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» Diario Opinion
Fecha: 22/09/2025 15:22
Por medio del decreto 681/2025, anunciado en el Boletín Oficial este lunes, el Gobierno promulgó la ley 27793, que "declara la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por UN (1) año más". Sin embargo, la norma, todavía no podrá hacerse efectiva: en el artículo 2 del mismo decreto, se pide al Congreso de la Nación que informe de dónde saldrán los fondos necesarios para cumplirla. Este decreto suma un capítulo más a la larga pelea entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en relación con el ajuste en el área de Discapacidad, tras el rechazo del Parlamento al veto presidencial a esta ley. Discapacidad: marcha y contramarcha en el mismo decreto Así como el artículo 1 del decreto promulga la ley, el artículo 2 la pone entre paréntesis y vuelve a "tirarle la pelota" a los legisladores. "Comuníquese al H. CONGRESO DE LA NACIÓN, en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga", dice textualmente. En los considerandos del decreto, el Gobierno se explaya en las razones que sustentan esta decisión, ligados a la búsqueda de equilibrio fiscal, y hace estimaciones acerca de cuánto aumentaría el gasto público para afrontar las obligaciones que la ley consagra. Después de desglosar estos números, resume: "Que, en consecuencia, la implementación de la Ley N° 27.793 demandaría un crédito presupuestario total de aproximadamente PESOS TRES BILLONES DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL ($ 3.019.508.900.000), equivalente a CERO COMA TREINTA Y CINCO POR CIENTO (0,35 %) del Producto Bruto Interno (PBI)." Y agrega: "Que por el artículo 38 de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera se prevé expresamente que "[t]oda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento". Luego, el Gobierno acusa al Congreso de "insistir en la sanción" de la ley sin tener en cuenta cómo afectaría su ejecución al equilibrio fiscal. Finalmente, se ampara en el artículo 5° de la Ley N° 24.629 de Normas Complementarias para la Ejecución del Presupuesto de la Administración Nacional para suspender la ejecución: "toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional". Los recortes en el área de Discapacidad vienen generando mucha fricción entre el Gobierno y la ciudadanía, y desde hace meses son objeto de marchas y protestas contra lo que se dio en llamar "política de la crueldad". Esta situación se agudizó cuando se conocieron los audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde da detalles de una presunta trama de corrupción orquestada en torno al área y acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de quedarse con el "3 por ciento" de cada contrato. Tras la promulgación de la ley de emergencia en Discapacidad, el veto presidencial y el rechazo al veto en el Congreso, este decreto funciona como "gambeta" del Ejecutivo, a la espera del próximo movimiento de los legisladores.
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