativas institucionales viables existen y funcionan efectivamente en contextos similares. La perpetuación del modelo argentino refleja decisiones políticas antes que limitaciones estructurales. Cada día sin reformas consolida prácticas que erosionan la calidad democrática y comprometen la seguridad nacional genuina. La ventana de oportunidad para transformaciones institucionales se reduce progresivamente. Sin voluntad política para romper equilibrios disfuncionales, Argentina continuará profundizando su excepcionalidad negativa en materia de control democrático de inteligencia, con costos crecientes para su democracia y seguridad. (Jackemate.com) (*) Director ejecutivo Fundación Sherman Kent – Consultor especializado en inteligencia estratégica con experiencia en sectores público y privado Referencias Born, H., & Leigh, I. (2005). Making intelligence accountable: Legal standards and best practice for oversight of intelligence agencies. Oslo: Publishing House of the Parliament of Norway. Born, H., & Wills, A. (2012). Overseeing intelligence services: A toolkit. Geneva: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces. (2023). Global intelligence oversight handbook. Geneva: DCAF. Gill, P. (2016). Intelligence governance and democratisation: A comparative analysis of the limits of reform. London: Routledge. O’Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. Journal of Democracy, 9(3), 112-126. Pierson, P. (2000). Increasing returns, path dependence, and the study of politics. American Political Science Review, 94(2), 251-267. República Argentina. (2001). Ley N° 25.520 de Inteligencia Nacional. Buenos Aires: InfoLEG. República Argentina. (2024). Decretos 614/2024 y 615/2024 – Sistema de Inteligencia Nacional. Buenos Aires: Boletín Oficial.
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