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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 07/09/2025 07:12
Tras la decisión del Congreso de revertir el veto presidencial, la norma quedó vigente y deberá aplicarse. Sin embargo, el Gobierno nacional adelantó que recurrirá a la Justicia. “Esto recién empieza”, señaló Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir de Gualeguaychú. Domingo, 7 de Septiembre de 2025, 6:11 Por Lautaro Silvera El Senado de la Nación confirmó el rechazo al veto presidencial que había frenado la Ley de Emergencia en Discapacidad y, de esta manera, la norma quedó ratificada. La decisión fue celebrada por organizaciones, prestadores, familias y personas con discapacidad que llevan más de un año y medio de movilización en todo el país. El avance legislativo significa un alivio parcial para el sector, aunque la incertidumbre se mantiene: el Gobierno nacional adelantó que judicializará la medida, con el argumento de que representa un riesgo para el déficit fiscal. En paralelo, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dispuso suspender momentáneamente las bajas de pensiones mientras dure una auditoría interna, aunque aún no está definido qué ocurrirá con las que ya fueron eliminadas ni con las familias que iniciaron los trámites en los últimos meses. En este contexto, EL ARGENTINO dialogó con Pablo Recchia, presidente de la Fundación Incluir de Gualeguaychú y referente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), para analizar los alcances de esta decisión y los desafíos que se abren hacia adelante. “El Congreso está funcionando” Para Recchia, la votación en el Senado deja un mensaje claro sobre el rol del Poder Legislativo. “La primera reflexión positiva, compartida con muchos colegas, es que el Congreso está funcionando. Después de tanta angustia, nos queda un sabor dulce, porque la institucionalidad respondió a un reclamo que no es sectorial, sino social”, señaló. Desde fines de mayo hasta la fecha, muchas han sido las manifestaciones que fueron presentándose en distintas plazas del país, reclamando el dictamen de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Primero fue exigir que la ley ingrese en las cámaras, llegar al quórum, y luego que se vote a favor. “He observado muchos noticieros y reportajes y digo ‘esta gente; todos juntos ahí, hay que moverse, utilizar el tiempo que para nosotros es vital. Que hay muchos que están ahí con frio manifestándose… Hemos generado leyes, logros que llegaron a la convención de Naciones Unidas, y vemos que se están pisoteando leyes, está tratados internacionales. Es mucho lo que hemos tenido que atravesar en todo este tiempo, que no es de ahora sino de muchos años. Pero nada se compara con el atropello y pisoteo que hemos tenido que soportar con este Gobierno”. Sin embargo, el referente de ASDRA advirtió que el camino no está resuelto: “Esto no terminó en esta semana, recién empieza una nueva etapa. La ley está ratificada, pero necesitamos que se implemente de inmediato. El Gobierno ya no tiene nada más que hacer, tiene que aplicar la norma”. A contraposición de lo que indica los pasos a seguir, el Gobierno pretende judicializar este dictamen de la nueva Ley, poniendo otra instancia más de demoras, trabas, para una nueva Ley que atravesó todas las instancias legales y democráticas. Un año y medio de retrocesos Recchia repasó los meses de conflicto que atravesó el sector: “La lucha que emprendimos en este año y ocho meses nos hizo retroceder en lo que debería ser nuestra tarea diaria. Al principio costaba que la sociedad entendiera la magnitud del problema. Se instaló la idea de que las pensiones eran ‘truchas’ o que todo era corrupción. Pero con el tiempo, la gente empezó a abrir los ojos al ver a personas haciendo colas, contando en los medios su realidad y mostrando que lo que se estaba diciendo no era cierto”. Según explicó, el descrédito inicial hacia los beneficiarios de pensiones por discapacidad fue cambiando gracias a la visibilización. “La gente empezó a entender que no era una trampa. Que nadie puede vivir con el monto de esas pensiones y que lo que estaba en juego era mucho más serio. Fue un trabajo muy duro revertir esa mirada, pero se logró con