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» Radiosudamericana
Fecha: 26/09/2025 13:46
Jueves 25 de Septiembre de 2025 - Actualizada a las: 16:10hs. del 25-09-2025 POLÍTICA La justicia federal allanó la firma HTECH, que facturó $154 millones a la obra social de los peones rurales. La investigación apunta a contrataciones irregulares durante la intervención dispuesta por el Gobierno. La justicia avanza sobre presuntos negociados en OSPRERA, la obra social de los peones rurales intervenida por el Gobierno desde fines de 2024. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán ordenaron allanamientos a la empresa HTECH, que figura como proveedora de la obra social y emitió facturas por 154 millones de pesos. La firma es propiedad de Sergio Aguirre, empresario a quien la investigación vincula con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Desde el entorno del dirigente libertario rechazaron cualquier relación actual con Aguirre y negaron vínculos comerciales vigentes. Allanamientos y facturas sospechosas Cuando los efectivos llegaron al domicilio declarado de HTECH, constataron que allí ya no funcionaba la compañía. Sin embargo, en el mismo edificio se detectó actividad de WellMets Systems Medicine, también asociada a Aguirre. Los investigadores buscan determinar si los servicios contratados se tercerizaron de manera irregular y bajo qué condiciones fueron aprobadas las facturas dirigidas a la obra social. Este procedimiento se suma a otros allanamientos recientes en la sede de OSPRERA, la Superintendencia de Servicios de Salud y varias empresas proveedoras. Tres ejes de la investigación Las pesquisas judiciales se concentran en: La presunta ilegalidad de la intervención de OSPRERA. Las contrataciones de la nueva gestión, entre ellas Suizo Argentina, DISVAL y HTECH. La muerte de nueve pacientes, que derivó en una investigación por posible abandono de persona contra las actuales autoridades. El rol del interventor y las empresas beneficiadas OSPRERA fue intervenida el 29 de noviembre de 2024. Un mes más tarde, el interventor designado, Marcelo Petroni —a quien fuentes judiciales vinculan también con Menem— firmó un acuerdo de pagos con la droguería Suizo Argentina, de los hermanos Kovalivker. La deuda reconocida superaba los $7000 millones. Los Kovalivker están mencionados en el caso Spagnuolo, que investiga presuntas coimas en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que salpica a varios funcionarios del Gobierno. A pesar de las desmentidas oficiales, el fiscal Marijuán sostiene la hipótesis de que la intervención de OSPRERA buscó favorecer a empresas cercanas al poder.
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