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» Diario Cordoba
Fecha: 22/09/2025 16:36
El secretario general y el responsable de relaciones institucionales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Córdoba, Gustavo Pérez, acompañado por uno de sus vocales en el puesto principal de Montilla, se han reunido con el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, junto a la primera teniente de alcalde y el concejal de seguridad, a quienes han "expuesto la situación de la Guardia Civil en dicho municipio", explica la AUGC en una nota de prensa. En el encuentro ha quedado de manifiesto que, a pesar de tratarse de un puesto principal, que son los más grandes de la provincia, "su plantilla es insuficiente para las actuales necesidades de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta que el 13% de los efectivos no están disponibles por encontrarse comisionados o agregados en otras unidades y equipos especializados", asegura la asociación. En este sentido, la AUGC cifra en un guardia civil por 745 habitantes (por cada 859 habitantes si se tiene en cuenta el personal disponible realmente en la actualidad) la ratio, "a todas luces insuficiente". Especialmente si se compara con "otros municipios y provincias", así como "atendiendo a los estudios especializados en materia de seguridad". No debe obviarse que se trata del cuarto municipio de la provincia en número de habitantes, solo por detrás de la capital cordobesa, de Lucena y Puente Genil. Situaciones anómalas Y ese "déficit de personal" produce "situaciones anómalas", como "tener que derivar a los ciudadanos a fechas posteriores para poder ser atendidos adecuadamente, o tener que retirar la patrulla de las calles para poder instruir diligencias o custodiar detenidos". A lo cual se añade que, "al permanecer cerradas casi todo el tiempo las dependencias de la Guardia Civil en otras poblaciones cercanas, muchos ciudadanos son derivados para presentar denuncia y ser atendidos en el Puesto Principal de Montilla, con todo lo que ello conlleva". En el encuentro, AUGC ha trasladado al regidor montillano sus propuestas para revertir esa situación, entre las que se incluye el incremento de la plantilla de la Guardia Civil en Montilla y en toda la provincia, "donde hay unas 165 vacantes sin cubrir, habiendo caído un 5,8% el número de efectivos en los tres últimos años". De hecho, la última convocatoria de destinos no solo no ha aumentado la plantilla, sino que la ha reducido, al irse a otras provincias más guardias civiles de los que llegan, "e incluso algunas unidades han perdido efectivos, como ocurre con el Puesto Principal de Montilla al quedarse con dos componentes menos", asegura la asociación. Pero además, para AUGC es "necesario reestructurar el despliegue territorial de la Guardia Civil mediante la comarcalización de unidades y la agrupación de efectivos, así como dotar de personal propio a los equipos especializados e incorporar al personal en situación de reserva para desempeñar los cometidos administrativos y similares". Proponen utilizar vehículos de renting Por otro lado, los representantes de AUGC han expuesto que "el 28% de los vehículos de la Guardia Civil en Montilla se encuentran en mal estado, son muy viejos y acumulan muchos kilómetros", con el consiguiente gasto en reparaciones y mantenimiento (que cifran dos millones de euros durante los últimos cinco años en la provincia de Córdoba), por lo que AUGC propone la "utilización mayoritaria de vehículos de renting en la Guardia Civil, como se hace en otros cuerpos policiales, así como que Interior centralice las compras de vehículos para los dos cuerpos estatales". En la reunión también se han abordado otras cuestiones, como la necesidad de reconocer como profesión de riesgo a guardias civiles y policías nacionales, "especialmente en una provincia donde las agresiones a guardias civiles van en aumento y cada vez son más violentas, así como el cumplimiento íntegro del acuerdo para la equiparación salarial", la imperiosa necesidad de que los guardias civiles puedan tener una jornada laboral que les permita "conciliar su vida laboral y familiar mediante turnos de trabajo", y la reclasificación al grupo B funcionarial de las escalas básicas de los dos cuerpos estatales.
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