esfuerzo y con la voz de las propias personas afectadas. Insisto, no estamos hablando de beneficios, sino de derechos que nos corresponden”, subrayó. Auditorías cuestionadas La situación se agravó en los últimos meses con la implementación de auditorías en distintos puntos del país. En Gualeguaychú, por ejemplo, se convocó a beneficiarios en un hotel céntrico para revisar sus certificados. Ahora, la última novedad al respecto de las auditorias es que el Gobierno Nacional suspendió las bajas de las pensiones mientras dure la auditoría en ANDIS. La decisión, que se tomó antes de que el Congreso revirtiera el veto presidencial, estará vigente mientras dure la investigación interna en el organismo. En este sentido, el referente también cuestionó la última medida, ya que todo el trabajo que se hizo, por ejemplo, la semana pasada con las auditorias presenciales hechas en el hotel Aguay, quedan nulas o en “pausa”. “Les pedían el código de discapacidad y les decían que en 20 días los iban a volver a llamar. Ahora todo quedó en pausa, porque se anunció la suspensión de bajas mientras dure la auditoría, pero nadie sabe qué pasará con los trámites ya iniciados. Es una locura, es vergonzoso y perverso”, sostuvo Recchia. En cuanto a las evaluaciones y revisiones sobre los certificados, se han conocido muchos testimonios de casos donde hubo episodios humillantes para muchas personas con discapacidad. “Hubo casos indignantes: exigieron a personas con dificultades motrices que se pusieran de pie, o a familias de chicos con síndrome de Down que presentaran nuevamente un estudio genético que ya no tiene sentido pedir. Eso es aberrante. No hay palabras para describirlo”, denunció. Diferencia entre certificados y pensiones Pablo Recchia remarcó la necesidad de distinguir los certificados de discapacidad de las pensiones no contributivas y de cómo tiene que seguir todo, a pesar de todo el contexto adverso de la actualidad. “El certificado sigue su curso normal: se tramita en los municipios y los equipos interdisciplinarios trabajan con criterios profesionales. Lo complejo son las pensiones, que ahora se califican de acuerdo a la capacidad laboral de la persona. Esa mirada es equivocada, porque no hay personas válidas o inválidas: hay personas con derechos”, afirmó. En este sentido, recordó que el modelo que debe primar es el social y no el médico: “Estamos hablando de sujetos de derecho, no de pacientes. Una persona con discapacidad no pierde su condición de ciudadana porque pueda o no realizar ciertas tareas. Esa confusión es lo que alimenta políticas injustas y discriminatorias”, explicó. Lo que viene La Ley de Emergencia en Discapacidad establece un marco de acción hasta 2026, con un año adicional de gracia hasta 2027. En ese período, el Estado deberá garantizar prestaciones básicas, actualización de aranceles para prestadores y cobertura de obras sociales y prepagas. “Hay gente que no tiene atención ni medicación. Recuperar lo perdido en este año y medio ya es un desafío enorme. El objetivo es volver al punto cero y de ahí avanzar. Necesitamos que los derechos lleguen concretamente a las personas que los requieren”, expresó Recchia. En el plano local, adelantó que habrá reuniones con autoridades municipales para analizar la implementación de la norma. “Más allá de lo nacional, es fundamental trabajar en cada territorio. En Gualeguaychú tenemos instituciones sólidas y un entramado comunitario que puede aportar mucho, pero necesitamos reglas claras. Teníamos pautado una reunión esta semana que pasó con el área de Discapacidad, pero fue suspendida. Tenemos que trabajar para facilitarle los tramites a las personas que necesitan de estos recursos”, señaló. Finalmente, Pablo Recchia insistió a que hay que seguir en alerta, y estudiar todos los pasos que tienen que cumplirse, porque segun lo ocurrido, la Ley ya fue dictada, y queda ver cómo prosigue todo este proceso. “Tenemos que seguir informándonos, leyendo, preguntando y presionando. El único camino es el diálogo con todos los niveles del Estado y el acompañamiento de la ciudadanía. Ayer no terminó nada: empezó una etapa distinta y debemos encararla con claridad y firmeza”, concluyó.
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