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» Comercio y Justicia
Fecha: 15/09/2025 13:05
Silvana Chiapero, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba, pone en valor el trabajo institucional en defensa de una justicia independiente, ética y cercana a la comunidad, en el marco de una nueva conmemoración del Día de la Magistratura y la Función Judicial ¿Qué significado tiene para los jueces y funcionarios judiciales el Día de la Magistratura y la conmemoración de la creación de la Federación Argentina de la Magistratura? La conmemoración del Día de la Magistratura y la Función Judicial es una fecha de mucha relevancia para nuestra institución porque cada aniversario de la creación de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM) y la Función Judicial ocurrida en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, marca un nuevo año de vigencia del asociacionismo federal. La celebración es motivo de fortalecimiento de los propósitos comunes que abrazamos con fervor por su estrecha vinculación con nuestros objetivos estatutarios, esto es, mejorar el servicio de justicia, dignificar la labor judicial y fortalecer la protección de la independencia judicial. La conmemoración supone celebración, pero también una fecha de reflexión. Cada año ponemos énfasis en la necesidad de fortalecer nuestros valores republicanos y consolidar el gobierno de las leyes y la Constitución, y exhortamos a tomar nota del malestar de la sociedad con los poderes judiciales, resaltando que ese malestar se extiende a las instituciones que como la nuestra está integrada por magistrados y funcionarios. Como expresó el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, en una visita a nuestra provincia, en la época que nos ha tocado ejercer nuestra función, los jueces no deben callar si se trata de defender la independencia judicial, porque hoy dictar sentencias justas no alcanza para que la sociedad recupere la confianza en la justicia. El asociacionismo nos brinda un ámbito de debate y reflexión constante de estas cuestiones. Es además tradición de nuestra institución cumplir con otro propósito, no menos importante, cual es cumplir con el merecido agasajo que merecen los asociados/as que tomaron la determinación de finalizar su misión activa dentro del Poder Judicial. Celebramos con ellos y sus familias el comienzo de una etapa de sus biografías distinta y merecida que acompañamos, no con el propósito de despedir sino de reconocer el esfuerzo y dedicación en la función y exhortarlos a continuar aportando -desde otro lugar- al cumplimiento de los objetivos de nuestra institución. Este año se suma a la celebración la inauguración de un moderno auditorio, dotado de la mejor y última tecnología, que ha sido un anhelo de la actual conducción y que no sólo representa una mejora edilicia notoria de nuestra casona donde funciona la sede Capital sino que nos brindará la posibilidad de conectarnos sincrónicamente con nuestros asociados/as del interior, quienes podrán aprovechar las capacitaciones y eventos institucionales en tiempo real, aunque de modo remoto. ¿Cómo valora el rol de la Federación en la consolidación del Poder Judicial y en la defensa de la independencia judicial en nuestro país? Creemos de vital importancia la función de FAM en la defensa de la independencia de los poderes judiciales provinciales. En el seno de la FAM interactuamos con todos los colegios y asociaciones de las provincias argentinas, las reuniones operan como una verdadera caja de resonancia donde confluye la problemática común como la puntual de cada colegio o asociación. Por ejemplo, recientemente el del Poder Judicial de Santa Cruz, que se enfrenta con medidas que comprometen la independencia del Poder Judicial con la reducción de presupuesto, modificación del funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Tribunal de Enjuiciamiento que colocan a la justicia en situación de dependencia con los poderes políticos en contradicción con la Constitución Nacional y los Principios Básicos de la ONU. También el caso de Santa Fe, que se enfrenta a iniciativas en curso en el proceso constituyente que podrían comprometer la independencia judicial y debilitar la efectiva protección de los derechos de la población. Los colegios y asociaciones nucleadas en FAM estamos unidos en torno a maximizar la defensa y liberación de toda injerencia interna o externa en la función judicial, en pos de no subordinar jamás al Poder Judicial a la clase política, pues en tales condiciones el Poder Judicial se debilita y no logra garantizar ni se encuentra en condiciones de proteger, asegurar o mantener el derecho de las personas. Somos conscientes de que con un Poder Judicial debilitado se encuentra en riesgo el sistema republicano. Sólo un Poder Judicial provisto de imparcialidad e independencia hace posible la garantía del acceso al debido proceso y la vigencia real del recurso a la justicia para garantizar la tutela efectiva que manda e impone el Pacto de San José de Costa Rica tratado con jerarquía superior a las leyes. Desde su rol como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Córdoba, ¿qué desafíos considera prioritarios para la magistratura local en este contexto institucional y social? Creo que la asociación debe contribuir con un Poder Judicial más democrático con el fortalecimiento de los vínculos con la sociedad destinataria del quehacer. Ese objetivo se logra con la publicidad de los actos de gobierno, lo que constituye uno de los principios adoptados por nuestro ordenamiento constitucional. La Corte Suprema y nuestro Tribunal Superior de Justicia local ya han emprendido esta tarea a través de la publicación de sus resoluciones a través de la página web y de acordadas con detalle de la producción incluso de las salas que integran el Alto Cuerpo que garantizan transparencia. Además, debemos hacer todos los esfuerzos necesarios para acortar los tiempos de la justicia. La oralización de los procesos está diseñada en pos de ese loable propósito, debiendo ser controlado y auditado permanentemente para que lo que ha sido un éxito inicial no se vaya desmoronando con el transcurso del tiempo. Por otra parte, tenemos que profundizar la implementación del lenguaje claro en los pronunciamientos judiciales para que sean más asequibles al destinatario de los mismos. El pasado 26 de agosto de 2024 la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado como política institucional