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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 07/09/2025 10:07
La saga del tormento no ha concluido. La grabación clandestina (¡otra más!) de una conversación del ministro de Economía, Luis Caputo, le agregó inquietud a un gobierno ya inquieto. Un periodista que prefirió no difundir ese audio se lo entregó a la Justicia. El audio de Caputo llegó al juez Julián Ercolini y al fiscal Carlos Stornelli en el marco de la causa abierta por la denuncia del Gobierno sobre espionaje ilegal tras la difusión de conversaciones de Karina Milei, grabadas supuestamente en su despacho. Ercolini delegó en Stornelli la investigación, y el reconocido fiscal escribió en su primer dictamen que quiere llegar a la “génesis” de los audios y reconstruir la trama hasta su difusión. Esto es: no se quedó hurgando entre los chismes sobre quiénes los difundieron y por qué; quiere investigar hasta saber quiénes urdieron la maniobra, quiénes horadaron los anillos de seguridad que deberían rodear a los gobernantes y quiénes tramitaron su difusión. El nuevo audio de Caputo se grabó aparentemente en un lugar público (bar o restaurant) porque no se corresponde con una pinchadura telefónica. En esa grabación, el ministro de Economía no dice nada que pueda inculparlo o que pueda comprometer su gestión al frente de la cartera económica. Otro funcionario tuvo acceso a los 50 minutos de grabación de conservaciones de Karina Milei (anunciados enigmáticamente por el canal de streaming Carnaval, que difundió los primeros audios del exfuncionario Diego Spagnuolo) y tampoco encontró nada que inculpe a la hermana del Presidente. El funcionario hasta le aconsejó a la señora Milei que sea ella quien haga público esos audios para despejar la ansiedad y la sospecha que viborean entre políticos y empresarios. Pero nadie decidió llegar a tanto. Por el momento, el único audio que planteó la posibilidad de que existiría una danza de compras de medicamentos por parte del Estado y de sobornos pagados por empresarios es el de Spagnuolo, el examigo de Milei, exasesor jurídico del Presidente y excontertulio del mandatario en las noches de óperas y empanadas en Olivos. Sin embargo, la difusión de conversaciones grabadas de dos de los tres funcionarios más importantes del gobierno, Caputo y Karina Milei (falta solo Guillermo Francos), tiene la forma, el color y el aroma de un mensaje mafioso. ¿Qué dice ese mensaje? Que existirían más audios y que algunos podrían no ser tan inocentes como los últimos que se conocieron, el de Karina y el de Caputo. Dice algo más: que una innegable ineptitud del oficialismo dio vuelta la historia de las grabaciones clandestinas: ahora hay un gobierno que es grabado, mientras antes eran los gobiernos los que grababan. La alteración del viejo orden no habla bien del gobierno mileísta. Pero tampoco habla bien, ni mucho menos, de los gobiernos anteriores. Con todo, es necesario destacar hasta dónde se perforó en la administración de Milei la seguridad de los más altos funcionarios públicos sin que nadie sepa nada sobre sus autores ni de los motivos de los autores. Solo se le ocurrió al Gobierno pedir la censura previa para los anunciados audios de Karina Milei que, según la versión predominante, no decían nada. Y encontraron al juez necesario en el momento oportuno, Alejandro Patricio Maraniello, quien escribió que no debía difundirse el contenido de los audios “anunciados” por el canal Carnaval. Según reveló más tarde la periodista Paz Rodríguez Niell, el juez Maraniello les asegura a sus interlocutores que él solo prohibió la difusión de los audios que ya se conocían, no los “anunciados”. ¿Quién lo entiende a ese juez? ¿Es cierto lo que dice o lo que escribió? Seguramente solo huía del ojo del huracán en el que estaba desde que ordenó la censura previa, “groseramente inconstitucional”, como la calificó el constitucionalista Antonio María Hernández. Vale la pena repetirlo: lo realmente grave, además de la censura previa de Maraniello, está en los audios de Spagnuolo. Inmejorables fuentes judiciales señalaron que la