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» tn24
Fecha: 05/09/2025 12:41
La Fiscalía de Investigación Penal Nº 1 de Sáenz Peña ha iniciado una investigación tras la detección de una cámara de videovigilancia instalada en una vivienda lindante con la comisaría de Taco Pozo, que apunta directamente a un área sensible de la unidad policial. El fiscal César Collado precisó que las investigaciones buscan determinar si la instalación de este dispositivo afectó el normal funcionamiento del servicio de seguridad pública. El incidente salió a la luz el pasado jueves, cuando se conoció que una cámara fue colocada en una ventana tipo banderola del baño de una vivienda ubicada sobre la calle Belgrano, frente a la comisaría. La propiedad es habitada por el párroco local, José Luis Steerman, quien explicó que el dispositivo fue instalado por un matrimonio que alegó razones de seguridad. Según Steerman, no tenía acceso ni conocimiento sobre quién operaba la cámara, y fue él quien entregó el artefacto a la policía. La investigación se centra en determinar si la cámara, que operaba de forma remota y carecía de memoria interna, pudo haber comprometido la seguridad operativa de la comisaría. «Lo que esta Fiscalía busca determinar es si la instalación de esa cámara afectó o no el normal funcionamiento del servicio de seguridad pública», indicó Collado. «No hablo de espionaje, como se dijo, ese es un término que introdujo la prensa. Lo que nos interesa es si hubo vulneración del accionar policial en una zona operativa», añadió el fiscal. El sacerdote, quien también mencionó que los individuos responsables de la instalación de la cámara tenían conflictos previos con el excomisario Daniel Melchiori, reveló que las mismas personas están involucradas en denuncias previas por incendio, hurto, y amenazas contra la hija del exjefe policial. Además, estas personas habrían grabado un video con la cámara, mostrando al comisario Melchiori en el patio de la comisaría, y difundido recursos judiciales como habeas corpus y restricciones de acercamiento, que según el fiscal, estarían siendo incumplidos. Collado indicó que, por el momento, se está evaluando la afectación real del incidente y el contexto del conflicto entre las partes involucradas. «Nos mantenemos objetivos. Nuestro deber es evaluar si hubo delito y si se comprometió la seguridad pública, más allá de los conflictos personales o institucionales que puedan existir», concluyó el fiscal. La Fiscalía continúa con la revisión de las actuaciones y está considerando la posibilidad de derivar el caso al Juzgado de Paz y Faltas de Taco Pozo, mientras sigue analizando los elementos disponibles para determinar si corresponde tomar medidas adicionales.
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