la incorporación del lenguaje claro con miras a favorecer la comprensión de sus pronunciamientos por parte de los destinatarios. Se incorporó a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro, constituida por iniciativa de la Real Academia Española (Res. 654/2024). ¿Qué acciones o iniciativas viene desarrollando la asociación para fortalecer la labor judicial y el vínculo con la comunidad? La Asociación de Magistrados (AMFJ) de la Provincia de Córdoba desarrolla múltiples actividades para fortalecer la labor judicial. Es bien sabido que estamos inmersos en medio de una crisis. Nuestro país tiene una altísima tasa de pobreza que enfrenta a mucha población con extrema vulnerabilidad que opera como obstáculo de acceso a justicia y esos indicadores dan muestra de otros menos fáciles de medir, pero no menos profundos como es la disminución de la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial. El mundo judicial de hoy es muy diferente al que existía, cuando ya hace 60 años se fundó esta institución. Los avances de la tecnología, las comunicaciones, la inteligencia artificial, los conflictos ambientales, el aumento de la litigiosidad, nos enfrentan a desafíos antes insospechados. Sabemos que no es fácil resolverlos y que tampoco podrá hacerse en poco tiempo. Pero una institución como la nuestra debe escoger la esperanza por encima del desasosiego y por ello nuestro Instituto de Estudios de la Magistratura trabaja incesantemente por capacitar a nuestros magistrados y funcionarios para enfrentar los nuevos desafíos. La sociedad necesita confiar en que sus derechos y garantías serán respetados y espera que la justicia los proteja. La capacitación es la llave de la mejora de la administración de justicia, si se la entiende en su total y real dimensión, porque hace aptos a los operadores jurídicos para brindar las respuestas en forma continua al compás del desarrollo y avance de la sociedad que los requiere. Otra acción de alto impacto son todas las gestiones realizadas en pos de la actualización de nuestra legislación adjetiva local que ha prosperado recientemente con la resolución del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, quien ha convocado a nuestra Institución junto con otras, a participar en la Comisión de expertos que asumirá la tarea de proyectar la reforma de nuestro Código Procesal Civil y Comercial. En estos tiempos de complejidad institucional, ¿cuál cree que debe ser el compromiso ético y profesional de los magistrados y funcionarios judiciales? El fortalecimiento de la ética es política permanente y objetivo sobre el que converge una parte significativa de los esfuerzos de la asociación. No es ajeno a la demanda de la sociedad que los magistrados/as tengan ejemplaridad moral y excelencia técnica. Los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial de la ONU establecen específicamente que el juez “exhibirá y promoverá altos estándares de conducta judicial, con el fin de reforzar la confianza del público en la judicatura, que es fundamental para mantener la independencia judicial”. Porque no basta con que el juez sea independiente del Gobierno, pues su parcialidad puede surgir a partir de otros condicionamientos personales o corporativos. Como atributo de la función, no cabe menos que esperar que los jueces cumplan con los más altos estándares éticos y profesionales en el ejercicio de su función. No sólo el mal desempeño es condición de salida sino que cabe propiciar el buen desempeño como condición de continuidad y pauta de mejora. ¿Cómo está trabajando la asociación en temas vinculados a cuestiones de género y bienestar de sus asociados? La AMFJ ha incorporado en la última gestión una Oficina de Género a cargo de la Dra. Mónica Traballini y su equipo que se han independizado de nuestro Instituto de Estudios de la Magistratura en pos de concientizar interna y externamente la inclusión de la perspectiva o enfoque de género como pilares que colaboran con la sostenibilidad y legitimación del sistema de justicia en una sociedad democrática. La inclusión de las mujeres y la promoción de la inclusión de la perspectiva de género en los ámbitos judiciales son fundamentales para garantizar una justicia imparcial y equitativa. También se ha creado la Oficina de Comunicación institucional a cargo de las Licenciadas Mariana Huberman y Paula Barella. Ni el Poder Judicial ni las instituciones pueden permanecer silentes frente a la constante crítica al quehacer judicial, ni permitir que se construya una “realidad mediática”, emanada de una sola fuente de información. Debemos adoptar -en cambio- una actitud proactiva frente a la noticia y no meramente reactiva o defensiva. Porque en el sistema democrático republicano el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública y la transparencia es requisito de legitimidad de la institución judicial, por lo que generar comunicación directamente desde el Poder Judicial y de las instituciones intermedias es una manera de provocar el anhelado efecto legitimador de la institución judicial. La “política del secreto” o la “política del silencio” cultivada durante muchos años ha contribuido altamente en el aumento de la desconfianza que nos aqueja. Contribuimos también con el bienestar de los asociados mediante la firma de numerosísimos convenios con comercios y prestadores de servicios que contienen importantes beneficios y con la conservación y mantenimiento de nuestra casa de campo en Dique Chico que se ha transformado en un lugar de encuentro y esparcimiento de los asociados entre sí y con sus familias. ¿Qué mensaje le gustaría transmitir hoy a sus colegas en este día tan significativo para la magistratura argentina? Que ningún integrante del Poder Judicial debería olvidar que la esperanza de la ciudadanía reside en la Justicia, porque el Poder Judicial que integra es el órgano que sustrae la solución de los conflictos de las manos de los particulares y realiza el orden jerárquico con resoluciones ajustadas a derecho. Y eso solo puede lograrse con una magistratura y un funcionariado independiente, idóneo y virtuoso. Ninguna sociedad despega sin fortalecer su Justicia. Por ello debemos seguir trabajando coordinadamente con todas las Instituciones involucradas para que la frase común “todo está en manos de la Justicia” ceda paso a un sincero sentimiento de respeto y sano temor al peso moral y jurídico de la decisión judicial.
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