investigación en los tribunales podría concluir en que se cometieron delitos de corrupción en el Estado, aunque es temprano, precisaron, para señalar quiénes los habrían perpetrado. Tal conclusión no será inminente, de todos modos. Los supuestos sobornos pagados a funcionarios de Milei, según Spagnuolo, por la droguería Suizo Argentina está en el juzgado del magistrado Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Franco Picardi, un exfuncionario del Ministerio de Justicia de Cristina Kirchner. Debe señalarse que no es Casanello quien elige al fiscal, sino un sorteo. Stornelli, que investiga la denuncia de Patricia Bullrich, y Picardi, que indaga si hubo corrupción en el mileismo, son dos fiscales muy distintos. Stornelli sentó al kirchnerismo en el banco de los acusados y también investigó la causa de los cuadernos, en cuyas hojas se escribió la mejor biografía de la corrupción durante los gobiernos de los Kirchner; Picardi, en cambio, fungió como autoridad del gobierno de la señora de Kirchner. El juez Casanello ordenó los inmediatos allanamientos de las casas y las oficinas de la familia Kovalivker, dueña de la droguería Suizo Argentina, y el secuestro de sus teléfonos celulares. Fuentes judiciales señalaron que el asunto había tomado estado público por la difusión de los audios de Spagnuolo y que, por eso, los teléfonos celulares debían ser incautados cuanto antes. De hecho, no se pudieron recuperar los chats borrados por Spagnuolo, que es abogado y sabía que podían secuestrarle rápidamente el teléfono. El celular es en los tiempos que corren el elemento más preciado por la Justicia. “Ahí están las conversaciones, los chats, los mails, las fotos y hasta los movimientos bancarios. Está la vida de una persona”, describió un funcionario judicial. Cerca del juez Casanello se considera legal que se haya utilizado una grabación, que indicaba que podía existir un delito, para iniciar una investigación. Recuerdan, incluso, que las Naciones Unidas estipuló que cualquier “noticia”, venga de donde venga, sobre la supuesta corrupción de funcionarios del Estado debe ser investigada por la Justicia. La saga del martirio de Milei siguió también otros senderos. El Congreso le hizo saber al Presidente en la semana que terminó que está decidido a ponerle fin a lo que un legislador de la oposición llamó la “vetocracia” gobernante. Se refería a que el Presidente tiene más vocación por aplicar el veto a proyectos de leyes aprobados por el Congreso, que es un derecho excepcional del jefe del Estado, que para construir mayorías parlamentarias. Las dos Cámaras lograron reunir los dos tercios necesarios como para voltear el veto de Milei a un proyecto que mejora la asistencia del Estado a los discapacitados. Los dos tercios de ambas Cámaras es el requisito constitucional para dejar sin efecto un veto presidencial. Quedó sin efecto. El tema de las personas con discapacidad es especialmente sensible en los tiempos que corren porque fue en la agencia estatal que se ocupa de ellas, cuando la conducía Spagnuolo, donde habrían ocurrido los intercambios de medicamentos por sobornos. La insoportable intolerancia mileista quedó expuesta cuando el senador Luis Juez, que tiene una hija con discapacidad, fue calumniado y ofendido por tropas de tuiteros simpatizantes de Milei. Nada de lo que dijeron esos tuiteros es cierto. Juez fue siempre un padre solidario y cariñoso con su hija Milagros. Juez, que es amigo personal del Presidente, había cometido la herejía de votar a favor de anular el veto de Milei a la ayuda a los discapacitados. Algunos mileistas son liberales estalinistas, porque Stalin injuriaba también a sus aliados cuando se diferenciaban mínimamente del jefe. Nadie podría explicar un oxímoron como es la categoría política de liberales estalinistas, pero no es el primer absurdo (ni será el último) en el que derrapan los mileistas. Guillermo Francos salió en defensa de Juez (también Karina Milei, pero en privado) y, por un momento al menos, el jefe de Gabinete debió tolerar el asedio de los trolls mileistas. Si Francos no existiera, la vida de Javier Milei como Presidente