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Parana » AIM Digital
Fecha: 05/09/2025 11:32
El reciente debate legislativo sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad volvió a colocar en el centro de la escena los mecanismos institucionales que regulan la relación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo: los vetos presidenciales y los decretos de necesidad y urgencia (DNU). Según pudo saber AIM que, de acuerdo con la Constitución Nacional, el presidente tiene la facultad de vetar total o parcialmente una ley aprobada por el Congreso. En esos casos, la norma vuelve a las Cámaras, que pueden insistir con una mayoría especial de dos tercios de los votos. Si alcanzan ese número, la ley queda promulgada de todos modos. En cuanto a los decretos de necesidad y urgencia, constató AIM que su utilización está contemplada en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, pero sólo en circunstancias excepcionales. Estos deben ser revisados por la Comisión Bicameral Permanente y, posteriormente, por ambas Cámaras. En la práctica, su aprobación o rechazo depende de la correlación de fuerzas políticas en el Parlamento. El uso histórico del veto Según información a la que tuvo acceso AIM, desde 1983 a la fecha todos los presidentes han hecho uso de la herramienta del veto. Raúl Alfonsín recurrió a ella en contadas ocasiones, mientras que Carlos Menem la utilizó con mayor frecuencia en un contexto de reformas estructurales. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner se vetó, entre otras, la denominada “Ley de Glaciares” en 2008, aunque luego se aprobó una versión modificada. Mauricio Macri, en tanto, vetó la Ley Antidespidos en 2016, lo que generó un fuerte debate público. El actual gobierno de Javier Milei se encuentra en el centro de la polémica por su decisión de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad, que luego fue rechazada en el Congreso. En ese escenario, el oficialismo ya adelantó que avanzará con la vía judicial para impedir su implementación. Lo que está en juego Los vetos y DNU se han convertido en herramientas clave para los presidentes argentinos en contextos de debilidad parlamentaria. Su utilización genera tensiones recurrentes entre los poderes del Estado y abre el debate sobre los límites del sistema de frenos y contrapesos. En el caso de Milei, distintos sectores cuestionan el uso reiterado de vetos como un recurso para bloquear decisiones legislativas respaldadas por amplias mayorías. La crítica apunta a que, más que una herramienta excepcional, se ha transformado en un instrumento político de confrontación, debilitando la búsqueda de consensos y acentuando la judicialización de la política. Asimismo, juristas advierten que la insistencia en vetar normas vinculadas a derechos sociales sensibles, como la discapacidad, proyecta la imagen de un Ejecutivo inflexible frente a las demandas del Congreso y de la sociedad. Esto reaviva el debate sobre la necesidad de replantear los mecanismos de control institucional frente a un estilo de gobierno basado en el veto y el decreto como estrategias dominantes.
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