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» El Ciudadano
Fecha: 18/09/2025 03:54
La titular de la Fiscalía Federal N°3 de La Plata, Ana Russo, requirió la elevación a juicio de un suboficial del Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 del Ejército, de City Bell, por considerarlo autor de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, amenazas coactivas y abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en un caso que tuvo como víctimas a dos soldadas voluntarias de esa unidad militar. La presentación fue formulada el 25 de agosto ante el juez federal Ernesto Kreplak. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado -de 47 años actualmente- abusó sexualmente de E.S.G. en un «número indeterminado de ocasiones» entre noviembre de 2022 y el 22 de febrero de 2023. Los abusos finalizaron cuando la víctima hizo la denuncia ante la funcionaria militar que oficiaba de Punto de Enlace de Género en el Batallón y también en sede policial, en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense. «Estas conductas ocurrieron en el interior de la Oficina de Comando y Servicio», indicó la fiscal, y precisó que en ese lugar la víctima y el victimario «prestaban funciones en el horario comprendido entre las 8 y las 13 horas, él como suboficial y principal y ella como Soldada Voluntaria y auxiliar de aquél». La fiscal precisó que el acusado se valió «de su posición de poder como superior de G. en el marco de una estructura jerarquizada» para cometer esas conductas, que consistieron en: «Levantarle la remera que llevaba puesta, tocarle los pechos, estirarle por detrás el pantalón para ver qué ropa interior tenía puesta, intentar besar su boca y cuello, tocar su cola, colocar las manos en su cintura y empujarla contra él para que sintiera su pene erecto». A través de mensajes de Whatsapp, le pidió que «le enviara fotos íntimas suyas, que le pasara la ubicación de su paradero y le exigió que cambie la foto de perfil». Todo ocurría sin el consentimiento de la víctima y «aprovechando los momentos en los que se encontraba a solas» con ella, «en algunas oportunidades cerrando con llave la única puerta de acceso a la oficina y aprovechando que las ventanas de la habitación se encontraban a una altura considerable del piso, obstaculizando así la visión desde afuera hacia adentro del lugar». Por otro lado, la fiscal marcó que el imputado le dijo a la víctima que, «en caso de que contara todas las situaciones a las que la sometía, iba a utilizar su jerarquía en la fuerza para que le dieran de baja». «Los episodios aquí denunciados, desarrollados en el marco de la institución militar, se enmarcaron en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del imputado», sostuvo la fiscal Russo En relación con la segunda víctima, L.E.B., la fiscal imputó al suboficial haberla perjudicado de forma arbitraria y/o maltratado durante el mismo periodo que en el primer caso. Esas conductas consistieron en cerrar la oficina cuando estaban juntos y someterla a que «escuchara comentarios de contenido personal e íntimo» y le «expresó su deseo de tener relaciones sexuales», a lo cual la víctima se negó. También en este caso, según la acusación, le hizo llamados por Whatsapp para pedirle que «le enviara fotos de cómo se encontraba vestida y/o la ropa interior que tenía puesta en ese momento», y la amenazó con «ejecutar un movimiento brusco» -textual de los dichos del imputado- contra su persona «si se enteraba que ella le contaba a alguien sobre los episodios referidos». La fiscal Russo repasó los testimonios de las víctimas, de sus compañeros y compañeras de trabajo y la declaración indagatoria del acusado, como también información documental recabada por la fiscalía en la investigación del caso, que tuvo a su cargo. Además de las declaraciones de las víctimas, valoró especialmente los dichos de otra soldada que refirió que el imputado tenía «constantemente cerrada la puerta» de la oficina y que en oportunidades «él no nos quería abrir». La misma soldada también narró que en una oportunidad el acusado la tomó por detrás y le tironeó el pantalón. La fiscal tuvo en cuenta que el acusado tenía antecedentes de abuso sexual respecto de una adolescente de 14 años, por los que estuvo privado de la libertad dos años, entre 2009 y 2011. Al momento de valorar las conductas, la fiscal puso de relieve que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará) establece el deber de los Estados de «actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer», con el establecimiento de procedimientos legales, justos y eficaces, y marcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que ese deber debe ser «reforzado» en estos casos. La fiscal citó el Protocolo de investigación y litigios de casos de violencia sexual – 2023 elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencias contra las Mujeres (UFEM), que refiere que las relaciones asimétricas de poder que favorecen estos casos «se ven profundizadas cuando la relación laboral se enmarca en instituciones tales como las fuerzas armadas, fuertemente jerarquizadas, en las que las órdenes y obediencia de los estratos subalternos respecto de los superiores se encuentran particularmente intensificadas, naturalizadas y reglamentadas». Añadió que, de acuerdo con las estadísticas publicadas por esa oficina en junio pasado relativas a la violencia sexual al interior de las fuerzas armadas y de seguridad federales, «el 96% de los agresores ocupaba cargos jerárquicos y/o superiores al de las víctimas, que en promedio eran 16 años mayores que las damnificadas y que el 88% de las denunciantes consecuencias laborales después del hecho, como licencias temporales, reubicaciones y hasta despidos». «Podemos concluir entonces los episodios aquí denunciados, desarrollados en el marco de la institución militar, se enmarcaron en el contexto general de violencia de género y desigualdad estructural entre varones y mujeres, agravada por la relación jerárquica del imputado», sostuvo la fiscal Russo. Fuente: Ministerio Público Fiscal
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