sería mucho más complicada. Francos dejó de intentar construir mayorías legislativas cuando percibió que el Presidente no estaba dispuesto a frenar sus insultos a los legisladores. “Nido de ratas” o “degenerados fiscales” eran los agravios frecuentes del mandatario a los legisladores. ¿Qué puede esperar el Gobierno entonces del Congreso, aunque Milei haya puesto en pausa las palabras agresivas contra sus adversarios? El pasado no se borra. Sea como fuere, el Congreso le anunció que puede tumbar los vetos y, más aún, que podría convertir el sistema presidencialista, que es el que manda en la Argentina, en un gobierno parlamentario de hecho. Un paseo mareante desde la “vetocracia”, que es el poder absoluto del Presidente, hacia el gobierno del Congreso, que significaría la negación del poder presidencial. Ese mismo día, el Senado modificó la ley reglamentaria de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La ley vigente, que reglamenta una disposición de la Constitución agregada en la reforma de 1994, fue una creación de la entonces senadora Cristina Kirchner cuando su marido era presidente de la Nación. Según esa reglamentación, ahora es más fácil rechazar un proyecto de ley que un Decreto de Necesidad y Urgencia, que es una decisión exclusiva del Poder Ejecutivo. ¿La diferencia? Un proyecto de ley debe ser aprobado por las dos Cámaras del Congreso; es rechazado, por lo tanto, si una sola de ellas vota en contra de ese proyecto. El Decreto de Necesidad y Urgencia requiere, en cambio, de la aprobación de una sola Cámara o, dicho de otra manera, solo puede ser rechazado con el voto negativo de las dos Cámaras. La ley de Cristina Kirchner sostenía que si el Congreso no trataba los Decretos de Necesidad y Urgencia durante 10 días hábiles éstos se convertían automáticamente en ley. La modificación del Senado de la semana que pasó fija, al revés, un plazo de 90 días corridos para que el Congreso lo apruebe; si no lo tratara en ese plazo, el DNU quedará sin efecto. Este último cambio había provocado en principio cierta preocupación en círculos políticos y jurídicos porque podía significar que un Decreto de Necesidad y Urgencia no instalara nunca reglas del juego permanentes si corriera el riesgo de caerse en tres meses. Pero el texto aprobado por el Senado señala que no cesarán nunca los derechos adquiridos mientras el decreto haya estado vigente. Atenúa ese riesgo, aunque no lo elimina. La ley de Cristina Kirchner cambió radicalmente, en verdad, el sentido de la incorporación a la Constitución de los Decretos de Necesidad y Urgencia. La reforma de 1994 se propuso amortiguar el poder presidencial con los decretos de urgencia porque ya antes Raúl Alfonsín había creado una moneda nacional, el Austral, mediante un simple decreto, y Carlos Menem usó también un decreto para hacer la más profunda reforma del Estado que se conoce hasta ahora. La señora de Kirchner aprovechó la necesaria ley reglamentaria de ese mandato constitucional para darle más poder al presidente, no menos. Ahora, el cristinismo cambió de opinión porque ni ella ni su marido están al frente del Poder Ejecutivo. La hipocresía del kirchnerismo no puede ocultar la necesidad cierta de eliminar ese poder enorme y excepcional que Cristina Kirchner les dio a los presidentes. Debe precisarse que la aprobación fue solo del Senado y que para que se convierta en ley requiere que la Cámara de Diputados homologue la decisión senatorial. Es probable el voto favorable de la mayoría de los diputados, porque el nuevo proyecto de ley significa devolverle facultades al Congreso que son propias del Poder Legislativo. Hace solo poco más de un año, Milei consiguió mayorías parlamentarias para aprobar Decretos de Necesidad y Urgencia que le daban súper poderes al Presidente en muchísimos rubros. Perdió esas mayorías, obsesionado con el insulto y el desprecio. Ahora está aprendiendo que el camino entre la gloria y el tormento es dolorosamente breve. (*) Esta columna de Opinión de Joaquín Morales Solá fue publicada originalmente en el diario La Nación.
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