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» La Capital
Fecha: 18/09/2025 17:50
El juez citó a declaración indagatoria a 26 ex directivos de la cerealera y de la entidad financiera. Comodoro Py se suma a las causas penales que ya están avanzadas en Rosario y Reconquista Cinco años después del default de Vicentin, el juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a 26 personas que en 2019 integraban el directorio de la cerealera y del Banco Nación. Fueron acusados por el fiscal Gerardo Pollicita de ponerse de acuerdo para defraudar al Estado nacional por al menos u$s 264 millones a través del otorgamiento de créditos incobrables. Entre los citados están los ex directores del Banco Nación Javier Antonio González Fraga, Lucas Llach y Carlos Alberto Castellani. También los ex directores de Vicentin Daniel Buyatti, Alberto Macua, Herman Vicentin, Martín Colombo, Roberto Vicentin y Máximo Padoan. El magistrado inhibió sus bienes y les prohibió salir del país. Pollicita denunció que entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco Nación, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, defraudaron al Estadootorgando créditos cuando la empresa estaba en graves dificultades. La Fiscalía probó que parte del dinero, unos u$s 16 millones, terminó en paraísos fiscales y en cuentas de la compañía. Entre el 14 de junio de 2018 y el 30 de abril de 2019, el banco había autorizado prestarle a Vicentin hasta u$s 300 millones, lo que fue prorrogado reglamentariamente hasta el 31 de julio de 2019. En agosto de ese año, el grupo quedó sin calificación crediticia ni de riesgo. También se hallaba excedido y no podían volver a prestarle dinero, hasta tanto una resolución del directorio fijara las condiciones y los nuevos límites para el período 2019-2020. La línea de la cerealera representaba el 20% del patrimonio del banco, lo que implicaba un exceso en el riesgo autorizado. En un primer momento, los funcionarios del Nación rechazaron la posibilidad de continuar asistiendo financieramente al grupo. El 9 de agosto de 2019, los empresarios dejaron de pagar los vencimientos de deuda de cada uno de sus préstamos, lo que se repitió y agravó los siguientes meses y llevó a que se acumulara más deuda vencida que era exigible y los funcionarios del BNA estaban facultados a cobrar. No obstante, el banco les garantizó a los empresarios el no cobro de la deuda; la no ejecución de las garantías, la liberación de prácticamente todos los fondos que tenían y, finalmente, la refinanciación de u$s 105.500.000. Para urdir esta última maniobra, continuó el fiscal, “se fingió un acuerdo entre el banco y el grupo empresarial, que fue utilizado como justificativo para las asistencias financieras asignadas en noviembre de 2019”. Así, entre el 8 y el 26 de noviembre de ese año le otorgaron u$s 105.500.000 pese a que que registraba una deuda vencida y exigible de u$s 150 millones. El perjuicio económico al BNA alcanzó, “cuanto menos, la suma de u$s 264.500.000, de los cuales más de u$s 20.000.000 desviados al exterior por los empresarios”, dijo. Además, en el proceso de vaciamiento de las cuentas, las autoridades de Vicentin recurrieron a la utilización de “facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos” por unos $ 222.780.392, es decir unos u$s 3,7 millones. También se valieron del giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas por u$s 16,9 millones, parte de los cuales culminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales. La Justicia lenta El economista Claudio Lozano, que denunció la maniobra a principios de 202, cuando asumió como director del BNA, saludó la decición y recordó que muchos de los argumentos vertidos por el fiscal retoman los tres informes que presentó en aquel momento en declaración testimonial. Tmabién mencionó el vínculo de Vicentin con Mauricio Macri. “El grupo empresario era el principal aportante a las campañas electorales y uno de los integrantes del directorio del grupo era presidentedel PRO en Santa Fe”, apuntó. Reveló además que hubo llamadas del presidente de la Argentina pidiéndole al titular del BNA, González Fraga, que le facilitara el acceso al crédito a Vicentín. “De este modo, el grupo empresario pudo transitar desde abril del 2018 con la calificación crediticia vencida, superando los límites normativos internos del Banco e incluso los límites y regulaciones propias del sistema financiero”, agregó. “La connivencia entre el gobierno de Macri con Vicentín llegó al extremo de posibilitarle al grupo empresario disponer de los u$s 791 millones que estaban depositados en una cuenta en garantía en el Banco Nación y que más que duplicaban la deuda del grupo con el banco”, dijo. Y recordó que pasaron cinco años y “ya no está en el poder la fuerza que gobernaba en ese momento”. El diputado provincial Carlos Del Frade, otro de los primeros denunciantes de la estafa, señaló que “hacía cinco años que esto se sabía por lo investigado en la causa del fiscal federal Gerardo Pollicita y que fuera denunciado por nosotros en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. “El dinero del pueblo argentino iba a parar a una cuenta que tenía Vicentín sin ninguna limitación y desde allí, los señores empresarios, hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto de 2019 y enero de 2020”, recordó el legislador. Las otras causas La causa por estafa que se lleva adelante en los tribunales de Comodoro Py es una de las primeras en iniciarse pero es la de más lento avance. En Rosario, en 2020 se presentó una denuncia penal por defraudación. En 2023, la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario acusó formalmente de estafa y asociación ilícita a los ex directivos de Vicentin. En el transcurso de tres años de investigación, los fiscales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja construyeron una acusación contra los ex directivos de Vicentin, que se fue anticipando en sucesivas audiencias imputativas. La conclusión principal del trabajo es que el sorpresivo default de 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio”. Una operación utilizada en el comercio de granos por la cual el comprador recibe el producto y lo paga en un futuro. Llegó un momento en que la cerealera no pudo afrontar el compromiso, interrumpió esos pagos y se presentó en concurso de acreedores. Balances falsos, simulaciones y un desordenado flujo de fondos entre la concursada y un entramado de empresas vinculadas, forman parte del mecanismo que el Ministerio Público de Acusación considera que se utilizó para construir una estafa en la que se tomaban recursos de bancos y vendedores, aun en medio de una situación financiera complicada, que luego se perdían en el laberíntico mundo de sociedades ligadas a la firma. Por otra parte, en 2024 el juez federal de Reconquista Aldo Alurralde procesó a 14 directivos y exdirectivos de la empresa Vicentín al considerarlos responsables del delito de “aprovechamiento indebido de beneficios fiscales”. En la causa, el fiscal Roberto Salum los acusó de presentar facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA), entre 2016 y 2018, por un monto superior a los $ 143 millones. La causa se inició con una denuncia formulada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que detectó en primer lugar 54 proveedores apócrifos entre los emisores de los comprobantes presentados por Vicentín. Tras una serie de ampliaciones, ese listado alcanzó los 80 proveedores.
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