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Fecha: 04/09/2025 17:40
El abogado constitucionalista doctor Luis Ayuso habló en el programa La Barra de Casal para analizar en detalle las decisiones adoptadas por la Convención Reformadora Constituyente, que aprobó una serie de modificaciones con fuerte impacto institucional para la provincia de Santa Fe. Entre los principales cambios se destacan Ampliación de la Corte Suprema de Justicia de 5 a 7 miembros. Paridad de género en la composición de la Corte. Creación de la figura del Procurador General, con un mandato de 5 años, reelegible, cuya renovación no coincidirá con la de los gobernadores. Establecimiento de un Ministerio Público de la Acusación (MPA) independiente, con un equipo de fiscales autónomo. Inclusión de la Defensoría del Pueblo y del Tribunal de Cuentas con rango constitucional. Ayuso coincidió en que a pesar de que la reforma fue aprobada por 49 votos a favor y 19 en contra —una mayoría calificada de dos tercios—, la oposición se mostró muy crítica. Los cuestionamientos se centraron en lo que consideran un fortalecimiento excesivo del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, con riesgos de alterar el equilibrio institucional. Consultado sobre si estas modificaciones acercan más derechos al ciudadano común, Ayuso subrayó que la independencia judicial es clave, pero no suficiente. La verdadera garantía para los ciudadanos está en la efectiva tutela de derechos mediante herramientas concretas, como la acción de amparo, que ahora se ajusta más al modelo de la Constitución Nacional. “Podés tener el diseño institucional más maravilloso del mundo, pero lo importante es cómo funciona en la práctica, cómo actúan los operadores del derecho y si realmente hay independencia frente al poder político y económico”, enfatizó el constitucionalista. Uno de los avances destacados es la autonomía lograda por los fiscales nucleados en el MPA. Según Ayuso, esto evita que el Ejecutivo condicione la persecución penal mediante la asignación de recursos: Se garantiza autonomía funcional y se reconoce autarquía financiera, para impedir que la libertad formal quede vacía por falta de presupuesto.
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